La prostitución rompe a los socios de investidura y el PSOE se queda solo

La derrota parlamentaria socialista supone la de mayor envergadura desde que en 2019 ERC tumbó los presupuestos generales del Estado, provocando que Sánchez adelantase las elecciones. En estos cinco años, el Gobierno ha visto cómo la Cámara Baja frustraba la convalidación de dos reales decretos leyes o cómo, el pasado enero, Junts forzaba la máquina y devolvía la ley de amnistía a la Comisión de Justicia para obligar al Ejecutivo a encarar una nueva negociación. Ahora, una medida estrella del PSOE, registrada por su grupo parlamentario, recibe un sonoro portazo del Congreso a las primeras de cambio, en su mera toma en consideración. Los socialistas ya encajaron un revés en la Cámara Baja este febrero, con la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero ninguno de esta entidad. En toda la legislatura pasada, no se tumbó ninguna proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Sí decayó la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'ley mordaza', pero aunque el PSOE la apoyaba, la había registrado el PNV. El mayor susto fue el de la reforma laboral, salvado 'in extremis' por el error en la votación del diputado del PP Alberto Casero.

El resultado final ha sido de 122 votos a favor, 36 abstenciones (los de Vox y Podemos) y 184 'noes', liderados por los de Sumar. Como notas curiosa, pese a las imágenes y trayectoria profesional del exportero Koldo García, íntimo del diputado ahora por el Grupo Mixto José Luis Ábalos, entre los votos a favor se encuentra el del exministro socialista, partidario, por tanto, de abolir la prostitución.

La prueba más evidente de que Sumar estaba enfadado ha sido que solo unas horas antes de que la diputada Gala Pin subiese a la tarima, fuentes del PSOE mantenían que «seguían negociando» con el partido de Yolanda Díaz y confiaban en su aval. Pero Sumar ya había decidido que se opondría. Incluso se lo había confirmado a colectivos de prostitutas con los que venía trabajando desde hacía meses para definir su postura. No se lo había comunicado al PSOE.

En una rueda de prensa a tres bandas, las marcas de Sumar partidarias de regular el «oficio» de la prostitución (Más Madrid, los Comunes y Compromís) han negado la mayor y han dicho que no se había producido ningún contacto con el PSOE. Es más, han mostrado que su indignación venía de atrás y la han exhibido este martes, en el día clave de la toma en consideración de la iniciativa.

La diputada Gala Pin ha cargado contra los socialistas por presentarla en un tiempo y una forma que rechazan: «Es puramente electoralista», ha acusad. Los de Sumar estaban que literalmente se mordían las uñas, si bien en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta Díaz se ha afanado en explicar que piensa «cuidar de la coalición» y que el Gobierno «goza de buena salud». La discusión en sus filas también ha sido de alto voltaje hasta fijar una posición unánime en torno a este tema. Izquierda Unida, por ejemplo, es partidaria de abolir la prostitución y castigar a los clientes, pero este martes el voto fue uno.

El mismo debate ha espoleado a las filas del Grupo Popular, aunque con un carácter más pragmático. Se han debatido durante toda la jornada entre la ambigüedad de dar luz verde a Pedro Sánchez (absteniéndose) o traicionar sus principios abolicionistas. El PP ha apoyado un texto idéntico la pasada legislatura –votación del 7 de junio de 2022–. A pocos minutos de iniciarse el Pleno vespertino, fuentes populares insistían a ABC en que «el tema es muy delicado» y se resistían a «la instrumentalización que estaba haciendo el PSOE». Para Ferraz es un tema estratégico en plena carrera electoral y una bandera ideológica prioritaria.

Ya en la tribuna, la vicesecretaria de Igualdad del partido, Ana Alós, ja juzgado de «claramente insuficiente» y también «oportunista» que el PSOE vuelva a registrar una proposición que dejó aparcada seis meses después de aquel junio de 2022. Alós ha lanzado una propuesta alternativa –que «no hemos registrado para no ponernos la medalla», dijo– y ha desafiado al PSOE a retirar la suya y consensuar una nueva en el seno de otros órganos como la comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y es que en esta cruzada, PP y PSOE sí tienen una única voz al expresar que «la prostitución es violencia contra las mujeres», repitieron sin fisuras las parlamentarias Andrea Fernández y Ana Alós. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, así como los miembros de ONG de ayuda a meretrices, asentían en la Cámara Baja. Aunque Redondo ha reivindicado luego en los pasillos: «Solo las socialistas defendemos los derechos de las mujeres frente a los proxenetas».

Alós ha cuestionado que «no existe voluntad política por parte del PSOE, que saca su bandera de la igualdad como cortina de humo cada vez que tiene un problema» y le entra «la prisa abolicionista» en plena carrera electoral. Fernández, por su parte, ha arengado al PP para que mantuviese su voto favorable a la propuesta que ya obtuvo su respaldo anteriormente. «En 2021 hubo una sola sentencia condenatoria de un proxeneta», razón suficiente –ha dicho– para modificar el Código Penal de 1995 y «ampliarlo».

Los socios de Sánchez han ido pasando, uno tras otro, por la tribuna del Congreso para criticarlo por «oportunista y demagogo», por «abandonar» a las meretrices «a quienes no han escuchado» y dejar sus vidas a su suerte al penalizar a los arrendatarios de habitaciones o clubes para ejercer la prostitución. «Y al día siguiente de la ley, ¿qué pasará con ellas?», se pregunta Pilar Vallugera, de ERC. La diputada republicana ha sido la más enérgica al acusar al PSOE de llevarlo al Pleno justo ahora: «Sabe que rompe la legislatura».