Ciudades más verdes, ríos sin barreras y espacios protegidos sanos: la UE acuerda restaurar un 20% de sus tierras para 2030

La ley de Restauración de la Naturaleza forma parte del paquete conocido como «Pacto verde», que es el núcleo del programa de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La idea es frenar la caída de la biodiversidad, para lo cual es necesario reparar los ecosistemas degradados, que hoy suponen el 80% de los hábitats de la UE. El objetivo final es que prácticamente la totalidad mejore de aquí a 2050. Esto supondrá renaturalizar, replantar árboles, ciudades e infraestructuras más verdes o la eliminación de la contaminación.

Sin embargo, durante la tramitación y con elecciones europeas ya a la vista, la principal oposición ha venido del Partido Popular Europeo, que advirtió de que la ley tendría como consecuencia pérdidas económicas desastrosas para los agricultores, pondría en peligro las cadenas de suministro de Europa, aumentaría los precios de los alimentos para los consumidores y obstaculizaría el despliegue de las energías renovables. En el Parlamento Europeo estuvieron cerca de vetar la tramitación de la norma.

Anoche, tras horas de negociaciones, los legisladores del bloque acogieron el acuerdo con satisfacción, aunque algunos críticos señalaron que algunos puntos fueron diluidos. «Podemos estar orgullosos de este resultado histórico que establece normas ambiciosas y viables para todos», declaró en las redes sociales Pascal Canfin, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento.

«Nos ayudará a reconstruir los niveles de biodiversidad entre los Estados miembros y preservar la naturaleza para las futuras generaciones, mientras luchamos contra el cambio climático», afirmó la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La ley estipula que los Estados miembros tomarán medidas para restaurar de cara a 2030 un 30% de los ecosistemas en mal estado, un 60% para 2040 y un 90% para 2050. ¿Qué tipo de medidas se barajan? Las estrategias pueden ser variadas, como eliminar plantas no autóctonas en pastizales, humedales y bosques; rehumedecer turberas drenadas; mejorar la conectividad entre hábitats; detener o reducir el uso de pesticidas y fertilizantes químicos o promover la preservación de la vida silvestre, entre otras.

En cualquier caso, las zonas de la red Natura 2000 que no estén en buen estado deberán ser las de actuación prioritaria. Así lo hará España, reconocen fuentes ministeriales sin dar más detalles, aunque en esa lista podrían figurar espacios como Doñana, el mar Menor o las Tablas de Daimiel.

La priorización de la red Natura fue una de las cesiones necesarias para que la normativa incluyera todos los ecosistemas de la UE. Un texto que, según el Partido Popular Europeo, incluye «notables mejoras», entre ellas la eliminación del requisito «de renaturalizar un 10% de las tierras agrícolas». Además, se introdujo la posibilidad de pausar la implementación de la legislación en estos terrenos durante un año, el llamado «freno de emergencia», si la seguridad alimentaria o la producción se ven amenazadas.

No obstante, el texto requiere que los estados miembros implementen medidas destinadas a lograr tendencias crecientes de biodiversidad, que serán medidas en indicadores como una mayor presencia de mariposas, más paisajes de alta diversidad o mayores reservas de carbono orgánico en el suelo.

La restauración de las turberas será voluntaria para los agricultores y el proyecto de ley tampoco se aplicará a proyectos renovables ni a obras de infraestructura clave, según el PPE.

La asociación de agricultores COAG explica a este periódico que esperará a ver la letra pequeña del acuerdo antes de emitir su valoración. Las principales organizaciones ecologistas españolas criticaron, en cambio, en un comunicado que el texto final «ha diluido considerablemente la ambición de la propuesta original» y calificaron de «decepcionante» las «numerosas excepciones incluidas y la excesiva flexibilidad en cuanto a las obligaciones de los Estados miembros, que podría llevar a la inacción».

«Aunque no esté escrito en la ley, vamos a tener que cambiar la agricultura. Nos va a obligar el cambio climático», explica Celia Ojeda, responsable de biodiversidad de Greenpeace, quien apunta que empezar por áreas degradadas de la red Natura 2000 tiene ventajas (están ya identificadas, tienen órganos de gestión propios, están poco intervenidas y son importantes sumideros de carbono). Después vendrán otras zonas: ríos, zonas de polinizadores que habrá que definir, ciudades...

Porque el acuerdo también introduce requisitos para revertir la disminución de polinizadores antes de 2030; la eliminación de barreras artificiales en ríos con el fin de lograr al menos 25.000 km de flujo libre y, para los ecosistemas urbanos, una tendencia creciente de áreas verdes. Además, se insta a la plantación de al menos tres mil millones de árboles para 2030.

Pese a todo, el trílogo no es la fase final de esta norma, que debe pasar de nuevo por una votación en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo y el Pleno, y necesitará la aprobación final del Consejo. Después, cada país elaborará su plan.