Las 17 pruebas de EBAU de las comunidades provocan «desigualdad de oportunidades» y «competencia desleal» entre los alumnos

Esto, a ojos de muchos alumnos y expertos, resulta injusto e ilógico, y denuncian que las notas obtenidas de esos exámenes diferentes sirvan igual para cualquier carrera de cualquier universidad según la nota de corte fijada. Entre los denunciantes se encuentra la plataforma Escuela de Todos, quien ha analizado en un informe las pruebas de las 17 comunidades, en concreto de los exámenes de Lengua Castellana, Matemáticas e Historia de España de junio de 2023.

Entre sus conclusiones, señalan que las competencias y conocimientos evaluados en las pruebas de Selectividad de cada comunidad autónoma no son equivalentes, y por tanto las calificaciones obtenidas por el alumnado «no son homologables». Además, los criterios de corrección difieren, el grado de opcionalidad varía, y el peso que, según el Ministerio de Educación, se debería dar a cada bloque de contenido no se respeta.

«El peso porcentual de los bloques de contenido establecido por Educación no es respetado por todas las comunidades autónomas», explica Ana Losada, presidenta de Escuela de Todos, en la rueda de prensa celebrada este lunes. Esta es la principal denuncia que resalta la plataforma en el informe. Mediante una orden ministerial, cada año se fijan los criterios comunes que debe tener la prueba de Selectividad en todas las comunidades. Sin embargo, solo cuatro regiones (Aragón, Cantabria, Castilla y León y Extremadura) respetaron estos requisitos en la prueba de Lengua Castellana y cinco (Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra) los incumplieron en el ejercicio de Matemáticas. En el caso de Historia de España, Cataluña, Valencia y País Vasco también lo incumplieron, dejando sin evaluar más del 70% de los contenidos que recoge como obligatorios el Ministerio.

Esto, en palabras de la organización, provoca una «desigualdad de oportunidades» y una «competencia desleal» entre los alumnos de distintos territorios. Losada detalla un caso que, pese a que sea hipotético, se podría dar tal y como se celebra la Selectividad: «Un alumno con los mismos conocimientos podría aprobar, suspender u obtener una calificación radicalmente opuesta dependiendo de la comunidad en la que se examine».

En palabras del profesor y autor del estudio, Julián Ruiz Bravo, el caso más grave se encuentra en Lengua Castellana, donde compara la prueba de acceso a la universidad con un «caleidoscopio». «La estructura y el planteamiento son ajenos a los principios básicos para que un sistema educativo se sostenga, que son la igualdad de oportunidades y la excelencia de los alumnos, lo que se agrava cuando se están dedicando recursos públicos a ellos», sostiene Ruiz.

El Ministerio establece tres bloques de contenidos y para sacar un diez «hay que estudiar los tres», donde cada uno cuenta con al menos un 30% de la nota asignada. Sin embargo, solo Aragón, Castilla y León, Cantabria y Extremadura respetan esos porcentajes, dejando 13 comunidades donde existe una «altísima opcionalidad» y por ende mayor ventaja para sacar mejor nota.

«Tenemos exámenes a la carta», explica el profesor, lo que desemboca en la «infrarrepresentación o sobrerrepresentación de contenidos», por lo que en las autonomías se recurren a «trucos» para que un alumno pueda brillar sobre otro. De hecho, en el informe se percibe que, solo sabiéndose un bloque, se puede aprobar, con dos se puede sacar un ocho y hasta un diez, y que hay regiones «campeonas» en buscar «atajos» para ayudar a los alumnos. Estas serían Asturias, Galicia o Comunidad Valenciana, pero también detalla que hay otras como Canarias, Cataluña o Madrid donde, pese a que la ventaja es menor, el sabotaje a las directrices de Educación se percibe por igual.

Otros territorios, sin embargo, son «bastante duros» a la hora de penalizar los errores de grafía, aunque sin «proporcionalidad», según el autor Iván Teruel. Son el caso de Castilla-La Mancha y Murcia, donde se castigan los errores pero de igual manera, sean en total cinco fallos o 26. Por contra, Extremadura es la más estricta en este aspecto, donde con cinco errores ortográficos se puede suspender la prueba, se tenga un sobresaliente o notable en la calificación de los contenidos.

En el caso de Matemáticas, la distinta opcionalidad que se permite en cada una de las pruebas territoriales acentuó en 2023 aún más estas diferencias y provocó que los exámenes no abarcasen todos los bloques de contenido exigidos por la normativa. En Andalucía y Navarra, por ejemplo, bastaba el año pasado con dominar el 25% del temario de Matemáticas para obtener la máxima calificación, mientras en Castilla-La Mancha era necesario saberse el 75% de la materia para tener un diez.

En la prueba de Historia de España, el peso porcentual que se debe asignar a cada bloque figura como una «recomendación» en la orden ministerial, y Escuela de Todos revela que ninguna comunidad autónoma lo cumple íntegramente. Por el contrario, la orden sí estipula que el 70% de la calificación del alumno debe depender «de los aprendizajes mínimos establecidos», un requisito que no se respetó en las pruebas de la Comunidad Valenciana, Cataluña y el País Vasco. Esto, según ha expresado Losada, podría haber provocado que algún alumno «impugnara la prueba por no cumplir con las exigencias ministeriales».

En este examen también varían los temas que son necesarios saberse para poder alcanzar el diez. En cuatro territorios (Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León) se necesitan haber estudiado cinco temas para poder obtener la máxima nota. En el otro extremo, Galicia, Murcia, Cataluña y País Vasco, con contestar preguntas exclusivamente de dos temas el alumno puede alcanzar la máxima nota.

Escuela de Todos también se refiere en el informe al borrador del Real Decreto que el Ministerio de Educación presentó el pasado marzo a las comunidades y que busca regular las pruebas de Selectividad para el año 2025. «El borrador no da respuesta a los problemas que hemos detectado porque no crea un marco común», señala Losada, quien denuncia que el Ministerio de Pilar Alegría se «esconda» en el argumento de que hay que respetar las competencias autonómicas. «Se puede hacer un marco común respetando el papel de las comunidades», ha asegurado la presidenta de Escuela de Todos. Además, Losada se ha dirigido directamente al PP para pedirle que «armonice las pruebas de las regiones en las que gobierna», aprovechando que el Partido Popular tiene la presidencia en 11 de las 17 comunidades.

«Es urgente e imprescindible que las comunidades y el Ministerio se sienten para establecer un marco común, para frenar la desigualdad de oportunidades que perjudica al sistema educativo y provoca que cada año lleguen a las universidades alumnos menos preparados y con notas infladas que no corresponden a sus conocimientos reales», ha sentenciado Losada.