Técnicos de Emergencias señalan a Marlaska por la gestión de la DANA: «Tuvo que haber actuado»
La ley del Sistema Nacional de Protección Civil es clara sobre cómo la Emergencia Nacional pudo haber sido declarada por el ministro del Interior 'motu proprio' o a instancias del gobierno autonómico o la delegada del Gobierno en la Comunidad
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Iniciar sesiónEl ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, justificó el martes al Gobierno de Pedro Sánchez (y más específicamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska) por no haber decretado la emergencia nacional por la DANA que asoló la Comunidad Valenciana. Sus argumentos fueron, ... de un lado, que era algo que «no había sucedido jamás» y que «la historia está para aprender de ella». De otro, que aquella decisión supondría actuar «por imposición y en contra de la Generalitat» pues «quien conoce el territorio son los alcaldes y alcaldesas, así como los responsables técnicos municipales».
Además, fuentes gubernamentales habían insistido desde el primer día en que haber declarado el nivel 3 de emergencia habría sido como «aplicar el artículo 155 de la Constitución».
El cruce de acusaciones entre el Gobierno y la oposición ha sido constante en las dos últimas semanas, sin embargo, la normativa de Protección Civil (la ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil) es clara al respecto. «Pero, ¿cómo que un 155? Decir eso es una barbaridad. No se puede hablar de imposición, puesto que si se declara la emergencia de interés nacional el gobierno autonómico continúa al mando, salvo que las operaciones de búsqueda, rescate y atención a las víctimas las coordina la UME (Unidad Militar de Emergencia), así de sencillo», explica Jesús Miranda, que es director de la Cátedra de Emergencias de la Universidad de Málaga.
La ley, decíamos, no da margen a interpretaciones en su normativa de Protección Civil. «Corresponderá la declaración de emergencia de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las Comunidades Autónomas o de los delegados del Gobierno en las mismas», dice en su artículo 29. Cabe tener en cuenta, por tanto, que Marlaska pudo haber declarado el siguiente nivel de emergencia 'motu proprio' o también a instancias de su delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
«No es una cuestión política o de gobernanza, sino una respuesta de carácter operativo»
«Además, es importante señalar que la que se vivió en Valencia fue una emergencia nacional de manual: con más de una comunidad afectada y por las dimensiones de la catástrofe. La ley está pensada para un evento así», anticipa Miranda. Este experto en Emergencias afirma que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «tuvo que haber actuado»: «No hablamos de cuestiones de carácter político o de gobernanza, sino de una respuesta de carácter operativo. Los técnicos de Protección Civil son los que realmente saben cómo distribuir los medios para realizar labores de limpieza o, por ejemplo, de distribución de los alimentos».
Blas Castrillo, que es presidente de la Aneppce, la Asociación Nacional de Especialistas Profesionales en Protección Civil y Emergencias abunda sobre esta idea. «El error en toda esta situación está en que probablemente si la decisión de pasar al nivel 3 de emergencia la hubiera tenido que tomar un técnico y no un político, se hubiera declarado inmediatamente. Pero lo que vemos es que hay motivaciones políticas, algunas se nos escapan y va a ser difícil que se vayan a aclarar en algún momento. No sabemos si lo que realmente ocurrió es que la Comunidad Autónoma no quiso reconocer que se vio superada o que el Gobierno no tenía interés en intervenir en una comunidad con un signo político del partido de la oposición», considera Castrillo.
Virginia Barcones, otra gran ausente
Miranda, por su parte, insiste en el papel ausente del Ministerio del Interior en toda esta tragedia y, además de a Marlaska señala a Virginia Barcones, la directora general de Protección Civil y Emergencias: «Nadie ha visto a Barcones informando en ningún medio de comunicación ni sobre el terreno. Ha brillado por su ausencia en una emergencia de este calibre, lo cual es increíble. Los técnicos no lo han entendido en absoluto».
El martes, Torres también negó la vía del Estado de Alarma: «No tenía ninguna lógica porque ¿a quién íbamos a restringir el movimiento? ¿A las fuerzas y cuerpos de seguridad? ¿A los voluntarios?», dijo. Castrillo indica que para eso, precisamente, está la emergencia nacional: «Ha cundido la idea de que el sistema de Protección Civil se puede activar o no, según se quiera. Es una idea poco acertada».
Desde la Asociación Nacional de Especialistas Profesionales en Protección Civil y Emergencias han publicado un informe estos días en el que proponen modificar el Estado de Alarma, para que no afecte a los derechos civiles: «Mientras sean los políticos los que tienen que pasar de un nivel de emergencia a otro, el sistema seguirá fallando. La norma es clara, pero ni se aplica ni se interpreta correctamente», zanja este técnico superior en Protección Civil y Emergencias.
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