UPN tratará de evitar que un etarra llegue al aula: «Un agresor sexual no puede, queremos que un terrorista tampoco»

En declaraciones a este periódico, Ibarrola recuerda que, aunque otras personas con antecedentes ya habían accedido a la docencia, el caso del instituto público tudelano «ha servido de detonante para que la sociedad navarra pueda seguir avanzando».

En cualquier caso, es difícil revertir la interinidad del profesor de Economía del instituto ribero. «No se puede hacer nada con este terrorista para este contrato, pero sí se puede evitar que a partir de ahora tanto él como el resto de condenados por delitos de terrorismo puedan ser contratados y trabajar con menores subvencionado por fondos públicos», asegura. Y resume a ABC: «Un agresor sexual no puede dar clase, queremos que un terrorista tampoco».

Por este motivo, su formación ha registrado dos proposiciones de ley en el Parlamento de Navarra con la petición de que se debatan por lectura única y urgencia: «Si con la Ley actual no se ha podido impedir la contratación de este etarra como profesor interino, a partir de ahora, con la aprobación de nuestras leyes, se podrá hacer».

La primera de ellas establece un nuevo requisito en el Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para ser admitido a pruebas selectivas tanto para puestos fijos como temporales en el Gobierno de Navarra y entidades locales. Dicho requisito consistirá en que para los puestos de trabajo que impliquen contacto habitual con menores de edad se exigirá no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito de terrorismo o de organización o grupo terrorista de los que se incluyen en el Código Penal, teniendo la misma consideración las resoluciones judiciales penales de Estados miembros de la Unión Europea por el mismo tipo de delitos.

«Una persona no puede ejercer como docente ni otras profesiones en contacto estrecho con menores si ha sido condenado por una agresión sexual, lo que nos parece correcto, pero en cambio hoy sí puede hacerlo quien fue condenado por matar a un niño dentro de una organización terrorista. Entenderán que no es de recibo», subraya Ibarrola.

La segunda de las proposiciones de ley pretende modificar la Ley Foral de Subvenciones para evitar subvencionar proyectos y actividades dirigidas a personas menores de edad que conlleven un trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional con niños, niñas o adolescentes, así como, en todo caso, todos aquellos que tengan como destinatarios principales a personas menores de edad, cuando la beneficiaria de la subvención sea una persona condenada por alguno de esos delitos, o cuando lo sea una entidad, empresa o asociación que contrate o subcontrate a una de esas personas para realizar esas actividades o participar en su ejecución.

Ibarrola apela también al resto de formaciones políticas que pueden compartir esta iniciativa, incluidas las que conforman el gobierno. En ese sentido, ha lamentado la actitud del PSN, que «ante nuestra actitud propositiva para resolver un problema que hemos detectado y que preocupa a gran parte de la sociedad navarra nos hemos encontrado con críticas faltando a la verdad». La presidenta regionalista ha recordado que los socialistas dijeron que UPN proponía modificar el Código Penal, cuando nunca se ha afirmado esa intención, y criticaron también que desde 2015 ya existe una norma, pero la cual está pensada para el terrorismo yihadista y «no puede aplicarse ni a este caso ni al de ningún etarra, porque solo se aplica a delitos cometidos a partir de 2015 mientras que ETA cesó su actividad en 2011», ha recordado.

«Para UPN esta es una cuestión fundamental. No vamos a dejar de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no se vuelvan a repetir hechos indeseables como el que se ha vivido en el IES Valle del Ebro y en otros centros educativos de Navarra». La líder de UPN y exalcaldesa de Pamplona que fue desbancada por Joseba Asiron, de Bildu, concluye a ABC que «hay una amplia mayoría de familias en Navarra que estarán más tranquilas si saben que alguien con pasado terrorista tiene vetado el acceso a la docencia».