Presidencia corrige a Educación y retira los 300 millones que intentó dar en funciones

La cifra se iba a repartir en un total de tres acuerdos que el departamento dirigido por Pilar Alegría quería que fuera aprobado por el Consejo de Ministros, tal como informó este periódico el pasado martes. La mayor cuantía iba dirigida a un plan de modernización de la Formación Profesional (143,4 millones de euros), seguido de un programa que buscaba el impulso de nuevas plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil, es decir, de 0 a 3 años, por un total de 142,5 millones de euros. Por último, se preveía la aprobación de un tercer acuerdo para la modernización de los centros educativos por 1,6 millones.

Sin embargo, y tal como pudo comprobar este periódico, los tres acuerdos fueron retirados. Si bien es frecuente que en ocasiones se lleven a Consejo de Ministros proyectos de ley, reales decretos, tratados internacionales, acuerdos, etc., que luego no se aprueban, el problema en este caso es que esos casi 300 millones de ayudas se pretendían dar con el gobierno en funciones. Algo que, de acuerdo a la ley del Gobierno no puede hacerse.

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Josefina G. Stegmann

La ley establece que el Ejecutivo limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos absteniéndose de adoptar otras medidas

La citada norma establece en su artículo 21 que «el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con las limitaciones establecidas en esta ley». Agrega, además, en el mismo artículo que «el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas». Dicho de otro modo, tiene menos margen de actuación y toma de decisiones.

Este periódico se puso en contacto con el Ministerio de Educación para preguntarle por qué los tres acuerdos fueron retirados. Fuentes del departamento de Alegría señalaron que estas ayudas nunca se llevaron a Consejo de Ministros por lo que no había nada que retirar. «Ni han ido al Consejo de Ministros, ni van», dijeron a ABC las fuentes consultadas. Sin embargo, este diario ha podido comprobar a través de varios documentos que estas ayudas sí se llevaron al Consejo de Ministros y que finalmente tuvieron que ser retiradas. La decisión recae en la llamada Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que, tal y como explica la Moncloa en su página web, «es un órgano de apoyo al Gobierno integrado por los titulares de las secretarías de Estado y por los subsecretarios de los distintos departamentos ministeriales y presidido por el vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, el ministro de la Presidencia».

El acuerdo dedicado a la FP formaba parte de los fondos europeos y estaba destinado al reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales; a la mejora de la accesibilidad a la FP y a los servicios de orientación profesional y a la incorporación de la digitalización, la innovación y el emprendimiento en el sistema. El objetivo final del acuerdo era crear, en un plazo de 3 años, un total de 135.000 plazas. La mayor cantidad de dinero se la llevaba Andalucía (28 millones de euros); seguida de Comunidad Valenciana (17, 5 millones), Cataluña (17, 2 millones), Castilla y León (10, 8 millones), Galicia (10,5 millones) y Canarias (9, 5 millones).

El otro acuerdo al que iba a destinarse mayor cantidad de dinero, también de los fondos europeos, era para un programa de cooperación territorial de impulso de escolarización en el primer ciclo de educación infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años.

En este caso también la mayor cuantía iba para Andalucía (24,8 millones), Cataluña (22,4 millones), Comunidad Valenciana (14,09 millones), Comunidad de Madrid (10,8 millones) y Murcia (8,1 millones). Las ayudas a esta etapa, aunque no está concertada, es algo que no le gusta al sector, que se considera discriminado. «A la brutal bajada de natalidad se añade esta campaña de expansión de la enseñanza pública que no respeta el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, precisamente en el momento de acceso a una etapa educativa. Lo correcto sería destinar estos fondos a la creación de plazas «gratuitas» que permitan la elección de centro y la conciliación de la vida laboral y familiar», denunciaron a este periódico fuentes de la concertada.ss