La privada alega que Sanidad invade competencias con su ley de gestión y reprocha que asocie al sector con la corrupción

En el texto remitido por la Alianza de la sanidad privada española (Aspe) al ministerio, el sector manifiesta su preocupación «ante la clara visión negativa mostrada por este ministerio» en lo que se refiere a los acuerdos de colaboración público-privada. Según el texto, al que ha tenido acceso ABC, limitar la presencia privada en el sistema público, el principal objetivo de la ley, sería «un grave error» que además de privar a la sanidad «del acceso a la experiencia, capacidad técnica, innovación y recursos del sector privado», afectaría a la presión asistencial con, entre otras cosas, mayores listas de espera y peor accesibilidad para los pacientes.

El texto de Sanidad alude a que la norma pretende solucionar varios «problemas» como la pérdida de la capacidad de control de la gestión de las administraciones públicas, la creación de sistemas paralelos de derivación entre centros o la incapacidad de las administraciones públicas de «revertir decisiones en materia de privatización». Sin embargo, para Aspe la ley se fragua en torno a «problemas que son en realidad inexistentes». En primer lugar, considera que no existe tal pérdida de control, pues todas las fórmulas de colaboración incluyen «importantes facultades de control» por parte de la administración. En cuanto a los «sistemas paralelos» a los que se refiere el texto del ministerio, el sector defiende que «no pueden considerarse derivaciones los sistemas de libre elección» en los que es el paciente el que decide el centro donde se le va a atender.

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Pero Aspe va más allá y advierte al ministerio de que la ley podría suponer una intromisión en las competencias autonómicas, pues son estas quienes tienen transferidas las competencias en materia de sanidad, por lo que imponerles cómo debe ser la gestión de los servicios chocaría con este principio. «Si tenemos en cuenta que las diferentes comunidades autónomas son libres para, en el ejercicio de sus competencias asumidas en materia de sanidad (...) acudir legítimamente en menor o mayor medida a fórmulas de gestión indirecta de los servicios públicos sanitarios, parece lógico pensar que la mencionada 'absoluta prioridad' por la gestión directa supondría una intromisión en sus competencias autonómicas». Además, esta «absoluta prioridad» por la gestión directa, remarcan, chocaría también con las normas que obligan a las administraciones sanitarias a actuar siguiendo los principios de eficiencia y sostenibilidad financiera.

También la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) se muestra crítica con el proyecto y así lo ha trasladado en su respuesta dirigida al ministerio, a la que también ha tenido acceso este medio. En general, critica que el texto sacado a consulta pública carezca de medidas generales relacionadas con la mejora de la gestión pública y que se base únicamente en «problemas» derivados de la colaboración público privada. Pero también afea que se relacione al sector con el fraude y la corrupción.

«Como decía un reciente editorial en 'The Lancet', se considera a la corrupción posiblemente la mayor amenaza para el sector sanitario. Estamos de acuerdo en esta apreciación, pero no que el fraude y la corrupción se asocie a la actividad del sector privado, ya que la mayor parte de los casos de corrupción en sanidad, como se cita en el artículo de 'The Lancet', tuvieron lugar a raíz del Covid tanto en Perú como en Brasil y fueron protagonizados por autoridades sanitarias públicas», expone la Fundación IDIS en su escrito, que reitera su rechazo a cualquier forma de corrupción y su compromiso a denunciar y extirpar estas prácticas. Por ello, reclama al departamento de Mónica García que elimine estas referencias de la ley «que trata fundamentalmente del sector privado» y, si lo considera, que regule este asunto para el conjunto del sistema sanitario, tanto público como privado.

Insiste también en la necesidad de que cualquier cambio en la forma de gestión de los centros sanitarios debe ser consensuado y «sometido al diálogo» con las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias para ello. Así como en su oposición a que se excluya a las empresas privadas con ánimo de lucro en favor de las benéficas, pues ambas, sostiene, deben estar sometidas a criterios «objetivos y transparentes de evaluación».

Limitar la presencia del sector privado en la sanidad pública, insiste IDIS, contribuiría a una peor asistencia sanitario, así como al aumento de los costes para las administraciones encargadas de la gestión.