El PP devolverá el derecho de los padres a elegir centro para sus hijos

En la reunión que tuvo lugar en Génova el pasado jueves con toda la comunidad educativa, el PP deslizó el tema de la demanda social y que ha confirmado ABC: si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa recuperará la demanda social en la 'ley Celaá'. Es decir, la norma actual no se derogará pero sí sufrirá modificaciones y esta es una de las de mayor calado.

Desde el partido, en cualquier caso, hubo reticencias a la hora de poner sobre la mesa la frase 'demanda social' porque son conscientes de que es una apuesta que puede generar críticas, por parte de los críticos con los centros financiados con fondos públicos. Incluso, según ha podido saber este periódico, se baraja devolver al texto legal educativo la demanda social sin mencionarla expresamente.

El PP no está dispuesto a abrir polémicas que les puedan poner en aprietos. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, recordó a ABC que en la reunión se puso énfasis en que «lo fundamental es revisar las leyes educativas pero dentro de un acuerdo, consenso y diálogo y terminar con los enfrentamientos». Además, agregó que el objetivo del encuentro no fue solo deslizar propuestas sino «escuchar las reflexiones y demandas del sector».

A esta participó prácticamente toda la comunidad educativa: sindicatos; patronales de la concertada (CECE; Escuelas Católicas); familias (Cofapa); representantes de la escuela pública; de la educación especial; inspectores (USIE) y un largo etcétera. «La educación para nosotros es uno de los pilares sobre los que sustentar el futuro de nuestro país; España tendrá futuro si tenemos una buena educación», enfatizó Gamarra que lideró el encuentro junto a la diputada popular Sandra Moneo y el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper. «En esta campaña, que es distinta por el adelanto electoral, era fundamental que existiera este encuentro», añadió Gamarra.

El artículo 109 no fue solo motivo de polémica cuando desapareció la demanda social. Durante la tramitación parlamentaria de la ley, que no contó con la participación de la comunidad educativa para su debate, este artículo sufrió más cambios que tampoco gustaron a la concertada.

Fruto de una cesión del PSOE a Podemos, se añadió un apartado, el quinto, que señala que «las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública». Entonces, PP, Cs, UPN, Vox, Foro Asturias y Coalición Canaria apoyaron una enmienda de PNV y Junts per Catalunya que intentaba rescatar con una enmienda a la concertada incluyéndola en el ya mencionado apartado quinto. El texto modificado iba a salir adelante con una abstención de ERC que nunca se produjo. El partido independendista le dijo entonces a la concertada que entendía «la grave situación» pero que tenía «ya comprometidos varios pactos sobre otros temas» que no se podían «poner en peligro».

Otra de las grandes novedades que anunció el PP es el apoyo a los centros de educación especial. ¿Cómo lo harán? Comprometiéndose a derogar la disposición adicional cuarta de la Lomloe. Esta disposición alude, de forma ambigua, a la intención de dotar de recursos a los centros ordinarios para que, en el plazo de diez años, puedan atender a los alumnos con discapacidad, mientras que los centros de educación especial se quedarían solo para casos «de atención muy especializada», es decir, alumnos con muy graves discapacidades. Esta disposición también generó en su día una ola de críticas, y asociaciones como 'Plataforma Inclusiva Sí, Especial también' formada por personas con discapacidad intelectual, sus familias y docentes salieron a las calles.

Otro de los temas que se abordaron en el encuentro en Génova, pero que ya habían sido anunciados previamente por el presidente del PP, es la extensión de la gratuidad de la educación infantil de 0-3 años. Cuando el candidato a la presidencia anunció esta cuestión, la ministra de Educación, Pilar Alegría, le reprochó que ya lo había hecho el Gobierno actual.

El problema es que la 'ley Celaá' añade otra disposición (la tercera) donde alude a esta extensión solo a través de plazas públicas. Esta dice, concretamente: «En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, elaborará un plan de ocho años de duración para la extensión del primer ciclo de educación infantil de manera que avance hacia una oferta pública suficiente y asequible con equidad y calidad y garantice su carácter educativo».

Lo que quiere hacer el PP es extender la gratuidad del 0-3 también a los centros financiados con fondos públicos, algo que ahora no menciona la norma. Sin embargo, al ser consultadas fuentes del partido sobre si iban a derogar también esta disposición adicional han preferido no pronunciarse.