Sánchez anuncia la creación de un «fondo estatal para el pago de ayudas» a víctimas de abusos sexuales a menores

Aunque sin citarla de forma específica, Sánchez se ha referido a la polémica encuesta que acompaña el informe del Defensor del Pueblo y que sirvió a algunos medios y políticos para realizar una extrapolación que situaba las víctimas de abusos en la Iglesia por encima de las cuatrocientas mil. En la práctica, la encuesta señala que los que afirman haber sido abusados por un sacerdote o religioso suponen el 0,6% de los preguntados y los que registraron su agresión en un entorno religioso llegan al 1,13%, aunque hay que tener en cuenta que incluye también las causadas por laicos, educadores o miembros de otras religiones distinta a las católica.

Sin embargo, la misma encuesta revela que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años, lo que supondría que uno de cada diez españoles habría sufrido las consecuencias de esta lacra. De ahí las palabras de Sánchez de que el informe «revela la magnitud y la gravedad de este problema» e «interpela a todas las instituciones públicas, singularmente a las Cortes Generales y al Gobierno de España». Por lo que se ha comprometido a actuar en la próxima legislatura «contra los abusos sexuales de menores, también aquellos que se cometieron en el seno de la Iglesia».

De esta forma, la primera propuesta es la creación de «un Fondo Estatal para el pago de ayudas y compensaciones a las víctimas que se ajuste a los estándares europeos», tal como recomienda el informe de Gabilondo. Una propuesta que fue acogida por la Iglesia católica, que se comprometió a participar, si ese fondo iba dirigido a todas las víctimas y no sólo a las producidas en el seno de la institución eclesial. Quizás por eso, Sánchez ha señalado en su discurso que van a «instar a la Iglesia Católica a que se comprometa a reconocer y a reparar a todas las personas que desgraciadamente sufrieron abusos sexuales por parte del clero, incluyendo a las víctimas de casos históricos y también prescritos».

De lo que no hablado Sánchez es del mecanismo específico que Gabilondo proponía para la distribución de ese fondo, la creación de «un órgano administrativo especial», que estableciera la cuantía y los procedimientos para que las víctimas accedieran a las indemnizaciones.

Además, Sánchez también asume otras recomendaciones para solucionar el problema y ha anunciado que van a «adoptar las medidas necesarias para garantizar que esta aberración no se vuelva a repetir». Para ello ha señalado que van «a reforzar el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba».

También ha dado a conocer que van a «reforzar» tanto los mecanismos de acompañamiento y de supervisión de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, «dotándoles de más personal y también de más recursos», como la labor de inspección en los centros educativos «para asegurar que cumplen con los protocolos establecidos y que sus profesionales reciban la formación adecuada sobre abusos sexuales». Al mismo tiempo, ha indicado que van a establecer por ley «que esos mismos protocolos de prevención y formación se cumplan en todas las instituciones religiosas».