El PP eliminará de la 'ley Celaá' el ataque a los centros de educación especial

¿Qué dice esta disposición? Alude, de forma ambigua, a la intención de dotar de recursos a los centros ordinarios para que, en el plazo de diez años, puedan atender a los alumnos con discapacidad, mientras que los centros de educación especial se quedarían solo para casos «de atención muy especializada», es decir, alumnos con muy graves discapacidades.

En la reunión que tuvo lugar el jueves en Génova esta plataforma estuvo presente así como prácticamente toda la comunidad educativa: sindicatos; patronales de la concertada (CECE; Escuelas Católicas); familias (Cofapa); representantes de la escuela pública; de la educación especial; inspectores (USIE) y un largo etcétera. «La educación para nosotros es uno de los pilares sobre los que sustentar el futuro de nuestro país, España tendrá futuro si tenemos una buena educación», dijo la secretaria general del partido a ABC, Cuca Gamarra que lideró la reunión junto a la diputada Sandra Moneo y Borja Sémper. «En esta campaña, que es distinta por el adelanto electoral, era fundamental que existiera este encuentro», añadió.

Durante la reunión se escucharon propuestas, se esbozaron algunas propuestas del partido y se puso hincapié en que «lo fundamental es revisar las leyes educativas pero dentro de un acuerdo, consenso y diálogo y terminar con los enfrentamientos. También queríamos escuchar las reflexiones y demandas del sector», añadió Gamarra.

Otro de los temas que se han tratado, ya anunciados por Feijóo es la extensión de la gratuidad de la educación infantil de 0-3 años. Cuando el candidato a la presidencia anunció esta cuestión, la ministra de Educación, Pilar Alegría, le reprochó que ya lo habían hecho ellos. El problema es que la 'ley Celaá' añade otra disposición (la tercera) donde alude a esta extensión solo a través de plazas públicas. Lo que quiere hacer el PP es extenderla también a través de centros financiados con fondos públicos.