Sanidad y las comunidades del PP acercan posturas y pactan criterios comunes para analizar los cribados de cáncer

Este miércoles, reunidos en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ministerio y autonomías han acordado que la Comisión de Salud Pública establecerá este jueves criterios homogéneos sobre tres indicadores básicos para los cribados de cáncer de mama, cérvix y colon: los que se refieren a cuántas personas se llama para cada cribado, cuántas participan y de, ellas, cuantos casos resultan positivos. La ministra Mónica García, que ha afirmado que el encuentro ha sido «relativamente tenso», ha explicado que más allá de estos indicadores cada región puede hacer llegar más si así lo considera.

«Hemos conseguido que la ministra acceda a que los directores generales acuerden esos tres indicadores básicos, que definan el numerador y el denominador y a partir de ahí que sigamos trabajando», ha celebrado la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, tras el encuentro. Es, ha dicho, lo que habían pedido al ministerio «desde el minuto uno»: «Que lo que midamos, lo midamos igual todos. Y a partir de ahí, con metodología, que podamos hacer comparaciones también entre comunidades».

La ausencia de criterios homogéneos era el principal argumento en el que se basaban los populares su negativa a facilitar los datos, pues exigían que se definieran bien esas mediciones para que pudieran ser comparables. También denunciaron que el ministerio no había puesto en marcha la herramienta necesaria para introducir estos datos. Aun así aseguran que esa información ya estaba disponible en las redes de cribados o en las memorias de sus sistemas de salud. Finalmente, y tras el acuerdo en esta reunión, las autonomías los facilitarán en documentos que enviarán al ministerio.

«Es poco riguroso mandarlos por un Excel, pero es la mejor solución para mandar un mensaje de tranquilidad y de que existe total transparencia», ha aseverado por su parte el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, que ha celebrado que el acuerdo «quita alarmismo» que, a su juicio se había creado en las últimas semanas sobre estos programas de prevención y manda el mensaje a la población de que los cribados funcionan y salvan vidas.

El mes pasado, tras el plantón del PP a Sanidad en otro Consejo Interterritorial que se celebró en Zaragoza, el Gobierno mandó un requerimiento a las comunidades autónomas gobernadas por el PP exigiéndoles los datos de los cribados. De no entregárselos, aseguró García, el Ejecutivo iniciaría un contencioso administrativo contra las autonomías. La ministra acusó a los populares de querer ocultar «la negligencia» de la Junta de Andalucía o «otras negligencias» de otras regiones.

El PP también había reclamado a la ministra abordar la falta de profesionales en el sistema público. Los consejeros han manifestado la necesidad de especialistas, para lo que proponen una segunda vuelta de la elección MIR para las plazas que quedan vacantes, la homologación de los títulos de médicos extracomunitarios o dar más independencia a residentes de último año siempre que tengan un especialista a su alcance al que poder consultarle, sin necesidad de que sea un tutor. «Tenemos un déficit severo de profesionales en la Atención Primaria», ha lamentado Bancalero.

En la misma línea, las autonomías han reclamado que el Gobierno prorrogue la jubilación activa mejorada, por la que médicos de familia y pediatras que trabajan en Atención Primaria y que ya podrían retirarse amplían sus años de trabajo y perciben al mismo tiempo el 75 por ciento de la pensión que les correspondería. Si no se prorroga la medida, que caduca el próximo 28 de diciembre, la sanidad pública perderá a más de 1.100 facultativos en esta situación.