Los jueces ordenan demoler la parte inacabada de la Marina Isla de Valdecañas
La Junta anuncia que recurrirá la decisión del TSJ de Extremadura, que afecta al segundo hotel planificado y al resto de viviendas que se iban a construir. Los propietarios, en cambio, descartan el recurso
Valdecañas, el paraíso extremeño amenazado por el derribo: «Si lo tiran, esto volverá a ser un basurero»
Todos los edificios a medio construir de la conocida como la 'Marbella extremeña', oficialmente la Marina Isla de Valdecañas (Cáceres), tendrán que ser demolidos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dictado un auto en el ... que confirma la restitución parcial del complejo de lujo que en su momento cumbre llegó a atraer el interés de los Aznar-Botella, Beltrán Gómez-Acebo o Jaime López Ibor, entre otros.
Esta decisión forma parte de un largo e intrincado proceso judicial que dura ya 17 años. Comenzó con la denuncia de Ecologistas en Acción en contra de un proyecto que iba a tener 565 villas, dos hoteles, campo de golf, zona de piscinas y una playa artificial. El grupo ambientalista alegaba que se encontraba en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Cuando la denuncia escaló en los tribunales, estos paralizaron la construcción, que ya estaba a la mitad. Finalmente, en 2022 el Supremo decretó el derribo de todo el complejo, pero el Constitucional admitió el pasado junio la paralización cautelar del derribo de los edificios terminados. Alegó que, en caso de salir adelante los recursos de amparo presentados por los propietarios, la demolición podría causar daños irreparables.
Ahora el TSJ de Extremadura recuerda que el auto del Constitucional solo suspendía la ejecución de la demolición de una parte del complejo. «No estando suspendida el resto de la ejecución, procede continuar la misma», dice el texto.
Es decir, por ahora se salva un tercio de la isla: 185 villas, el hotel 4 estrellas, el campo de golf y demás instalaciones terminadas que siguen pendientes de la decisión del Constitucional. Pero el segundo hotel planificado y el resto de viviendas que se iban a construir deberán ser demolidos. También las viviendas terminadas que sirven de oficina de la promotora y de piso piloto, salvo, en el caso de estas últimas, que por razones de colindancia pudieran afectar a la seguridad de otras viviendas.
Además, la Junta de Extremadura no deberá limitarse a destruir, sino que las obras deberán dar lugar a la «reposición del terreno» a un estado que permita la regeneración «de bosque mediterráneo» y suponga un claro beneficio para la flora y la fauna de la Zona de Especial Protección de Aves.
«Este auto no cambia nada. Era absolutamente previsible», interpreta el abogado de los propietarios, Luis Díaz-Ambrona. «Solo confirma lo que ha dicho el Constitucional».
Recurso de la Junta
El auto da un plazo de seis meses a la Junta de Extremadura para aprobar un plan de trabajo y comenzar las adjudicaciones. Sin embargo, la comunidad ha anunciado que recurrirá la sentencia. En un comunicado, el Ejecutivo regional asegura que «va a explorar todas las posibilidades para frenar la demolición» del complejo. «La ejecución de la demolición tendría consecuencias nefastas para la región», añade.
Por su parte, el abogado de Ecologistas en Acción, José María Trillo-Figueroa, asegura que la decisión por parte de la Junta «solo pretende más dilaciones en el procedimiento y la ejecución de la sentencia» y que por tanto es de una «manifiesta mala fe procesal». El abogado también augura un escaso recorrido judicial al recurso, que recalaría en el Tribunal Supremo, partidario de la demolición del resort. En este punto coincide con Díaz-Ambroda: «Entiendo que la Junta lo recurra, pero a mi criterio no tiene ningún recorrido. Los propietarios no lo vamos a recurrir, no nos afecta».
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