La privada exige al Gobierno dar marcha atrás con el decreto de universidades
Varios campus que no dependen del Estado insisten en que los cambios retroactivos traerán «inseguridad jurídica»
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Las claves del decreto que asfixia a la universidad privada: 4.500 alumnos en 6 años, un 10% de alojamiento o aval bancario
El Ministerio de Universidades consumó el martes su acorralamiento a la universidad privada con la aprobación de un nuevo decreto que pone trabas a la apertura de nuevos campus. La privada, por su parte, ya ha empezado a reaccionar a lo que juzgan un « ... ataque injustificado» por parte del Gobierno de España. La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade) solicita al Ejecutivo que dé marcha atrás con el nuevo decreto que modifica las condiciones de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.
Para Acade, el contenido de esta normativa tiene como objetivo principal limitar la creación y expansión del sistema universitario privado, introduciendo requisitos y mecanismos «arbitrarios e injustificados». «Se trata de un ataque injusto a instituciones que han demostrado ser fundamentales para mejorar la calidad educativa, la formación académica y la empleabilidad de los jóvenes españoles», aseguran desde esta asociación que aglutina a algunas de las principales universidades privadas de nuestro país.
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El nuevo real decreto, dicen, impone procedimientos administrativos complejos y exige condiciones desproporcionadas. Entre otras, la obligación de contar con un mínimo de 4.500 alumnos o la necesidad de proporcionar al menos un 10% de alojamiento para estudiantes, trasladando a las universidades la problemática de la vivienda en el país. Acade también señala el problema de que se introduzcan cambios retroactivos en universidades y centros universitarios ya en funcionamiento, lo que genera, dicen, «inseguridad jurídica y operativa». De hecho, la entrada en vigor del decreto deja en el limbo ocho iniciativas universitarias en Aragón, Extremadura, Asturias, Canarias o Andalucía. Tres de ellos, iniciativas online.
Desde marzo de 2025, esta asociación ha ido advirtiendo sobre el grave perjuicio que la entrada en vigor de esta norma supondría para el sector universitario privado. Algunas de sus advertencias se han alineado con muchas de las consideraciones realizadas por el Consejo de Estado, el Ministerio de Economía, el de Trabajo, el de Transformación Digital y para la Función Pública o el del Consejo de Estado, que adelantó este diario. Acade refiere que aunque en la redacción final del real decreto se han atendido algunas de las recomendaciones de estos informes, consideran que la norma sigue teniendo como objetivo principal limitar el crecimiento del sistema universitario privado en lugar de apoyar la excelencia académica.
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