Rebelión en la España despoblada frente al derribo de una presa: «Hundirán la zona»

Las elecciones y el pulso vecinal vuelven a poner el foco sobre Los Toranes, en una esquina al sureste de Teruel. Tres administraciones discrepan sobre una voladura anunciada

La economía local se abastece de una captación de agua en el río Mijares desde la presa de la discordia, Los Toranes ANTONIO GARCÍA

Érika Montañés

12/06/2023
Actualizado 13/06/2023 a las 02:43h.

La presa de Los Toranes no se toca. Frente a la pared de hormigón, un 'muro' vecinal. En la esquina sureste de la provincia de Teruel parece haber aterrizado el famoso lema con que la serie de todos los veranos defendía a contracorriente la permanencia ... de un barco. Sus vecinos 'no se moverán' y pretenden paralizar el derribo ordenado por la Justicia de lo que para ellos es algo más que una infraestructura hidráulica. Lejos de remitir, la tensión por el destino del pantano continúa cinco años después de que venza el permiso para su explotación y ha estallado como un conflicto incómodo en un periodo entre elecciones.

Enclavada en la comarca del Gúdar-Javalambre, de entrada a la Comunidad Valenciana. Aquí se encuentran Los Toranes, donde una acequia desde el río Mijares baña las pequeñas huertas de los vecinos mientras se desplaza hacia Villarreal y Burriana para unirse al Mediterráneo. Su cuenca se integra en la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Desde el año 1943, los pueblos de Albentosa, Olba y San Agustín miran a esa tapia de más de 14 metros, que tapona una balsa con medio hectómetro cúbico de agua, como un elemento más del paisaje. La presa ha vuelto a ser testigo de protestas, mítines y grabaciones virales en las últimas semanas. Pero han faltado visitas que la salven de una voladura anunciada, lamentan los vecinos Porque el Ministerio de Teresa Ribera no ha escuchado sus ruegos.

Iberdrola no la ve viable

El conflicto se remonta a 2018, cuando se cumplen los 75 años de concesión a Iberdrola como adjudicataria de la explotación hidroeléctrica. La compañía, vencido el uso privativo del agua para producir electricidad, no le ve más viabilidad, así que el Ministerio del ramo inicia los trámites para su demolición en 2020. Desde entonces se abre un litigio judicial para determinar quién debe sufragar el coste: si es el Estado, dice Iberdrola, o la empresa, según dictaminó la Justicia el pasado enero en una resolución del Tribunal Superior de Madrid.

Ahora, según fuentes de la compañía consultadas por ABC, aguardan que prospere el recurso interpuesto ante el Supremo en marzo pasado. Habrá que esperar no menos de diez meses a que el Alto Tribunal sentencie, informan.

Un oasis en la España despoblada

Fuera de los despachos y los tribunales están los tres municipios damnificados, que hacen frente común y han salido en tromba a defender la instalación. Para entender qué significa la orden de demolición solo hay que escuchar a la alcaldesa de Albentosa, Yolanda Salvador (PSOE): «Aquí no podemos prescindir de nada. Falta de todo. Nos quieren quitar la presa, que tiene mucho tirón en una zona que depende del turismo rural y la agricultura. En Olba, muchos recorridos senderistas, las casas rurales del entorno, la riqueza forestal... todo está configurado en base a Los Toranes. Esta zona es un paraíso de monte, pinar y agua». «Le pongo un ejemplo: Albentosa tiene 250 habitantes y en estos pueblos hay un colegio con 50 niños».

En su ánimo pesa la orden judicial que por el momento condena a la eléctrica a costear el derribo de la estructura. De nuevo, Salvador pone la estocada: «No significa solo acabar con una presa, significa demoler una zona».

El primer edil de Olba deja meridiana su postura: «Apostamos por la presa». La Acequia del Diablo surte de agua a 48 hectáreas de huertas familiares que son parte del sustento de la economía doméstica; sin esa agua, la zona donde nacieron «se hunde» un poco más. Federico Martín (PSOE) es consciente de a qué se enfrentan. «Más del 90% de los pueblos, con el apoyo de la Comarca, estamos a favor de mantener la presa; no significa que no seamos ecologistas, yo lo soy y quiero a mi tierra. Entiendo que haya voces desde Madrid hablando de hacer o deshacer, pero lo que decimos es que hay que escuchar al territorio y no se ha hecho. La ministra Ribera no nos ha escuchado nunca. No todas las circunstancias son iguales». En plena España despoblada, la presa es un elemento de atracción de gente, reincide. Se está decidiendo sobre su supervivencia y no se pueden permitir no tenerla, dice Martín, que es también presidente de la Comunidad de Regantes de Olba.

Concentraciones y pancartas en la zona en defensa de la permanencia de la presa EP

España, con 30.000 barreras en los ríos, pero sin ánimo de demolerlas, dice el ecologismo

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César Rodríguez es el secretario general de la Asociación Ríos con Vida (AEMS), y el nombre ya lo dice todo. Defiende el curso libre del Mijares. Rodríguez destaca que España es un país con gran reticencia a demoler obstáculos construidos por la mano del hombre en los cauces fluviales. «No va en nuestro ADN», afirma en conversación con este diario. Pero hay inventariados 30.000 de esos azudes, acequias, derivaciones de aguas y presas, muchos de ellos sin una rentabilidad acreditada, asevera.

En el caso de Los Toranes, el portavoz de AEMS «entiende» a los vecinos, por los aprovechamientos de los caudales de la Acequia del Diablo que están ayudando a pequeñas explotaciones agrícolas, aunque «hay una sentencia con un pronunciamiento claro», advierte. «Esos usos no justifican» que la presa siga viviendo, acentúa.

Y es que acorde a la legalidad, la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición solo «ha aplicado la normativa vigente», asume Rodríguez, que reconoce que ha habido pronunciamientos contradictorios por parte del Ejecutivo. «No hay una posición clara para adecuar la concesión sujeta a un proyecto nuevo, como demandan los pueblos, porque existen alternativas con las aguas subterráneas y otras, aunque tienen grandes costes».

De hecho, Javier Marín, vicepresidente de la agrupación de vecinos Mijares Vivo, recuerda que «la ministra Teresa Ribera, en una reciente rueda de prensa, afirmó que desde su departamento están dispuestos a negociar una nueva concesión para la presa si se cursa una propuesta viable desde el Gobierno autonómico», que supondría que bien la Administración regional o bien la terna de municipios afectados se harían cargo de costear esa idea. «Con las elecciones autonómicas y generales, queda todo en el aire. Ahora mismo solo se puede hablar de incertidumbres», enfatiza Marín.

AEMS objeta que, en todo caso, las garantías para el cauce hidrológico, el paso de los peces y la explotación de la central no estarían cubiertas en la actualidad, por lo que Rodríguez casi redacta el acta de defunción de Los Toranes: «Una presa así de dimensiones muy considerables en medio de un cauce fluvial permanente supone una ruptura de la continuidad básica del río y hace efecto barrera a la movilidad de los peces, por lo que retiene sedimentos y transforma las características físico-químicas del agua. Repercute negativamente en las especies del río», asegura.

«No se debería dejar obras de tamaño impacto y riesgo en los ríos. Hay muchas infraestructuras hidráulicas con costes elevados de mantenimiento y no se están ejecutando para los usos con que fueron concebidas. Tampoco se quiere acometer el coste de vaciado porque vale mucho y están colmatadas de sedimentos, no son inocuas. Hay mucha demagogia con esto, pero la ley, desde 1985, fija que a los tres años de no explotar esas obras, caduca la concesión y si el Estado tampoco quiere volver a adjudicarlo ni reutilizarlo, como es el caso, hay que eliminarlo. En España no estamos acostumbrados a estas demoliciones, pero EE.UU. lleva un millar en los últimos quince-veinte años en defensa, por ejemplo, del salmón atlántico en la costa este», prosigue César Rodríguez. La mayoría de las construcciones nacionales afloran desde mediados del siglo pasado. Algunos ríos las están removiendo de manera natural, pero otras siguen ahí, se queja, como cadáveres de hormigón en mitad de los cauces. Por ello, Rodríguez aboga por hacer un uso sostenible del agua, que el Estado minimice su «intervencionismo» en los ríos y restaure los que están en un «estado lamentable». «El 50% no alcanza el nivel óptimo de calidad del agua».

La terna de municipios llevó su rebelión hasta Zaragoza para que el Gobierno de Aragón, en manos del PSOE, intentara, incluso, convertir la instalación en Bien Inventariado del Patrimonio en 2021 para impedir la voladura. Fue un amago infructuoso, la competencia es estatal. En la zona hace mella la comparativa con la presa extremeña de Valdecaballeros, que ha conseguido el plácet del Ministerio para que la Presidencia regional le busque otro destino. En Aragón no están dando esa opción, al menos de momento. Este periódico ha tratado de recabar la opinión del Miteco, que prefiere aguardar la resolución expeditiva que marque si hay o no derribo y quién correrá con los gastos.

Los Toranes ha recobrado actualidad en la campaña al 28M, siendo un rincón predilecto para entonar eslóganes interesados, pero en la batalla por la longevidad de la presa «no hay –dice el regidor de Olba– colores: azules, verdes, rojos... Aquí, en esto vamos a una».

Buscan nuevos usos

Claro que hay matices. La presa divide a la opinión científica y ecologista. También entre los vecinos esa escisión queda patente en las pancartas que cuelgan de algunos balcones. Las resistencias se manifiestan en el pulso entre Mijares Vivo (y, dentro, Acequias Vivas), que acaba de ver desestimado su último recurso interpuesto frente a la decisión de derribo, informa a este periódico su vicepresidente Javier Marín; y El Mijares no se toca (de Ecologistas en Acción), que defiende lo contrario en pro del caudal del río y sus especies.

Los ecologistas se amparan en un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de 2019, que detalló que las aguas del río están afectadas por la presa y que del embalse salen canales de riego que estarían dañando la biodiversidad de la zona. Ese informe plantea que el mantenimiento de Los Toranes es contrario al interés público, al actual plan hidrológico, a las exigencias medioambientales y pone en solfa su rentabilidad.

En cambio, otro informe, éste encargado por los ayuntamientos, saca a la luz otros réditos: que una alternativa viable es posible y que hay que devolver la vida a la presa como depósito de agua imprescindible para la lucha contra los incendios, como se demostró en el reciente fuego que asoló la linde de Castellón y Teruel. Subrayan que a veinte kilómetros se encuentra el embalse del Arenoso, por lo que tirar la instalación no impedirá interrumpir el cauce del río aguas abajo. Los alcaldes desafían a la vicepresidenta Ribera: «Rectificar es de sabios».