La Universidad de Gerona pagó 4.000 euros por una traducción del catalán al español exigida por una exconsejera de Junts

Los hechos se remontan al año 2023 cuando Geis seguía un proceso de estabilización de la plaza que tenía como profesora agregada de Derecho Administrativo en la UdG y que hasta entonces ocupaba de forma interina. La que fue consejera de Investigación y Universidades por Junts en el gobierno de Pere Aragonès (ERC) entre el 26 de mayo de 2021 y el 10 de octubre de 2022, solicitó a la universidad previamente a la prueba poder realizarla en catalán, lengua propia del centro y, junto al castellano, cooficial en Cataluña.

La UdG garantizó que se respetaran «los derechos lingüísticos» de todos los implicados en el proceso, la evaluada, y también los examinadores. Por ese motivo, autorizó a la ex consejera a realizar íntegramente su exposición en catalán y puso, en paralelo y ante su exigencia, un servicio de traducción simultánea para que los miembros del tribunal que no dominan la lengua autonómica pudieran realizar su trabajo con garantías. Sin embargo, el día de la evaluación, tanto antes de la prueba como después, la ex consejera, que fue también vice alcaldesa de Gerona, denunció «reproches» hacia su persona por parte de dos de los examinadores por, según dijo, «ejercer sus derechos lingüísticos».

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La única profesora de la UdG que integraba el tribunal, Maria Mercè Darnaculleta, recriminó a Geis «falta de respeto a la ética universitaria». Le reprochó también que la Universidad hubiera tenido que «hacer frente a un coste de 4.000 euros» por la traducción, y advirtió de que «la opción lingüística de la candidata contradice abiertamente dos principios básicos de la ética universitaria como son los de neutralidad y los de la universalidad».

Por su parte, uno de los examinadores de fuera de Cataluña, Luis Medina, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, defendió que el tribunal estuviera compuesto por miembros de fuera de Cataluña, porque esto demostraba «qué es universidad» y lamentó que, para realizar la evaluación, no se hubiera utilizado un idioma «común». «Quería trasladar a la candidata un pequeño lamento que es que podría haber utilizado un idioma común que es el inglés», apuntó Medina. La transcripción de sus declaraciones consta en el informe que la defensora del pueblo catalana (Síndica de Greuges) realizó a raíz de la denuncia que elevó a este órgano fiscalizador la ex consejera, consultada por este diario.

Gemma Geis dirigió su queja a la defensora, Esther Giménez-Salinas, en abril de 2024. Denunció lo que a su juicio era una «agresión contra sus derechos lingüísticos». En la reclamación, la ex consejera lamentaba los reproches que le realizaron los miembros del tribunal por expresarse «en la lengua propia del centro». La institución emitió un primer escrito al rector de la UdG, Joaquim Salvi, en el que le notificó los detalles de la denuncia de Geis y le pidió que la universidad moviera pieza y ejerciera de mediadora.

«En una situación de asimetría como la que se dio, entre la aspirante y la Comisión, en el momento de expresar los miembros de la misma sus críticas al uso del catalán por parte de la interesada, esta institución entiende que la UdG debería haber sido más proactiva y protectora de los derechos de la aspirante», señaló la Síndica en su escrito dirigido al rector.

«Ante los hechos expuestos, y de acuerdo con lo que esta institución considera que ha de ser un compromiso firme de la Universidad de respeto y defensa de los derechos, así como de garantía de la libertad individual de las personas miembros de la comunidad que la integran, os pido que se intervenga de forma expresa tanto por lo que respecta al caso concreto expuesto, como para evitar que en el futuro se reproduzcan situaciones como la planteada por la interesada», indica Giménez-Salinas en su comunicado dirigido al rector. La institución reclamó también a la universidad que tomara medidas para «eliminar cualquier forma de discriminación», incluida la lingüística, y adoptara «las medidas oportunas para que esto no vuelva a ocurrir».

La UdG decidió no posicionarse apelando a la independencia de la Comisión de Selección y a la libertad de sus miembros para expresarse y manifestarse libremente. La Síndica le envió una nueva misiva en mayo en la que le pedía también que moviera pieza para que los miembros de la Comisión de Selección se disculparan con Geis por la «vulneración de sus derechos lingüísticos». En su respuesta, la UdG negó que hubiera habido «pasividad y permisividad» ante los hechos objeto de la queja y que «pese a las intervenciones, lo cierto es que no se produjo ninguna vulneración de los derechos lingüísticos dado que la doctora Geis pudo hacer uso del catalán sin que ello le supusiera ninguna desigualdad, igual que sucedió con los miembros de la Comisión de Selección, en tanto que dos desconocían la lengua catalana».

En un primer momento, la universidad explicaba que no había tenido ningún conocimiento previo de los hechos, pero la Síndica rebatió que la secretaria general de la universidad estuvo presente durante la evaluación y que era difícil alegar desconocimiento de los hechos ni falta de permisividad. Por otra parte, la Síndica recomendaba a la UdG registrar las pruebas para evitar que se repitan situaciones similares y dejar constancia de cualquier actuación en contra de los derechos de los aspirantes. La universidad replicó que no es una práctica habitual pero que lo trasladaría al vicerrector de Personal para que lo estudiara. Tras varios años de litigio, la institución ha dado el caso por cerrado.

El conflicto llegó a los grupos políticos. PP y Vox criticaron con contundencia la actitud de la consejera y denunciaron su «sectarismo» e «hispanofobia». Pere Lluís Huguet, diputado del PP por Tarragona y presidente Comisión de Universidades en el Parlament de Cataluña, denunció «el fanatismo ideológico» de la ex consejera. «Algunos se empeñan en enfangarlo todo con su fanatismo ideológico. Tenemos un sistema universitario español donde el talento, los conocimientos y las evaluaciones se comparten entre expertos de todas las comunidades autónomas. Y ahora quieren disfrazar de discriminación lingüística lo que no es más que pura ideología política».

«La Universidad de Girona ha tenido que costear la traducción porque la exconsejera de Aragonès se negó a utilizar una lengua oficial en Cataluña, como es el castellano, ante un tribunal compuesto por profesores de diferentes regiones. Una imposición absurda que revela hasta qué punto el independentismo convierte cualquier trámite académico en una trinchera política», apuntó Huguet. «Nada nuevo en la Cataluña de los partidos separatistas: viven políticamente de estos enfrentamientos mientras los problemas de verdad —educación, sanidad, empleo y vivienda— siguen sin resolverse. Esa es su forma de hacer política: sectarismo y victimismo permanente», añade el diputado del PP.

Desde el grupo parlamentario de Vox, el diputado Manuel Acosta, acusó a Geis de «fomentar el enfrentamiento» por cuestiones de lengua. «La polémica artificial creada por la señora Geis no es sino la constatación de que existe una parte de la sociedad catalana cuya única forma de interacción social es la hostilidad y el enfrentamiento», dijo Acosta.

«Estando en un ámbito académico, lo habitual es emplear la lengua común entre la Comisión y la persona evaluada, ya no el castellano, sino que es común realizar defensas de tesis en inglés, francés o la lengua que circunstancialmente se comparta. Pero no, para los talibanes de la lengua catalana, el enfrentamiento está por encima de la comunicación y la política por encima del decoro», añadió el diputado.

A su entender, «estos hechos hablan muy mal de la señora Geis y de todo lo que representa, siendo especialmente lamentable que una persona con tal fanatismo ciego sea responsable de impartir clases en la Universidad, atentando contra el espíritu de la misma. Pero también nos revela a quién sirve una Sindicatura de Greuges incapaz de ponderar estas cuestiones y que se lanza sin ambages a defender el catalán: el catalán por encima de todo, de la razón, de la educación y del sentido común. A esta cerrazón hispanófoba nos enfrentamos».