La UNESCO y la Fundación La Caixa alertan del impacto desigual del cambio climático

El cambio climático no golpea a todos por igual. Esta ha sido la advertencia que ha marcado la presentación del informe ¿Quién asume el coste? en el Palau Macaya de Barcelona, donde la Unesco y la Fundación La Caixa han expuesto con cifras y análisis cómo la emergencia climática está agravando desigualdades estructurales a nivel global.

El estudio proyecta que en 2050 más de 2.500 millones de personas estarán expuestas a condiciones climáticas extremas, incluyendo 239 millones en situación de pobreza extrema. Este escenario plantea un desafío urgente para la comunidad internacional, pues los colectivos más vulnerables son los que menos han contribuido a la crisis y, sin embargo, los más castigados por sus efectos.

Durante la rueda de prensa, Gustavo Merino, director de Políticas Sociales de la Unesco, ha señalado que esta colaboración con la Fundación La Caixa «nace de la convicción de que las soluciones climáticas deben ser justas desde el inicio». Merino ha insistido en que «la equidad no puede ser una nota al pie en las políticas climáticas, debe ser el punto de partida».

El informe muestra también que 3.600 millones de personas viven ya en zonas muy vulnerables, mientras que los países con menor nivel de emisiones históricas —como Chad, Níger o Somalia— enfrentan los mayores riesgos. En contraste, el 10 % de las naciones más ricas concentran casi la mitad de las emisiones globales.

Según el autor principal del informe, Rodolfo Lacy, el calentamiento global «está provocando transformaciones profundas y a menudo imprevistas» en nuestras sociedades. Lacy ha advertido que algunas políticas de mitigación, como los impuestos al carbono o las transiciones energéticas mal gestionadas, están trasladando la carga a quienes menos recursos tienen. «Si la equidad y la justicia no se colocan en el centro de la acción climática», afirma, «nos arriesgamos a agravar aún más las desigualdades existentes y a socavar la estabilidad global».

Una de las aportaciones más destacadas del estudio es la creación de un índice de vulnerabilidad social frente a impactos climáticos físicos, que evalúa la capacidad de respuesta de los países según su nivel de salud, riqueza, desigualdad de género, ruralidad y envejecimiento poblacional. Este instrumento permite anticipar con mayor precisión qué territorios y comunidades necesitan medidas urgentes de adaptación.

El informe también llama la atención sobre las consecuencias sociales y políticas de políticas climáticas mal diseñadas. Las protestas de los «chalecos amarillos» en Francia, las movilizaciones de agricultores en Alemania o los disturbios por los subsidios a los combustibles en países como Ecuador o la India, han sido citados como ejemplos de rechazo social ante medidas que perciben como injustas.

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Para hacer frente a esta situación, el documento propone aumentar el financiamiento climático a 1,3 billones de dólares anuales de aquí a 2035, centrar las estrategias en el Sur global, reforzar la protección social, impulsar programas de reconversión laboral en sectores contaminantes y acelerar la transferencia de tecnología limpia. Todas estas medidas, ha subrayado Lacy, deben guiarse por un principio fundamental: «La justicia climática no puede seguir siendo una aspiración; debe convertirse en el eje de las políticas públicas si queremos evitar un futuro aún más desigual».