La activista que tira la toalla por el castellano: «Tendré que pagar 1.000 euros al mes para proteger a mi hijo»

«Estoy por asegurar que no cambiará nada. La batalla está perdida a todos los niveles. Hay una estrategia política que impide que nuestra reivindicación salga adelante y ningún Gobierno ha hecho nada durante todos estos años para impedir esta situación», dice Dory López, amparada en todo el proceso por Hablamos Español (HE).

Después de que ni la escuela pública ni la concertada le respetaran la proporción de español avalada por los tribunales, esta madre de Barcelona ha decidido matricular a su hijo en un centro privado que aplica la inmersión lingüística en inglés y que le cuesta más de 1.000 euros mensuales. Lo ha hecho, según afirma, para mejorar la competencia lingüística de su hijo en «lenguas que van a serle de real utilidad en un futuro» y para «preservarle de posibles presiones sociales, las que han tenido ya los hijos de otras familias que han solicitado más castellano, o incluso las que nosotros mismos como padres demandantes hemos sufrido en estos últimos años». «Además, -añade- es mejor elegir la inmersión en una lengua que le abrirá más puertas cuando acabe los estudios que en catalán».

«Tal y como están las cosas no quiero poner a mi hijo en el disparadero. Mi deber es protegerlo y que obtenga la mejor formación posible«, añade la madre en declaraciones a este diario.

La lucha de Dory López empezó a finales de 2020 cuando, junto a su marido, solicitó para su hijo, escolarizado en el colegio Emili Juncadella de Barcelona, la aplicación del bilingüismo. La petición no fue solo de esta familia. López recogió firmas a las puertas del centro educativo. Lo hizo entre diciembre de 2020 y finales de 2021, entre la sentencia histórica del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que extiende a todo el sistema el 25 por ciento de español, y la ratificación de este fallo por parte del Tribunal Supremo (TS). En total, consiguieron 19 firmas.

«Éramos familias a las que nos unía un objetivo: que nuestos hijos tuvieran más castellano en su currículo», explica la madre. Tras varios encuentros, con los miembros del grupo, las asociaciones Hablamos Español (HE) y Convivencia Cívica Catalana (CCC), que asesoraron a Dory en su reclamación, decidieron crear un chat para informar a los padres interesados sobre sus derechos en este sentido. Era junio de 2021, antes de las vacaciones de verano. Acabaron las clases y vino el paréntesis estival. «Se retomaron las clases y vi que no quedaba ningún padre en el chat. Todos se habían dado de baja», denuncia la afectada.

A partir de aquel momento, empezó a ver también cómo familias a las que les unía ese vínculo y con las que había tenido buena relación «empezaron a hacerme el vacío». Dory está convencida, y así se lo han confirmado algunas familias afectadas, que el centro les presionó para que dejaran de reclamar más castellano, y así lo denunció ABC en su edición del 12 de febrero de 2024.

La situación no detuvo a Dory López, que siguió luchando para aumentar la presencia de castellano en el currículo de su hijo. Tras la negativa de la Generalitat, recurrió en 2021 a los tribunales y logró esa proporción para su hijo en julio de 2023. Fue una de las resoluciones emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se dictaron desde que el Govern catalán aprobó su arsenal legal (Decreto-ley 6/2022, de 30 de mayo, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, y Ley 8/22 sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria) para eludir la aplicación de la sentencia de diciembre de 2020 que dicta un 25 por ciento de castellano en todo el sistema educativo.

«Al día siguiente de que concedieran a mi hijo el 25 por ciento de castellano me pincharon las ruedas del coche», denuncia Dory. «Unos vecinos vieron como dos jóvenes iban directamente a buscar mi vehículo. De hecho, fue el único al que pincharon las ruedas. Fueron a por mi coche», dice la madre. La Generalitat recurrió la sentencia y el pasado junio, el TSJC inadmitió el recurso y la condeno a asumir las costas del proceso.

Ahora, el alumno, que cuando su familia inició la reclamación cursaba quinto curso de Educación Primaria, se encuentra en tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en un instituto privado de Barcelona. El precio para que su hijo «salga de la inmersión» y «no sufra las presiones fruto de la contienda lingüística» no «es menor», según la madre. «Más de 1.000 euros al mes es un precio alto pero lo asumimos recortando otros gastos porque es la única manera de proteger a nuestro hijo», señala López.

Dory lamenta que familias como la suya tengan que «ser señaladas y silenciadas y a la vez luchar sin ningún tipo de amparo institucional para lograr un derecho que nos reconoce la Constitución».

Desde Hablamos Español, Gloria Lago, su presidenta, lamenta en declaraciones a ABC que «después de una lucha de tres años, aguantando presiones y negativas, y respondiendo a los recursos que la administración catalana presentaba a las sentencias positivas que íbamos consiguiendo, es descorazonador comprobar cómo esta familia tira la toalla porque el Estado no los defiende».

Lago advierte, asimismo, de los riesgos para el alumnado de la inmersión en catalán. «Es triste e intolerable dejar a las personas a merced de este sistema, de esta mal llamada normalización lingüística, de esta hidra que discrimina a los niños hispanohablantes y que amedrenta a las familias que quieren defender los derechos lingüísticos de sus pequeños. La sociedad en su conjunto debería reaccionar, en cualquier otro país no se consentiría algo así«, concluye.