Sin rastro de los juzgados de violencia infantil un año después

En la ley de la infancia, que entró en vigor el 25 de junio de 2021, se establecía que en el plazo de un año, es decir, antes del 25 de junio de 2022, el Gobierno remitiría a las Cortes varios proyectos de ley para especializar la justicia en violencia contra la infancia. El primero, dice el texto, es «un proyecto de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, dirigido a establecer, a través de los cauces previstos en la citada norma, la especialización tanto de los órganos judiciales como de sus titulares, para la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad».

En este punto, además, la norma abre la puerta a la creación de juzgados que se dediquen únicamente a los casos de violencia infantil, como ocurre en la actualidad con los de violencia de género, y a la especialización de los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales. La adaptación de la justicia, prosigue el texto, afectará también a «las pruebas selectivas que permitan acceder a la titularidad de los órganos especializados».

La ley también emplazaba al Gobierno a presentar en el mismo plazo un proyecto de ley de modificación de la Ley reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal «a los efectos de establecer la especialización de fiscales en el ámbito de la violencia sobre la infancia y la adolescencia, conforme a su régimen estatutario».

Pasado un año y tres meses, sin embargo, los proyectos mencionados siguen sin haber llegado al Congreso de los diputados para su estudio y aprobación. Esto implica que por el momento los casos de violencia infantil continúan resolviéndose en los juzgados de la misma manera que se hacía antes de la aprobación de esta ley, pues todavía no hay normativa que regule cómo especializar la justicia en este ámbito.

ABC se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones con el Ministerio de Justicia para conocer en qué estado se encuentra el desarrollo de estos proyectos, pero no ha recibido respuesta. La última información al respecto la facilitó el ministerio el pasado abril al diputado del PDECat Genís Boadella en respuesta a una pregunta del parlamentario sobre el estado de la normativa. En ese momento, el departamento que lidera Pilar Llop aseguró que se estaban llevando a cabo los estudios necesarios para adaptar los juzgados a los niños y cumplir así con los plazos establecidos.

«No tenemos novedad desde entonces», afirma a ABC Genís Boadella, que explica que, tras el paso del tiempo, se dirigió otra vez al Ministerio de Justicia, de nuevo sin obtener una respuesta satisfactoria. El pasado 27 de mayo el diputado registró una pregunta dirigida al Gobierno en la que cuestionaba por qué el Ejecutivo no había utilizado el proyecto de ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia para incluir las reformas en la normativa que afectan a la especialización de los juzgados en materia de infancia y cumplir así los compromisos que se marcó en el texto de la ley de infancia. La respuesta entonces, tal como ha podido comprobar este periódico, se centró en el objeto de la ley, sin contestar directamente a lo que se había preguntado. «Fue una respuesta muy genérica, sin entrar en el cambio», lamenta Boadella.

Para este diputado, el retraso se debe a las diferencias políticas entre los miembros del Gobierno de coalición. «Hay un pequeño lío entre ellos porque la ley salió de Derechos Sociales y Podemos coló esa transitoria. Pero Justicia es del PSOE. Y parece que las prioridades son diferentes para unos y otros. Creo que hicieron la transitoria para cubrir el expediente, pero ahora ha vencido el plazo y los cambios ni están ni se esperan», sentencia Boadella.

También las organizaciones dedicadas a la infancia esperan con anhelo que se implante esa especialización. «No sabemos mucho al respecto, pero lo que sabemos es que no se han presentado. Cuando hablamos con Justicia nos dijeron que no sabían si iban a aprovechar reformas que ya hay en marcha para modernizar la justicia para introducir estos cambios o si iban a presentar un proyecto ad hoc», expone Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política en la Plataforma de Infancia. «No tengo claro qué es lo que está pasando, pero con retraso ya vamos».

«Nos gustaría verlo concretarse en lo que queda de año», reclama por su parte Catalina Perazzo, directora de Incidencia social y Políticas de la infancia de Save The Children, que celebra los «avances» que suponen estas exigencias de la ley de la infancia. «De momento no es una realidad y creemos que va a llevar su tiempo, pero el primer paso necesario son esos proyectos de ley», apunta en la misma línea Almudena Olaguibel, especialista en políticas de infancia de Unicef España.

A día de hoy solo hay un juzgado en España especializado en esta materia. Está en Las Palmas de Gran Canaria y al frente del mismo se encuentra el magistrado Tomás Luis Martín, que considera que este tipo de órganos deberían ampliarse a todo el país. «Necesariamente tiene que extenderse», lanza

Los resultados de la especialización, cree este magistrado, «siempre son positivos», pero en los casos de violencia infantil la considera incluso más importante: «Estamos jugando con el futuro de determinadas personas. La formación tiene que ser en todos los niveles».