Sanidad blindará por ley las lenguas cooficiales en los hospitales públicos

Este punto ha sido incluido en el texto que el departamento de Mónica García ha hecho llegar a los sindicatos con los que negocia la norma tras modificar su anteproyecto de Estatuto Marco —la ley que regula las condiciones laborales del personal de la sanidad— con algunas de las aportaciones realizadas por las comunidades autónomas. Según ha podido saber ABC a través de varias fuentes consultadas, fue Cataluña la que propuso incluir esta obligación para el personal sanitario, propuesta que secundó País Vasco. Sanidad la añadió al texto que ha facilitado a las organizaciones para seguir trabajando en la norma, que puede aún sufrir cambios. De hecho, la ministra tiene varios frentes abiertos, pues ni los sindicatos ni las comunidades autónomas parecen satisfechas con el proyecto, por lo que lograr que pase todos los trámites necesarios para entrar en vigor no será, previsiblemente, una tarea fácil.

Pero en la práctica, este nuevo punto implicaría que las comunidades autónomas solo puedan legislar sobre materia lingüística en sanidad a partir de esa base, es decir, partiendo de que existe una obligación de atender a los pacientes en la lengua oficial de la comunidad autónoma distinta al castellano cuando así lo exijan los mismos. Por ejemplo, en Cataluña actualmente existe una instrucción que establece que los pacientes tienen derecho a ser atendidos «en la lengua oficial que elijan» y que las entidades proveedoras de servicios sanitarios del sistema público, junto con sus profesionales, tienen que garantizar siempre el uso lingüístico que «salvaguarde mejor su salud». En País Vasco hay también un decreto similar. En el caso de que llegara otro gobierno a estas comunidades y quisiera eliminar este requisito, si el Estatuto Marco redactado en estos términos llega a ser aprobado, no podría hacerlo.

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Elena Calvo

De hecho, el uso del catalán en el ámbito sanitario ha sido durante décadas una 'batalla perdida' para la Generalitat. Mientras la inmersión lingüística imponía el uso de la lengua autonómica en las aulas de toda Cataluña, en hospitales y centros de salud la expansión de la lengua no avanzaba. Desde hace años, el Govern exige conocimientos básicos de catalán a todos los profesionales que opten a una plaza fija en la comunidad (entre los requisitos para ejercer en estas plazas figura el de tener el nivel C de catalán) pero no había una obligación de utilizarlo en el acto médico ni tampoco una ley que sancionara no usarlo.

El primer giro se dio a comienzos de 2022 cuando el Govern anunció su ambicioso plan de promoción del catalán a todos los niveles, entre ellos el sanitario. El entonces presidente del Govern, Pere Aragonès, anunció una nueva ofensiva: cien medidas concretas para reforzar el propósito del Pacto Nacional por la Lengua, en el que se apuntaba por primera vez de forma directa a la 'catalanización' de hospitales y centros de salud. Comités lingüísticos en los hospitales para controlar el uso de la lengua en las instalaciones y referentes lingüísticos que se encarguen de su gestión fueron algunas de las medidas concretadas que hoy se están materializando.

La Generalitat lanzó varias campañas dirigidas al personal sanitario apelando a su sensibilidad para que se formaran lingüísticamente y usaran la lengua autonómica en sus consultas. Pero fue en mayo de 2024, cuando la Consejería de Salud dio un nuevo paso al frente en su cruzada por 'catalanizar' la sanidad y anunció la citada instrucción. La nueva directriz, que entró en vigor el 3 de junio de 2024, obliga en los centros del sistema sanitario público a tener un plan de gestión lingüística para poder atender al paciente en la lengua que escoja.

El plan debe contemplar un diagnóstico de la situación lingüística del centro, los objetivos a alcanzar, así como la formación lingüística necesaria para el personal del centro y medidas específicas para fomentar el uso del catalán. También debe contar con un sistema de gestión de las quejas en materia lingüística y de las acciones correctoras adoptadas. En este sentido, la instrucción del Govern recoge la necesidad de crear comités de vigilancia para valorar «el grado de cumplimiento de las obligaciones en el ámbito lingüístico». El anterior consejero de Salud, Manel Balcells, avanzó incluso la posibilidad de multar a los médicos que desoyen la instrucción. En algunos hospitales como el Clínic de Barcelona ya funcionan estos comités. Aunque no se han tomado represalias contra ningún facultativo, cada año se registran unas 200 quejas de pacientes por no ser atendidos en catalán.

Blindar la atención sanitaria en las distintas lenguas cooficiales por ley «es un insulto a los 177.000 médicos y 45.000 MIR que trabajamos en la sanidad pública y despierta nuestro rechazo más absoluto», critica Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Considera que este tipo de requisitos no son aceptables en un sistema sanitario en el que el déficit de médicos es crónico. «Que en la sanidad pública haya elementos disruptivos cuando faltan médicos e incluso los hay que están trabajando sin tener el título homologado es un problema de irresponsabilidad», prosigue. Y lamenta que son los pacientes los que acaban sufriendo este tipo de decisiones a través de las largas listas de espera.

Critica además Lázaro que en el ministerio «utilice las competencias cuando le interesa», pues en el último texto, Sanidad eliminó el punto en el que fijaba una retribución mínima de la hora de guardia que estuviera por encima de la ordinaria, una medida que se había añadido tras reunirse con los sindicatos médicos. Lo quitó aludiendo a las competencias de las autonomías. «Imponer mínimos retributivos desde el Estado podría generar conflictos de competencias, por lo que se ha eliminado esa fórmula concreta», justificó el departamento de Mónica García en este sentido.

El presidente de CESM ejerce en Baleares, donde durante el gobierno de Francina Armengol se impuso el requisito de conocimiento del catalán a los profesionales de la sanidad, que después Marga Prohens eliminó para que pasara a ser un mérito y no una imposición. «Lo que vemos en el día a día es que no hay ningún problema para relacionarse con los pacientes. Es un tema de sesgo ideológico que se proyecta sobre la sanidad. La ministra cede ante las exigencias de los partidos nacionalistas porque de ellos depende que sigan en el poder», denuncia Lázaro. El Estatuto Marco, insiste, «debería ser un elemento vertebrador del Estado, pero ellos no están en la vertebración».