El sector de la dependencia denuncia que el Gobierno financia más al País Vasco y exige aclarar qué acordaron

La federación denuncia que es un «trato discriminatorio e inadmisible» porque al País Vasco se le concede el 50 por ciento de la financiación, que es en realidad lo que estipula el sistema de financiación establecido en la legislación de dependencia, mientras que a otras comunidades autónomas se les niega ese porcentaje legal establecido. Llegando algunas a recibir solo el 27 por ciento de aportación estatal, lejos de lo que marca la norma.

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«Estamos ante una vulneración flagrante del principio de igualdad entre territorios. No se puede premiar a una comunidad con la financiación que por derecho nos corresponde a todos mientras se condena a otras a sostener el sistema sin los recursos necesarios», ha lamentado Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED, que exige que se aclaren públicamente los términos del acuerdo del Gobierno con el País Vasco y solicita una rectificación inmediata para que la ley se cumpla.

Y es que en el comunicado recuerdan que «nunca se ha cumplido» la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que establece que la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) debe realizarse al 50 por ciento entre el Estado y las comunidades autónomas. Una legislación que además lamentan que ya nació infrafinanciada y que desde hace 20 años ningún gobierno, ni del PSOE ni del PP ni sus presupuestos, ha corregido esta «grave anomalía».

La FED ha reclamado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que aclare públicamente los términos del acuerdo con el País Vasco, que garantice el mismo nivel de financiación (50%) al conjunto de comunidades autónomas, tal como establece la Ley de Dependencia y que refuerce el nivel mínimo de protección, que es competencia exclusiva del Estado. También solicitan que el Ejecutivo abra «un proceso de diálogo estructural» con el sector para resolver los problemas estructurales de infrafinanciación, falta de personal, rigidez normativa y «ausencia de un modelo de concertación sostenible».

Fernández-Cid ha insistido: «Estamos creando una España a distintas velocidades. La dependencia no puede depender del código postal. Exigimos una financiación justa, homogénea y suficiente para todas las comunidades autónomas, sin privilegios ni excepciones».