El PSOE balear dice que «no hace falta» que el castellano sea lengua vehicular en las aulas

Negueruela ha defendido que el actual marco normativo garantiza la convivencia entre catalán y castellano y ha advertido que «nadie, fuera de la extrema derecha, pide este debate». Según el portavoz socialista, el Govern debería «centrarse en mejorar la calidad educativa, reducir las ratios y atender las necesidades del profesorado», en lugar de «avivar viejos fantasmas identitarios».

El enfrentamiento se produce después de que Vox registrara hace dos semanas una proposición no de ley en el Parlament para garantizar la vehicularidad del castellano en las aulas y «acabar con el dominio del catalán». La formación de Santiago Abascal exige modificar la normativa lingüística autonómica para «equilibrar la presencia de ambas lenguas» y «respetar la libertad de elección de los padres».

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Aunque el PP no ha respaldado expresamente la iniciativa, el Govern de Marga Prohens ha mostrado disposición a reconocer el carácter vehicular del castellano mediante una modificación de la Ley de Educación de 2022, aprobada bajo el mandato de Francina Armengol. Sin embargo, el Ejecutivo popular se resiste a ir más allá y tocar la Ley de Normalización Lingüística o el decreto de méritos, consciente del rechazo que podría generar entre el profesorado y los sindicatos.

Fuentes del Govern admiten que se trata de un «equilibrio delicado». Por un lado, Prohens necesita el apoyo parlamentario de Vox para sacar adelante los Presupuestos de 2026. Por otro, teme reavivar las protestas que en su día provocaron la caída del expresidente popular José Ramón Bauzá, cuya reforma educativa, el TIL (Tratamiento Integrado de Lenguas), desencadenó una protesta histórica en el sector educativo balear en 2013.

El recuerdo de aquella crisis planea sobre el actual debate. Entonces, la implantación del trilingüismo con mayor presencia del inglés y el castellano fue interpretada por la comunidad docente como un intento de arrinconar el catalán, generando un conflicto que marcó la legislatura y costó al PP buena parte de su apoyo social.

Negueruela ha advertido de que el Govern «corre el riesgo de repetir los errores del pasado» y de poner en peligro «la paz lingüística» en los centros educativos. «El PP parece no haber aprendido nada de Bauzá», ha afirmado el líder socialista, que ha instado a Prohens a «mantener la moderación» y no «dejarse arrastrar por la agenda radical de Vox».

Desde la bancada de la ultraderecha, sin embargo, han acusado al PSIB y al PP de «mantener un modelo de inmersión forzosa que margina a los castellanohablantes». Vox insiste en que «el catalán no puede seguir siendo la única lengua de enseñanza» y exige que los alumnos tengan derecho a recibir parte de las materias en castellano.

Mientras tanto, el PP intenta mantener un discurso de equilibrio. «Defendemos el catalán como lengua propia de las Islas, pero también el derecho de los ciudadanos a usar el castellano con normalidad», señalan fuentes populares, que recalcan que cualquier cambio se hará «sin romper consensos» y «dentro del marco del Estatuto y la Constitución».

Con el debate lingüístico reabierto, el Govern afronta semanas decisivas. Prohens debe encontrar una fórmula que contente a Vox sin despertar una nueva ola de protestas educativas ni poner en riesgo su estabilidad parlamentaria. También está en juego la aprobación de los presupuestos de 2026.