Los rectores avisan de que peligra la aplicación de la ley de universidades si el Estado no inyecta 844 millones

La pregunta del 'millón' es: ¿quién pone ese dinero? Según la memoria de la nueva ley son las comunidades «las responsables de financiar la mayor parte de las medidas que contempla esta ley atendiendo a su ámbito competencial».

Sin embargo, un informe dado a conocer este martes de la Conferencia de Rectores (CRUE) reclama que el Gobierno «asumiendo la responsabilidad de su iniciativa» debe ser el que aporte «la mayor parte del esfuerzo». Reprochan, de hecho, que el Ejecutivo que propuso la aprobación de la ley «no ha consultado el objetivo de gasto público universitario con las comunidades autónomas».

«Las comunidades no han sido consultadas y el incremento de financiación de los últimos 20 años con todas las obligaciones que tienen (sanidad, educación, etc.) ha sido del 11 por ciento. Por lo tanto, pedirlo a las comunidades es lo mismo que decir que no se haga cargo nadie», avisa José Antonio Pérez, autor del estudio de la CRUE y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. «Es como la ley de dependencia: "Yo invito pero tú pagas"», ejemplifica.

A esta cantidad, los ya mencionados 3.135 millones de euros se suman otros 844 que vienen de aplicar las disposiciones de la LOSU en materia de PDI (tasas de reposición de las plantillas; reducción de la temporalidad, etc.).

Esta última cifra, avisa CRUE, no debería ser asumida por las universidades. «Contra lo que recoge la memoria de la ley, la aplicación de la LOSU induce cuantiosos costes directos para los presupuestos de las universidades públicas, estimados en, al menos, 844 millones de euros. Estos costes inducidos, deben ser financiados directamente por los Presupuestos Generales del Estado, al mismo ritmo temporal que requiere la aplicación del articulado de la ley».

«Las universidades públicas españolas están en un nivel de financiación real, que es el que tenían en 2009, de unos 10.000 millones de euros y no acuden al endeudamiento. Por lo tanto, no tienen margen para hacer frente a la aplicación de lo que dice la propia LOSU», asegura Pérez.

De no producirse esta financiación de la LOSU, avisa la CRUE, «devendrá inaplicable por parte de las universidades públicas. Los Presupuestos Generales del Estado para 2024 deben comenzar a recoger necesariamente las dotaciones de crédito necesarias para financiar estos costes», añaden.