Un técnico del Gobierno asturiano reconoce una «actuación clandestina» en el accidente de la mina de Cerredo: «Nos han tomado el pelo»

El funcionario, con 35 años de experiencia en el sector y uno de los responsables de las inspecciones, ha explicado que la empresa Blue Solving desplegó una «estrategia de ocultación que tiene dos vertientes. Una era situar estas labores en zonas con un acceso que echa para atrás al actuario, al que no le puedo decir que se meta en cualquier sitio». Y sobre ello descargó toda la responsabilidad en el director facultativo: «Hay una connivencia de la dirección facultativa y el personal, no diré si también de los trabajadores, no lo sé». De esta forma, concluía, «si quieren ocultar una labor te la ocultan, tú no vas a verla, avises o no avises de la inspección». «Si la dirección facultativa no quiere que te enteres, no te enteras», ha concluido.

Berjano ha admitido haber participado en una reunión con los responsables de la concesión, el 6 de marzo de este año, unas semanas antes del accidente. Aunque el orden del día fue más administrativo que técnico, pues trataba de subsanar las deficiencias en el proceso de transmisión de la concesión. Originalmente los derechos sobre la mina los tenía la empresa Combayl, detrás de la que se encuentra el empresario minero Jesús Manuel Rodríguez Morán, 'Chus Mirantes', aunque al estar inhabilitado, la compañía estaba a nombre de su mujer.

Para autorizar la explotación de Cerredo, con el visto bueno a un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para extraer 60.000 toneladas de carbón en dos años, el Principado permitió que el yacimiento pasara a la empresa Blue Solving, a nombre del hijo de Rodríguez Morán, sin apenas capital social ni empleados, a la que exigió una fianza de tres millones de euros para comenzar las tareas. En paralelo, el Instituto para la Transición Justa, presidido entonces por la actual ministra Sara Aagesen, le concedía una subvención de cerca de un millón de euros.

Cuando ocurrió la explosión, los actuarios llevaban seis meses sin inspeccionar la zona y hacía tres meses que había vencido el plazo para depositar la fianza. Según ha explicado en la comisión, el 6 de marzo Berjano se reunió con 'Chus Mirantes' y su hijo, en la consejería. «Veíamos que los proyectos no marchaban y no habían depositado la fianza y queríamos saber qué pasaba, ver sus intenciones. Ellos seguían en sus trece, decían que iban a hacerlo, que quizás el pago se pudiera fraccionar». «Ahora, pensando que estaban sacando carbón de forma clandestina y estábamos sentados con ellos, hace que se me revuelvan las entrañas», ha reconocido, con cierto tono exculpatorio.

La reunión concluyó sin que la empresa asumiera la fianza, aunque no tuvo ninguna repercusión y los trabajos en la mina continuaron con normalidad. De hecho, Berjano también ha desvelado que unos meses después del accidente Blue Solving solicitó permiso para retomar su actividad en la mina, pero que se le denegó «en tanto no acabe la investigación en curso».

El accidente de marzo, que costó la vida a cinco mineros, era el segundo que se producía en Cerredo. El primero, en 2022, cuando la titularidad de la mina recaía en Combayl, supuso la muerte de un trabajador y dejó a otro mutilado, por el accidente de un camión que presentaba varias averías y transportaba carbón extraído ilegalmente. En la comisión Berjano ha contado que, pese a que estaba de vacaciones, se personó ese día en la mina. Aquel incidente supuso «una sanción que la empresa pagó», ha afirmado. En este caso fueron 20.000 euros que la empresa pudo reducir al acogerse al pronto pago. Berjano ha reconocido que este tipo de multas «son escasas, quizás haya que revisar la ley, pero es la Ley de Minas, que es estatal, y es complicado, aunque bueno, nosotros tenemos una ley autonómica de infracciones y sanciones, el caso es que eso quedó cerrado».

Sobre el segundo accidente, Berjano, que realizó inspecciones en la mina de Cerredo y es miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de la Comisión especial de investigación de Blue Solving, ha reconocido «una confusión muy grande desde el primer momento entre lo que es un permiso de investigación y un proyecto«.

Ha relatado cómo el día 8 de abril (más de una semana después) se realiza la primera visita a la mina orientada a esclarecer e investigar el accidente, y ha destacado que el Servicio de Minas se quedó «perplejo». «Resulta que está la policía judicial, está el fiscal, nos parece muy bien, pero bueno, pues el Servicio de Minas queda relegado a la última posición», dijo Berjano.

Ha seguido relatando que cuando ellos acceden al lugar del accidente, «cuya inspección es muy escrupulosa, aquello parecía el 'prau' de la romería porque ya pasaron cuatro grupos por delante». Ha indicado que en esta primera entrada se aprecia que existen dos huecos en los cuales se ha realizado una extracción de carbón y ha explicado además que la explotación estaba en malas condiciones, «sin ningún tipo de sistema de ventilación general» y con zonas que «se caen a cachos».

«La mina está en unas condiciones que no tienen nada que ver con lo que es una mina. Y en ella, pues hay que tener en cuenta estas dos cuestiones: que vas a estar con un riesgo de hundimiento y vas a estar con un riesgo de encontrarte con atmósferas explosivas», ha afirmado. Sobre la maquinaria que se encontraron ha explicado que se corresponde con la necesaria para la actividad de extracción de carbón, como los martillos compresores.