PSOE y Sumar llevan al Constitucional la eliminación del requisito del catalán en la sanidad de Baleares

PSIB y Sumar se han unido a instancias de la OCB, la entidad catalanista multisubvencionada por el anterior ejecutivo de la socialista Francina Armengol, quien solicitó a los dos grupos parlamentarios que al menos 50 de sus diputados se sumaran a esta iniciativa y presentaran el recurso elaborado por sus servicios jurídicos.

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La OCB sostiene que eliminar el requisito del catalán en la sanidad «vulnera los derechos de los catalanohablantes», y agradece la «buena predisposición» de ambos grupos parlamentarios para asumir y llevar a cabo esta iniciativa. Advierte de que «hará frente a todas las agresiones contra la lengua catalana y los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las Islas Baleares perpetradas por el Gobierno del Partido Popular en ejecución de sus acuerdos con VOX».

La supresión del requisito del catalán en la sanidad es un compromiso electoral del PP. Además, se incluye entre las 110 medidas del acuerdo de investidura entre el PP y Vox que permitieron a Prohens gobernar en solitario con el apoyo externo de Vox. El PP balear defiende que el requisito lingüístico actúa como un elemento disuasorio para la captación y fidelización de profesionales sanitarios, y que resta atractivo a la hora de atraer a los mejores médicos a las Islas, donde existe una acuciante falta de facultativos. La consellera de Salud, Manuela García Romero, anunció que quería «poner la alfombra roja» a los médicos y justificó esta medida, que reconoce el catalán como mérito.

Poco después, durante la Diada de Cataluña, la consellera fue víctima de un ataque en una protesta donde los independentistas quemaron una lona con su imagen. Los socialistas niegan que el catalán sea una traba para contratar sanitarios en las Islas y asumen las tesis catalanistas. Sin embargo, varios informes del anterior gobierno de la socialista Francina Armengol – entre 2021 y 2023- reconocieron que pedir el título de conocimientos de catalán dificultaba «aún más» la contratación de personal sanitario. Tal y como desveló ABC, el Servicio balear de Salud alertó, entre 2021 y 2023, de que exigir el requisito lingüístico era «inalcanzable» y un problema añadido a la «dramática» falta de personal en plantillas, la insularidad o el aumento de población.

La exigencia del requisito lingüístico fue aprobada en 2016 por el gobierno de Francina Armengol. Baleares se convirtió en la primera región de España en imponer el requisito lingüístico a todos los profesionales sanitarios, una medida que provocó un éxodo de profesionales y la falta de determinados perfiles en las Islas. Armengol y sus socios también acordaron abrir expediente informativo —y si fuera necesario después sancionador— a cualquier sanitario denunciado ante la Oficina de Derechos Lingüísticos, gestionada por los nacionalistas de Més.

También ordenó suprimir toda la cartelería escrita en castellano para colgarla de nuevo, al menos en catalán; sin garantizar la información de interés público en castellano. Con la llegada del gobierno del PP de Marga Prohens, dentro de los cien primeros días de legislatura, se anunció la exención de la obligación de tener conocimientos de catalán a médicos, enfermeros y otros profesionales con funciones sanitarias dentro del Servicio balear de Salud. El catalán se valora como un 'mérito' y sigue siendo un requisito para quienes desempeñan tareas administrativas y de servicios generales siempre que haya suficientes aspirantes.

La medida del PP ha sido recibida por el catalanismo como una «agresión» contra la lengua catalana, que desde el primer día amenaza con movilizaciones. De momento, la OCB ha movilizado a los partidos de izquierda para que lleven la cuestión al Tribunal Constitucional y se pronuncie. Asegura que no se encuentra suficientemente justificada la utilización de la figura del decreto ley por parte del Gobierno balear porque «no se trata de un caso de extraordinaria y urgente necesidad».

La OCB dice que tampoco se daría lo que el Tribunal Constitucional denomina «conexión de sentido» entre la situación declarada como extraordinaria y urgente y las medidas concretas que se adoptan en el decreto ley. Argumenta que la propia consellera de Salud afirmó que desconocía cuántos profesionales conseguiría atraer con esta medida ni si algún sanitario se había ido a causa del requisito de catalán.

Un argumento que ya fue rebatido por la responsable de Salud, que explicó que no existe un registro de profesionales donde se indique el motivo por el cual se da de baja, ni por el catalán ni tampoco por la vivienda, un motivo que sin embargo no se cuestiona. La OCB obvia también las decenas los médicos y enfermeras que han denunciado públicamente que el catalán era una traba y abandonaban las Islas por este motivo. Fue especialmente mediática la despedida de la única neuropediatra de Ibiza.

La OCB considera que la exención del catalán en la sanidad pública balear infringe también el artículo 49 del Estatuto de Autonomía, ya que la utilización del decreto ley no puede afectar a derechos reconocidos en el Estatuto. En este caso, «queda afectado directamente el ejercicio del derecho de opción lingüística previsto en el art. 14.3, que dispone que los ciudadanos de las Illes Balears tendrán derecho a dirigirse a la Administración de la Comunidad Autónoma en cualquiera de sus dos lenguas oficiales ya recibir respuesta en la misma lengua utilizada», sostiene.