La universidad pública balear impone el catalán en el 35% de Medicina y Derecho

El nuevo reglamento, aprobado por el consejo de dirección de la UIB este mes de enero, obliga a los profesores a especificar en qué lengua harán sus exposiciones orales, los enunciados de los exámenes y en el resto de pruebas de evaluación de la asignatura, además de indicar la lengua empleada en otros materiales de apoyo o bibliografías. La opción lingüística de las asignaturas de grado no podrá modificarse una vez establecida en la guía docente.

Una vez iniciado el período de matrícula, sólo se podrán realizar cambios en los usos lingüísticos anunciados en casos excepcionales, siempre justificados por la falta de profesores lingüísticamente capacitados y previa autorización del jefe de estudios. De este modo, la universidad pública balear quiere que las carreras «castellanizadas» alcancen el 35% de la docencia en catalán en un plazo de tres años.

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El decanato de la facultad o dirección del centro, en colaboración con los departamentos implicados en la docencia de un determinado estudio de grado, determinará el número de asignaturas-grupo que deberían impartirse en catalán como lengua vehicular para alcanzar el objetivo del 35%.

Serán los departamentos implicados en la docencia de la titulación quienes propondrán medidas para que se cumplan los objetivos propuestos, «asignando la docencia a los profesores de su plantilla con capacidad para impartir las asignaturas en catalán como lengua vehicular».

Fuentes de la UIB reconocen a ABC que esta medida chocaría con el derecho de libertad de cátedra del profesor, por lo que no se podrá obligar a los docentes a hablar en catalán. Sin embargo, por primera vez este reglamento impone un uso mínimo para la lengua catalana en la universidad, lo que supone una presión para los estudios donde se usa habitualmente el castellano. La UIB destaca que este reglamento lingüístico se enmarca en la nueva ley universitaria (LOSU), cuyo artículo 20 del párrafo primero reconoce el fomento de las lenguas cooficiales en la docencia.

Este paso más en la catalanización del ámbito universitario se produce después de que un estudio de la Plataforma per la Llengua levantara la «alarma» sobre la «alta castellanización» y «marginación» del catalán de los estudios de Derecho de la UIB.

El informe de 2021 cifraba en un 21,1 el porcentaje de clases en esta lengua y alertaba de que la presencia del catalán iba disminuyendo progresivamente, del 31% en el segundo curso a un 5% en cuarto. En el caso del Máster de acceso a la abogacía, que es obligatorio para poder ejercer la profesión, «ni siquiera era posible saber qué clases se impartirán en catalán».

La Plataforma per la Llengua argumentaba que «la imposibilidad de poder cursar los estudios universitarios en catalán conllevaba a que los futuros profesionales no estuvieran acostumbrados a utilizar esta lengua y dificultaba la creación de un lenguaje jurídico y de especialización en catalán».

Poco después, la autodenominada ONG del catalán, subvencionada por el Gobierno de Armengol, mandó correos a los profesores de Derecho de la UIB pidiendo que cambiaran de idioma y así evitar la «alta castellanización» de estos estudios. Pero la petición no tuvo mucho éxito. Todo lo contrario, una docente de Derecho les reprendió por su falta de «amplitud de miras».

En su contestación, la profesora les agradeció «enormemente la recomendación» pero les indicó que seguiría usando el castellano, tanto en sus escritos como en sus exposiciones orales «de la mejor manera posible».

«Me gustaría recordarles que nuestro idioma común, el español, es la segunda lengua más estudiada en el mundo por personas que, a diferencia de ustedes, tienen más amplitud de miras […] Les recuerdo también que el idioma está pensado, desde que el hombre es hombre, para facilitar la comunicación entre nosotros, no para discriminar a quienes no hacen un uso de acuerdo con los criterios de algunos que, como ustedes, tienen un concepto del ser humano, de la vida y del mundo muy, muy, muy pequeñito», criticó la profesora de la UIB.

La presión a los docentes de la UIB se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), con el apoyo del Govern de la socialista Francina Armengol, lanzaba en febrero de 2022 la primera campaña de fomento de la lengua catalana en el ámbito judicial para catalanizar la justicia. Como informó ABC, el plan incluía varias actuaciones como la elaboración de carteles en los juzgados para informar a los ciudadanos de sus derechos lingüísticos, en la línea de la Oficina de Derechos Lingüísticos que ya creó el gobierno balear en 2020 para «paliar el dolor de no hablar en catalán».

Además de cursos de terminología específica y un diccionario de léxico para los funcionarios, se puso en marcha un software para traducir de forma automatizada al catalán las sentencias en la gerencia territorial.