El PP enmienda toda la ley de Universidades por «opaca», «endogámica» y de «dudosa constitucionalidad»

El proyecto de ley de Universidades se aprobó en segunda vuelta el pasado 21 de junio en Consejo de Ministros con varias modificaciones introducidas por el ministro Joan Subirats respecto al texto que 'heredó' de su antecesor, Manuel Castells.

Por ejemplo, el nuevo texto que se debate también este jueves en el Pleno del Congreso, convierte en indefinidos a 25.000 profesores asociados. Esta medida forma parte de otra más grande: la de reducir del 40 al 8 por ciento el máximo de contratos temporales del personal docente e investigador que pueden estar vigentes en las universidades públicas. Los asociados son aquellos, tal y como señala la ley, «especialistas y profesionales de reconocida competencia que ejercen su actividad principal fuera del ámbito académico universitario», es decir, tienen un trabajo fuera del mismo.

Para el PP esta medida lo que hace es «garantizar un contrato indefinido a quien ya tiene un empleo fuera de la universidad (porque es preceptivo que lo tenga) y reduce los recursos para que las universidades puedan planificar las plantillas, sus estrategias y para que pueda garantizarse una carrera académica en tiempos razonables sin renunciar a la excelencia deseable y exigible para los profesores e investigadores universitarios, así como el respeto al principio de igualdad de trato en el sistema universitarios».

Agregan, además, que la medida «se ha hecho con total opacidad, de espaldas a universidades, comunidades y sindicatos, incorporándolo a un texto desconocido para todos ellos que ha entrado de inmediato en el Congreso». De hecho, los rectores tardaron en reaccionar al contenido de la ley pero no dudaron posteriormente, en un comunicado, en criticar esta decisión.

Otra medida que no hay gustado al partido liderado por Feijóo es que mientras se mete 'por la puerta de atrás' a miles de asociados, «los doctores que obtuvieron plaza de ayudante, personal formado para ser docentes e investigadores universitarios, mantendrán su carácter temporal, aunque no computarán como tales».

La combinación de ambas medidas es, para el PP, un «despropósito (...) que acaba con cualquier posibilidad de planificación de una plantilla de excelencia», además de incrementar la «conflictividad laboral», «potenciar la endogamia» y «abrir importantes diferencias entre universidades dependiendo de la comunidad autónoma a la que pertenezcan».

Por otro lado, la norma prevé que Estado y comunidades acuerden un «un plan de incremento del gasto público en educación universitaria pública que será como mínimo el 1 por ciento del Producto Interior Bruto». La norma agrega que para este fin «se creará una comisión que establecerá dicho plan de incremento de la financiación al sistema universitario público hasta alcanzar el objetivo mencionado».

Para el PP se pretende resolver el problema de la financiación «determinando un mínimo de un 1 por ciento de financiación sin haber dedicado tiempo a un diálogo previo, reposado, sincero y pragmático con las comunidades. Tratar de resolver la indefinición incorporada en la ley con la remisión a una comisión o grupo de trabajo futuro es tanto como certificar que no se sabe si se hará o como se hará, siendo el recurso a comisiones en general el claro síntoma de aquello que no se producirá».

Por otro lado, la norma da más poder a las agencias autonómicas en perjuicio de la estatal, la Aneca. «El acceso a los cuerpos docentes universitarios exigirá, además del título de doctor, la previa obtención de una acreditación estatal por parte de Aneca que, valorando los méritos y competencias de las personas aspirantes, garantice la calidad en la selección del profesorado funcionario. La Aneca acordará, mediante convenio, la evaluación de dichos méritos y competencias por parte de las agencias de calidad autonómicas », dice la norma.

Esta es otra de las fuertes críticas a la ley y por la que se enmienda: «Atribuye a las agencias autonómicas competencias que hasta ahora estuvieron reservadas a la Aneca y así debieran mantenerse en defensa de la pervivencia de un sistema universitario sólido y del principio de igualdad».

«La ausencia de un marco común en las acreditaciones genera problemas de equidad, de movilidad, de homologación, de falta de criterios homogéneos y desiguales tasas de éxito, que ya se han experimentado a medida que crece la disgregación de los entes evaluadores. Se atribuyen, de otro lado, competencias de dudosa constitucionalidad a las agencias autonómicas para la evaluación que de lugar a la acreditación preceptiva para el acceso a plazas de funcionarios de la administración general del Estado», agregan.

Como hizo el Gobierno con la 'ley Celaá', el PP recuerda que la ley de Universidades tampoco se ha enviado al máximo órgano consultivo del Gobierno, el Consejo de Estado. "Incomprensible que en textos tan relevantes y que afectan a derechos fundamentales, el Gobierno eluda el criterio técnico del alto órgano consultivo y recurra por sistema a la declaración de urgencia en su tramitación". Además, recuerdan que este órgano ya le advirtió al Gobierno de que se estaba produciendo una alteración de la jerarquía normativa al aprobarse antes que la futura ley orgánica los reales decretos 640/2021 y 822/2021 que deberían, en realidad, emanar de esta y no ser posteriores a ella.