Más de tres millones de hogares quedan «por debajo del umbral de la pobreza severa» tras cubrir sus gastos de vivienda y suministros básicos

«Desde la aparición del impactante tsunami que desencadenó la pandemia de COVID-19, cuyas consecuencias abarcaron tanto la esfera social como la económica, junto con su inmenso coste en términos de salud, diversos eventos han continuado azotando a las familias y sus economías. Desafíos como el conflicto en Ucrania, el aumento en los costes de los suministros energéticos o la crisis inflacionaria, persisten en poner a prueba la capacidad de los hogares para hacer frente a gastos esenciales como la alimentación y la vivienda», ha afirmado Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas Española, en la presentación de este estudio.

De hecho, el informe destaca que «si bien es alentador que los ingresos en España hayan experimentado un incremento del 11% desde 2008, lo cierto es que el contexto inflacionario de los últimos meses ha provocado que los gastos familiares hayan aumentado en un 30%». Una realidad que afecta de manera más directa a los hogares más humildes, «ya que el incremento de ingresos en estas familias ha sido prácticamente inexistente (0,5%)».

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En este contexto, el «factor vivienda» es determinante en el desequilibrio de la ecuación «ingresos menos gastos». Según el último dato de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (2022), recogido en el estudio de Cáritas, el número de familias que no pudieron mantener su vivienda a una temperatura adecuada aumentó un 189% con respecto a 2008. En concreto, el gasto en electricidad aumentó un 82%, mientras que en el caso de los combustibles líquidos para el suministro de calefacciones fue del 180%.

A ello se une el aumento del esfuerzo que debe hacer una familia para adquirir un techo donde vivir. Según han apuntado hoy son necesarios 7,7 años de renta bruta anual para comprar una vivienda frente a los 2,9 años que eran necesarios en 1987. «No solo se necesitan más años, sino que, en la mayoría de los casos, los ingresos se conforman desde diversas fuentes, ya que hay muchos más hogares que cuentan con más de dos aportes gracias a la incorporación de la mujer al mercado laboral», ha explicado Daniel Rodríguez, sociólogo de la Fundación Foessa.

Unas condiciones que han llevado a las familias más humildes a improvisar «fórmulas para subsistir» como el subarriendo de habitaciones (que se da en más de 1,2 hogares españoles, o el incremento de personas que residen «en viviendas inseguras» como pisos compartidos, cedidos sin contrato en vigor o en situación de desahucio (un 23% de la población en 2021, más de 4,2 millones de hogares). De forma paralela también ha aumentado el número de familias que habitan viviendas que no cumplen las condiciones mínimas dignas para la vida cotidiana, una cifra que ha pasado del 25% en 2018 al 30% en 202, lo que implica a(5,6 millones de familias.

«Nos encontramos, por tanto, con muchas familias que se enfrentan a una especie de dilema insuperable: la difícil elección entre vivir en condiciones no dignas, como compartir espacios reducidos, lidiar con el hacinamiento y soportar malas condiciones de vida, o, por otro lado, enfrentar una asfixia económica marcada por un estrés financiero abrumador, que a su vez puede afectar gravemente la salud, especialmente la salud mental», ha sentenciado Daniel Rodríguez.

Frente a ello, Cáritas considera necesario que se lleven adelante «acciones concretas y efectivas de intervención para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada», como ampliar el número de viviendas sociales en alquiler e incrementar el número de viviendas de emergencia. También hace un llamamiento a «planificar y coordinar políticas de empleo focalizadas en los colectivos con un acceso más complicado al mercado laboral y que tenga en cuenta la situación personal y familiar de la persona trabajadora, facilitando la conciliación».

Otras propuestas pasan por «abordar la precariedad laboral desde una perspectiva integral», «realizar los cambios legislativos necesarios para que las trabajadoras del hogar, en su gran mayoría, mujeres, alcancen una equiparación plena de derechos laborales y de seguridad social» y «establecer un sistema de garantía de ingresos mínimos con cobertura suficiente, alcanzando al conjunto de la población en situación de pobreza severa, incluidas las personas en situación administrativa irregular». Un sistema de garantía de ingresos mínimos en el que «estén de acuerdo tanto a los precios reales y al coste de la vida, como a la composición familiar». Para ello, Cáritas reclama «el compromiso tanto del Estado central como de las autonomías».