Armengol ignoró seis informes internos del Gobierno que reconocen que el catalán «dificulta aún más» tener médicos

La alarma de los responsables de Salud se recoge en hasta seis informes internos, a los que ha tenido acceso ABC, en los que se exponen unas conclusiones «muy preocupantes» en un sistema de salud con una «imposibilidad manifiesta» para cubrir puestos de trabajo «en todas las especialidades». Los dirigentes sanitarios subrayan que el requisito lingüístico es una de las causas del déficit de médicos y enfermeras y piden su exención, contradiciendo así a la dirigente socialista, que se alineaba con sus socios nacionalistas en materia lingüística.

El primer informe, del 1 octubre de 2021, rubricado por el director de gestión y presupuestos, Manuel Palomino, acreditaba que el déficit de personal, «unido a la exigencia de un determinado nivel de conocimientos de catalán en cada categoría profesional, dificultaba aún más captar profesionales cualificados y consolidar la ocupación fija«.

En esas mismas fechas, Armengol expedientaba a una doctora que atendió en castellano a una paciente catalanohablante, y anunciaba que actuaría ante cualquier sanitario denunciado por motivos lingüísticos. Paralelamente, ordenó quitar todos los carteles escritos sólo en castellano porque quería que estuvieran al menos en catalán.

La expresidenta fue dando más cancha a las exigencias de los nacionalistas. Primero expedientando a médicos, y más tarde cambiando las bases del concurso de estabilización de interinos del IB-Salut para exigir el catalán a la gran mayoría de aspirantes, en contra de los informes internos que le advertían de las «debilidades y desventajas« en el sistema sanitario y le recomendaban «postergar todas las medidas que pudieran dificultar la prestación de la asistencia sanitaria».

En estos informes se alertó de que el requisito del catalán colisionaba de lleno con la preceptiva libre circulación de profesionales del sistema nacional de salud y se insistía en que había que usar todos los «mecanismos necesarios» para conseguir profesionales sanitarios suficientes, señalando que era «especialmente relevante» para tener médicos y enfermeras «la exención de los requisitos del catalán», contemplada en la disposición transitoria de la Ley 4/2016.

Esta ley fue aprobada por Armengol en 2016 para exigir el catalán como requisito a todos los empleados públicos. Posteriormente, se desarrolló con el polémico decreto, en 2018, que convirtió a Baleares en la primera comunidad autónoma en imponer el requisito lingüístico a los sanitarios. Esta exigencia provocó el éxodo de la única neuropediatra de Ibiza y otros especialistas a otras regiones. La respuesta del Gobierno de Armengol fue que «por cada médico que se iba llegaban ocho más». Tras el 28-M, una de las primeras medidas del ejecutivo de Marga Prohens ha sido cambiar la Ley de Armengol de función pública para que ningún trabajador con funciones sanitarias tenga que acreditar el título de catalán, y poner la «alfombra roja» a todos los sanitarios.

El primer informe de Palomino sostenía que la exención del catalán era la medida más «relevante» para luchar contra el déficit de sanitarios, pero Salud elaboró otros tres para prorrogar esta medida. En concreto, el 1 de diciembre se emitió un segundo escrito solicitando esta «necesidad» en todas las convocatorias de selección de personal temporal de movilidad de los grupos A1 y A2, médicos y enfermeras. Dijo que era «conveniente» ante el «grave déficit de profesionales» y para afrontar la «sexta ola de la pandemia del coronavirus».

En este informe se reconoce la exigencia del catalán como el segundo de los cuatro principales problemas del Servicio balear de Salud, por detrás de la insuficiencia del personal temporal (con las bolsas de trabajo agotadas).

«La exigencia de conocimientos de la lengua catalana dificulta o impide la contratación de personal proveniente de otras comunidades autónomas», alertaba el informe, que también incluía el alto coste de la insularidad y el incremento de la población entre las principales «características de la situación actual». La exención se hizo por tres meses y, aun así, Salud creía que podía resultar «insuficiente» en Ibiza, donde sería necesario extenderla a otras categorías sanitarias.

El 25 de febrero de 2022 se volvió a emitir un informe justificando una prórroga de tres meses -de marzo a junio- «si las circunstancias lo aconsejaban». Palomino la aplicó a los concursos de traslados, jefaturas, comisiones de servicio y promociones internas. El 18 de mayo de 2022 se hizo un tercer informe para ampliar la prórroga del periodo de exención del catalán, esta vez hasta el 31 de enero de 2023.

Pese a todo, la entonces consellera Patricia Gómez manifestaba que «no había dejado de venir ni un solo médico por la exigencia del catalán; ni se ha marchado uno solo por la exigencia del catalán». Así de «tajante», afirmaba que «el catalán no ha sido un problema nunca, y cuando digo nunca es nunca».

Cuatro meses después de estas declaraciones, el 21 de noviembre de 2022, Salud dictó el cuarto informe explicando que la situación de grave déficit de personal estatutario sanitario «no había variado y se mantenía». Por eso, consideraba necesaria la exención del requisito lingüístico, extendida a todas las convocatorias de selección de personal estatutario sanitario fijo «con grave carencia de profesionales».

Un mes más tarde, Salud convocaba el concurso de consolidación de plazas para interinos y decidió no pedir el catalán a médicos y enfermeras que aspiraban a conseguir una plaza fija en la sanidad pública de las Islas. Los nacionalistas montaron en cólera y lo calificaron de «ataque a la lengua catalana». Armengol les plantó cara por primera vez y dijo que «la salud iba primero» pero rectificó poco después, tras una tormenta política con sus socios de Més.

Fue entonces cuando Salud agachó la cabeza y alegó que había contabilizado mal el número de interinos con el título de catalán y eran más de los que creía inicialmente. La presidenta socialista encargó un informe para justificar los deseos de los independentistas, y el departamento de Salud tuvo que hacer equilibrios para contradecirse diciendo lo mismo.

Este último informe de 24 páginas está firmado por la subdirectora de gestión personal, Piedad Durán, el 6 de febrero de 2023. En él se hace un inventario de personal, tras el cual finalmente exonera a 11 categorías y no 49.

Sin embargo, sigue recordando que «cumpliendo el requisito lingüístico se dispone de menos candidatos» y teme que las conclusiones no sean las correctas porque «las cifras pueden no reflejar con exactitud la situación y la problemática imperante».