Sanidad amenaza con acciones legales a las comunidades autónomas que no garanticen los abortos
El secretario de Estado del ministerio manda una carta a los consejeros de las autonomías para exigirles que cumplan con la norma
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Meses después de aprobar el protocolo para la creación de un registro de profesionales de la sanidad objetores al aborto, el departamento que encabeza Mónica García exige ahora a las comunidades autónomas que garanticen la práctica de estos procedimientos en sus territorios. Según ha ... informado el ministerio, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha enviado una carta a los consejeros del ramo de las distintas regiones en la que les exige que garanticen «el acceso efectivo, equitativo y en condiciones de igualdad» al aborto en el sistema público de salud. De no hacerlo, afirma, «valorará» el inicio de procedimientos legales.
En la misiva, el número dos de Mónica García critica que pese a que la ley del aborto lleva aprobada desde 2010 «muchas mujeres siguen encontrando barreras geográficas, administrativas u organizativas» a la hora de someterse a este procedimiento. Esta situación, defiende Padilla, dificulta el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.
Por ello, Sanidad anuncia que elaborará un informe con los datos que presenten las comunidades autónomas para evaluar el cumplimiento de la ley y ver si las regiones están garantizando el aborto en los centros sanitarios público o, si por el contrario, hay barreras.
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En caso de que el ministerio considere que las comunidades no garantizan los abortos en sus centros públicos valorarán iniciar procedimientos legales. Estos comenzarán por requerimientos formales a las autonomías por parte de la Alta Inspección del Estado, en los que se solicitarán todos los detalles sobre las medidas que se están aplicando para cumplir con la ley.
Si la respuesta a ese requerimiento «no resulta satisfactoria», prosigue el secretario de Estado de Sanidad en su misiva, el ministerio adoptará las medidas legales que considere oportunas para asegurar que en los centros sanitarios públicos de toda España se practiquen abortos.
Este procedimiento, insiste Sanidad, responde a la «responsabilidad del Estado de garantizar el cumplimiento de la ley y la equidad en el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud».
Registro de objetores
El pasado diciembre el ministerio daba luz verde al protocolo por el que creaba el registro de objetores al aborto, que no es público ni tiene carácter nacional, sino que en cada comunidad existe uno. Entre otras cosas, establecía que solo podrían declararse objetores aquellos que participen directamente en el proceso, tanto en la intervención como en los actos necesarios anteriores o simultáneos a la misma, es decir, los profesionales de ginecología y obstetricia, de anestesiología y reanimación, los médicos de familia, las enfermeras y las matronas.
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