Trece organizaciones feministas de España denuncian ante la ONU que la ley Trans permite que maltratadores acosen a mujeres

Desde esa fecha señalada que sí fue importante para el colectivo de transexuales en España, pocos datos han trascendido que sirvan para componer una foto real de lo que ha sucedido en este primer año de ley. A la pregunta de un informador en un acto fuera de la agenda del ministerio en Valladolid, la titular de Igualdad, Ana Redondo, dio una cifra aislada. Se han producido 5.100 «cambios de género» en el primer año de ley, dijo el pasado 7 de marzo. No hubo desglose por sexo, edad o autonomía.

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Trece días después, la titular socialista ponía sordina en los pasillos del Congreso al escándalo denunciado por la Consejería madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales: seis maltratadores habían cambiado su sexo registral y al menos tres se habían colado por las evidentes rendijas que deja la ley. La intención que sospechaban los trabajadores de centros de atención a víctimas de violencia machista era que lo habían hecho con la única intención de acercarse a sus exparejas. Y violentarlas. Redondo garantizó que se investigará, aunque objetó que «no se puede hacer causa de unos casos aislados».

Ayer fueron algunas entidades que se dedican a la atención directa de mujeres maltratadas, amén de otras de corte político o jurídico, las que se dirigieron por carta a la relatora especial de la ONU sobre Violencia contra las Mujeres y las Niñas, la jordana Reem Alsalem, para decirle que la norma está permitiendo eludir la ley de violencia de género (ley 1/2004). Denuncian «el oscurantismo» del Gobierno y le cuentan a Alsalem las grietas detectadas en la norma. Como las siguientes:

No es la primera carta que envían a Alsalem organizaciones feministas españolas como Mujeres Juristas Themis, Contra el Borrado, la Asociación Española de Feministas Socialistas, desgajada del PSOE en 2022, la Fundación Mujeres y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Anteriormente 60 plataformas españolas se unieron a las de 17 países para protestar por el nombramiento de una embajadora trans como representante de Reino Unido.

Entre las firmantes de esta segunda carta se encuentra la Federación de Mujeres Progresistas que esta tarde se ha reunido con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. De Interior se quejan ante la ONU que no ha facilitado el impacto de la norma en ámbitos tan delicados como el penitenciario. El pasado verano, tras la fiebre detectada por el cambio de sexo entre los reos y algunos incidentes derivados, Instituciones Penitenciarias rebajó ese furor y señaló que desde la entrada en vigor de la ley solo había cuatro presos más en los 81 penales nacionales que lo habían solicitado. Eran 79 en febrero, 83 en septiembre.

En su carta las trece organizaciones escriben: «Estamos documentando la variada casuística que demuestra cómo la autodeterminación registral de sexo está sirviendo a varones maltratadores sentenciados y otros delincuentes para vulnerar los derechos, libertades y seguridad de mujeres víctimas de violencia de género y mujeres presas en contextos de alto riesgo, inseguridad y hermetismo».

A pesar de que han solicitado a los ministerios de Justicia e Interior datos que permitan «conocer la situación real generada por el ficcionado jurídico del sexo registral», censuran que estos departamentos mantienen una opacidad «contraria al derecho al acceso a la información pública». Se ignora el resultado de la ley en el ámbito penitenciario, pero también en otros como el educativo y sanitario, por ejemplo.

Para estas asociaciones, ahora es demasiado fácil dejar al descubierto a las mujeres. La ley Trans las desprotege, alegan. Y en consecuencia critican la tibia contestación ofrecida por Redondo al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, tras su alerta por el efecto perverso que estaba detectando: «Igualdad no da respuesta. En algunos de los casos identificados en Madrid hubo agresiones del hombre a la mujer y se produjeron después del cambio registral de sexo» de él.

Los seis varones estaban registrados en el sistema policial de vigilancia VioGén. Las feministas creen que la ley Trans contradice la ley de Violencia de Género; una norma «desactiva a la otra».

Mencionan en su misiva los 37 casos detectados en Ceuta de funcionarios que cambiaron de sexo para beneficiarse (en términos de discriminación positiva) de procesos de oposición y promociones internas. «Se han documentado casos de varones transidentificados que conservan su nombre de pila y aspecto y exigen participar como “mujeres”» en esos concursos, detallan. Son policías y militares integrantes de la llamada asociación Trans No Normativos, que «se han amparado en esta norma para reclamar acceso a espacios de uso reservados para mujeres (baños, duchas, habitaciones y enfermerías en los acuartelamientos)».