PP, Vox y Cs se comprometen al fin de la inmersión lingüística en Baleares

La plataforma nacional -a la que están adheridas las asociaciones baleares PLIS. Educación, por favor y Societat Civil Balear- envió un sondeo a las principales formaciones políticas para forzarles a definir su postura en temas polémicos de cara a las elecciones autonómicas y locales del próximo 28 de mayo.

En el cuestionario, Escuela de Todos planteó cuestiones sobre la posibilidad de estudiar en castellano, las evaluaciones externas o una efectiva selectividad bilingüe, entre otros asuntos que «preocupan» a las familias. Tras dos semanas de espera y varios requerimientos, ni PSIB, Podemos, ni MÉS, ni el PI han respondido, lo que a juicio de la entidad demuestra «el desinterés por los asuntos planteados».

«La derogación de la inmersión obligatoria y la obligación de evaluaciones externas censales al final de cada etapa son los principales focos de conflicto», apunta Escuela de Todos, que prevé un «escenario de conflictividad educativa, gobierne quien gobierne».

A pesar de diferencias entre el PP, Cs y VOX, los tres partidos forman un bloque que apuesta por el fin de la inmersión lingüística obligatoria, la neutralidad ideológica, la excelencia académica demostrada en evaluaciones externas y censales final de etapa y comunes para todas las comunidades autónomas, la libre elección de modelo para los alumnos con necesidades educativas especiales, zona única escolar por isla, con posibilidad de dos zonas en Mallorca y potenciación de las competencias estatales a través de la Alta Inspección Educativa.

De la lectura de los programas electorales de los demás partidos, que no han respondido la encuesta, se extrae la conclusión de que todos ellos forman otro bloque con planteamientos contrarios, pues defienden la inmersión obligatoria en catalán, la no implantación de evaluaciones externas censales final de etapa y obligatorias, la no armonización con el resto de las CCAA de las evaluaciones externas ni de las pruebas de acceso a la universidad, la división de cada isla de múltiples zonas escolares y la no potenciación de las competencias estatales a través de la Alta Inspección Educativa.

Escuela de Todos cree que, tras las elecciones de mayo, el entendimiento entre los diversos partidos para lograr un pacto educativo estable será «muy difícil» y que, en caso de que la mayoría que forme gobierno dependa de los partidos PP, Cs o VOX o del resto de los partidos que forman parte o apoyan el actual gobierno, la conflictividad educativa está asegurada.

En el ámbito lingüístico PP, Cs y Vox coinciden en que hay que terminar con la inmersión obligatoria en catalán y dar al castellano una calificación inequívoca de lengua vehicular, sin que exista tratamiento privilegiado del catalán. Dando así el obligado cumplimiento a las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Mientras que el PP defiende la libre elección de lengua en la primera enseñanza y un equilibrio 50-50 en el resto de las etapas, VOX y Cs declaran voluntad de extender la libre elección de lengua a ESO y Bachillerato, de tal manera que los padres puedan escolarizar a sus hijos en catalán, en castellano o en un modelo bilingüe.

Es unánime en los tres partidos garantizar de forma inequívoca que los alumnos de necesidades educativas especiales puedan cursar siempre la enseñanza en la lengua oficial de su elección, al igual que las pruebas de acceso a la universidad se redacten incluyendo los dos idiomas en todos los exámenes.

En cuanto a las modalidades lingüísticas insulares, el PP propone el estudio de las modalidades insulares. Cs y VOX van más allá y sostienen que las modalidades deben ser incluidas en el estándar normativo, con la consecuencia de que deben utilizarse como vehiculares, en detrimento del catalán considerado actualmente estándar. Aunque no han respondido las preguntas de la encuesta, el resto de los partidos PSIB, Més, Podemos y PI mantienen en sus programas educativos «relegar el castellano a una presencia residual y seguir con la inmersión obligatoria en catalán», apunta Escuela de Todos.

PP, Cs y VOX coinciden en la necesidad de aplicar en los centros educativos la debida neutralidad política e ideológica. También aprueban las evaluaciones externas al final de cada etapa educativa para mejorar el nivel académico de los centros, publicación de resultados.

En cuanto a las pruebas selectividad, PP, Cs y Vox apoyan un único modelo de examen de acceso a la Universidad en todas las comunidades autónomas. Sólo difieren en la necesidad de publicar los resultados, pues mientras Cs y VOX sostienen que deben publicarse en la web de cada centro los resultados de las evaluaciones externas referentes al centro, incluidas las pruebas de acceso a la universidad, el PP no es partidario de publicarlos.

Basándose en los programas y declaraciones de los líderes de los partidos que no han respondido a la encuesta, PSIB, Més, Podemos y PI se recoge de forma inequívoca que no haya evaluaciones externas censales ni que se publiquen.

Los tres partidos, PP, Cs y VOX defienden la necesidad de establecer una zona escolar única en cada isla, con la posibilidad de dos en Mallorca, para evitar los guetos escolares y no obligar a las familias a estudiar en un centro cercano a su domicilio. El resto de los partidos quieren múltiples zonas escolares y la obligación de que los alumnos estudien en un centro cercano a su domicilio.

Sobre los alumnos con necesidades educativas especiales, PP, Cs y VOX reclaman que las familias de alumnos con necesidades educativas especiales puedan elegir escolarizar a sus hijos en centros especiales, centros ordinarios y modelo de educación combinada, frente al modelo que la llamada Ley Celáa establece dando preferencia a la escolarización en centros ordinarios. «Como se ha dicho anteriormente, también declaran que se debe blindar que la lengua vehicular de estos alumnos sea siempre la lengua materna, siempre que sea oficial», apunta Escuela de Todos.

De la encuesta se desprende también que PP, Cs y VOX quieren potenciar la Alta Inspección Educativa (AIE) para garantizar la efectividad de las competencias que tiene constitucionalmente el Estado en el sistema educativo español, corrigiendo la actual debilidad de la AIE, sin apenas recursos y con difusas competencias