Los sindicatos dan un ultimátum a Mónica García ante el «retroceso histórico» de su Estatuto Marco

A estas críticas se suman las de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos —los convocantes, junto al Sindicato Médico Andaluz, de la huelga del 3 de octubre— que aseguran que la última versión de Sanidad es «un insulto» a la profesión, pues retira algunos de los cambios que se habían introducido tras la presión del colectivo, como la exigencia de que la hora de guardia no se pueda retribuir por debajo de la hora ordinaria. «Suprime derechos y garantías de los que debería beneficiarse el conjunto de los trabajadores de la sanidad pública», aseguran, y añaden aspectos como la eliminación de la obligación de los servicios de salud de establecer «ratios adecuadas» de profesionales, del derecho de los trabajadores a un Plan de Conciliación o del derecho a negociar el régimen de vacaciones en las mesas sectoriales.

El Ministerio de Sanidad, tras la denuncia de los médicos, envió a los medios de comunicación un comunicado en el que negaba que se hubieran eliminado del texto algunos de esos puntos, como el plan de conciliación. Sin embargo, sí reconocía que su última versión no incluye el establecimiento de la retribución de la hora de guardia, pues «es competencia autonómica» e «imponer mínimos retributivos desde el Estado podría generar conflictos de competencias», justifica.

Pero el conflicto se amplía también a los sindicatos presentes en el ámbito de negociación y con los que la relación, hasta hace pocos meses, había sido más cordial. El ministerio ha hecho llegar a CSIF, UGT, CCOO, el sindicato de enfermería Satse, y CIG-Saúde el texto en el que, según el departamento de Mónica García, se han añadido los cambios consensuados con las comunidades autónomas. Tras la reunión mantenida este martes, las organizaciones denuncian que en esta última versión el proyecto «ha quedado desvirtuado y reducido a un documento vacío», con «carencias fundamentales» sobre las que aseguran ya habían advertido e «incapaz de garantizar derechos ni de mejorar las condiciones laborales» en el sistema sanitario.

Las modificaciones que se han hecho en el texto, critican las organizaciones en un comunicado conjunto, suponen «un retroceso histórico»: «Se abre la puerta a que cada autonomía regule de forma unilateral aspectos esenciales de las relaciones laborales, limitando incluso el papel de las propias mesas sectoriales autonómicas», dicen.

Y advierten a Mónica García que si el ministerio no corrige «la deriva actual» del texto, las organizaciones intensificarán las movilizaciones que ya anunciaron recientemente. Sobre estas, además de concentraciones en los centros sanitarios, planteaban otras como manifestaciones e incluso huelgas.

Los sindicatos tachan de «inaceptable» que el ministerio «renuncie a liderar» una norma que establezca criterios comunes en toda España en un momento marcado por el déficit de profesionales en la sanidad pública, la sobrecarga asistencial y la precariedad del personal, dicen. Y avisan de que el Estatuto Marco tal como se plantea actualmente puede derivar en «desigualdades inaceptables» en la atención sanitaria según la comunidad en la que se resida. «Con su redacción actual, se convierte en una mera declaración sin fuerza normativa, sin garantías de negociación real y sin capacidad para mejorar las condiciones de trabajo», lamentan.

Fuentes del PP critican que García «quiera arrojar el problema de la reforma del Estatuto Marco que ella misma ha creado a las comunidades autónomas. Insisten los populares en que la norma debería ir acompañada de una memoria técnica, jurídica y económica y de un presupuesto «para que las mejoras para los profesionales se puedan hacer realidad y no se queden en papel mojado». El partido, precisan las mismas fuentes, está a favor de una reforma seria del Estatuto Marco, «que se haga desde la lealtad institucional, el compromiso, el diálogo y el rigor».