El PP lleva al Congreso una ley para frenar las agresiones contra el personal sanitario

Tal como recoge en su exposición de motivos, con esta ley se pretende crear un marco regulatorio específico «que proteja a los profesionales sanitarios y ofrezca y refuerce su seguridad, tanto en el sector público como en el privado». Así, la propuesta de los populares establece que cada servicio de salud o empresa deberá contar con un plan de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario que, entre otras cosas, introducirá medidas como la instalación de cámaras de videovigilancia en pasillos o salas de espera, dispositivos de alarma en las consultas u otras destinadas a prevenir las actitudes violentas, como la inclusión en la historia clínica del paciente de sus antecedentes de violencia contra sanitarios.

Todo acto violento que tenga consecuencias para la vida o la salud de los profesionales sanitarios, sean estas permanentes o transitorias, dice el texto, pasará a considerarse accidente de trabajo. La víctima deberá comunicar inmediatamente la agresión a su jefe o, a más tardar, en un plazo de 24 horas. Para ello se empleará un formulario que se presentará ante el servicio de prevención y que, entre otros datos, contendrá información sobre el tipo de agresión que se ha producido, los testigos que la han presenciado, las posibles causas, las actuaciones posteriores y las medidas de prevención que se aplican en el lugar de trabajo.

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Los trabajadores que sufran estas agresiones deberán tener a su disposición un servicio específico de apoyo psicológico, así como otro encargado de tramitar directamente con el Ministerio Fiscal las denuncias que se presenten. En los casos de trabajadores agredidos en la sanidad pública, el Servicio de Salud se presentará como acusación particular en las causas penales.

La norma también contempla un seguro colectivo que garantice a las víctimas de las agresiones la gratuidad de los servicios jurídicos, así como el resarcimiento económico de los perjuicios físicos o psíquicos derivados de la violencia que haya sufrido. En esta línea, estos trabajadores podrán solicitar el traslado de servicio, unidad o centro sanitario.

La proposición de ley establece además la creación de una figura encargada de velar por el cumplimiento de la norma: el delegado de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, que será nombrado por los representantes de los trabajadores. La norma también otorga derechos y obligaciones para los profesionales sanitarios. Entre los primeros, destaca la presunción de veracidad para el trabajador cuando el hecho violento se haya producido sin testigos.

También se creará un Registro Nacional de actos de violencia en el ámbito sanitario que dependerá del Ministerio de Sanidad y al que además de la agresión se deberá notificar las identidades de la víctima y del agresor.

Los planes de prevención de los centros o sistemas de salud tendrán también que garantizar la protección específica frente a la violencia de los trabajadores que por sus características personales o físicas puedan ser propicios a sufrirla, apunta la propuesta, que hace hincapié en las personas con discapacidad. Del mismo modo, se adoptarán medidas específicas para el personal que por sus condiciones de trabajo se considere más expuesto a estas agresiones.

Ese plan de prevención, prosigue el texto, también contendrá medidas de carácter reactivo para aplicarse una vez se ha producido el acto violento o de carácter organizativo sobre aspectos del funcionamiento del centro que puedan generar riesgo de agresiones, como la reducción de los tiempos de espera. También contempla medidas de formación e información para los trabajadores.

Las disposiciones adicionales de la propuesta contemplan también la creación de una campaña de sensibilización por parte del Ministerio de Sanidad con el objetivo de aumentar el respeto hacia el personal sanitario. Estas campañas se repetirán, al menos cada dos años. La norma también emplaza a la puesta en marcha de un observatorio nacional contra la violencia en el ámbito sanitario que tendrá como misión analizar y mejorar las medidas para acabar con estas agresiones.