Sanidad excluirá 425 fármacos de la financiación pública

La mayoría de los fármacos que el Gobierno sacará de la cartera básica de salud están indicados para "síntomas menores", que en la práctica significa que son de los más demandados y de mayor uso común, aunque la ministra Ana Mato ha aclarado que la decisión de retirarlos se debe a que "ofrecen un menor efecto terapéutico" y se puede así "apostar por fármacos más innovadores".

La medida entrará en vigor a partir de agosto y aunque la cifra actual de medicamentos que se excluirán es de 425, el número puede variar ya que se revisará periódicamente, según ha explicado Mato, quien ha asegurado que Sanidad controlará que no haya subidas excesivas de precio por la exclusión de esos fármacos de la financiación pública. La ministra ha puntualizado que habrá excepciones para enfermos crónicos y "en aquellos casos en que lo decidan los médicos".

Los medicamentos que se retirarán de la cartera básica de salud se engloban en diecinueve grupos terapeúticos. Entre esa lista se encuentran fármacos para combatir el estreñimiento, como pueden ser los laxantes o el exceso de secreción gástrica. También están incluidos los antidiarreicos, los fármacos contra la migraña o los corticoides para las hemorroides. Las cremas con bajas dosis de miconazol para la dermatitis del pañal son otro ejemplo. En esta 'lista negra' también se ven afectados los medicamentos recetados contra la ansiedad leve, para combatir la sequedad en las vías respiratorias (mucolíticos) o la congestión nasal. Otros problemas de salud habituales como son los tratamientos para la tos, la sequedad ocular o la inflamación reumática leve también serían abonados en su totalidad por el paciente.

Mato ha reconocido que el listado de medicamentos no había sido presentado a las comunidades, como han criticado País Vasco, Cataluña o Andalucía, pero ha negado que la medida se haya adoptado sin la participación de las autonomías, recordando que se realizaron "reuniones de trabajo" en la que cada consejería aportó los medicamentos que consideraba obsoletos.

Sus argumentos no parecen haber convencido a los consejeros de esas autonomías. Al término de la reunión, la consejera andaluza, María Jesús Montero, ha criticado el "medicamentazo" y el escaso tiempo para evaluar los fármacos que el Gobierno pretende excluir. "Esta medida carga sobre la economía doméstica", ha apuntado, agregando que con estas medidas se están sentando las bases del "desmantelamiento del sistema sanitario tal como lo conocemos". Por su parte, el conseller catalán de Salud, Boi Ruiz, ha lamentado que el Ministerio de Sanidad no haya entregado ni explicitado la lista de medicamentos que quedarán excluidos de la financiación pública, por lo que tendrá que deducirlos, pero ha considerado "positivo" que se revise el Nomenclátor.

Con las nuevas medidas de política farmacéutica acordadas, Sanidad prevé un ahorro de 2.200 millones de euros, y con ellas se culmina la primera fase de la reforma sanitaria. En esta fase se incluye también el copago farmacéutico, que entrará en vigor este domingo y cuya aplicación suscita las reticencias de algunas comunidades autónomas como Asturias, País Vasco o Cataluña.

Sobre este último asunto, Mato ha recordado a las comunidades que "están obligadas a cumplir con la legalidad" y ha indicado que el Ejecutivo esperará a ver publicada la normativa impulsada por el Gobierno vasco para eludir el nuevo copago para decidir si toman alguna acción legal al respecto. Además, ha pedido a los consejeros que "agilicen" el reembolso a los pensionistas que superen los topes fijados por el nuevo copago (8 o 18 euros mensuales en función de su renta), para que este se produzca de forma trimestral o semestral y en la cuenta en la que se le ingresa la pensión.