Seis entidades impulsan un pacto de Estado para controlar el acceso de los menores a Internet y a las redes sociales

Se trata tanto de tomar consciencia del problema, y comenzar a tomar medidas. Por este motivo, los impulsores de esta «declaración de mínimos» reclaman a los partidos políticos un compromiso en torno a unos principios de consenso en el marco del inminente inicio de la presidencia española del semestre europeo (1 de julio) y del inicio, tras las elecciones generales, de una nueva legislatura.

Se trata de la primera iniciativa en España que reúne a entidades del Tercer Sector para llegar a medidas de consenso. Las seis instituciones apuntan que la iniciativa, a la que ya se han adherido 60 entidades, nace de una «honda preocupación» sobre los riesgos que afrontan niños y adolescentes en internet y las redes, al «utilizar servicios diseñados para adultos, que pueden afectar a su socialización y potenciar posibles problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, y facilitar situaciones de violencia como el acoso escolar y sexual»

«Además, los dispositivos móviles se han convertido en una puerta a contenidos pornográficos, lo que genera una banalización de las relaciones sexuales, sexualización precoz y exposición a contenidos inapropiados. Por último, también nos preocupa seriamente la captación masiva de datos de los menores, con vistas a su perfilado para la venta a terceros con fines publicitarios», apuntan las entidades. Según datos facilitados por Save the Children, para el 30 por ciento de los menores la única fuente de información afectiva sexual es la pornografía.

Ante esta situación, añaden, se han consensuado una serie de medidas que inciden en la necesidad de asumir el problema, formar a los profesionales para afrontarlo, y desarrollar la legislación vigente para que todos los actores implicados asuman su responsabilidad en la necesidad de un entorno digital que no dañe a una población vulnerable, como son los niños y los adolescentes. «Se trata de unas medidas de base, que serán presentadas a los diferentes partidos políticos con vistas a la próxima legislatura», apuntan. Entre las entidades que se han adherido a la iniciativa se encuentran la Fundación AtresMedia, la Asociación de Fundaciones, la Fundación Ayuda contra la Drogadicción (FAD), Club Abierto Editores, el Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana, el Consejo Audiovisual de Andalucía, la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) o la Fundación Hermes.

Como primer punto del manifiesto, las entidades instan a «reconocer que el uso compulsivo de la tecnología es un problema de salud pública», con lo que es necesario «proporcionar asesoramiento, información y prevención». Como medidas concretas, instan a «habilitar en los terminales y dispositivos el acceso a aplicaciones que ofrezcan el atributo de menoría de edad», así como «advertencias mediante 'pop-up' de los riesgos a los que están expuestos los menores». En la misma dirección, consideran necesarios «establecer mecanismos de verificación de edad de la persona a través de sistemas no invasivos y respeten sus derechos, especialmente la privacidad y acceso a información fiable y de calidad».

«Queremos dejar claro que no estamos en contra de las nuevas tecnologías, creemos que son necesarias, aunque es importante evaluar y analizar los riesgos y amenazas que conllevan sobre todo para los menores», precisa en declaraciones a ABC Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital.

Las entidades consideran también necesario un control sobre los contenido, por lo que instan a los reguladores a «obligar a que los algoritmos y sistemas de tratamiento automático, estén auditados por terceros independientes y autoridades de control con relación a la protección de la privacidad, la inexistencia de sesgos discriminatorios, la manipulación, la adicción y que se ofrezca información clara y comprensible a padres, madres y tutores sobre el servicio como en cualquier producto de alto impacto«. En este último capítulo, especificar sobre el contenido »a quién va dirigido, quién no debe usarlo, que contraindicaciones tiene en casos especiales, cómo ha de usarse y con qué limites, cómo actuar ante problemas, quién ha verificado su correcto funcionamiento, etc.», de la misma forma que ocurre con los medicamentos. «Hay compañías, en su mayoría extracomunitarias que tienen modelos de ingresos a través del uso de los datos que se recogen de los menores», advierte Caballero.

La experta subraya también la importancia de que «hayan medidas legislativas para que antes de que se saque un producto o un servicio al público se evalúe su impacto en los derechos del menor».