La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a la cría y venta ilegal de cachorros

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Carmen Aniorte

La Real Sociedad Canina de España (RSCE), recomienda a aquellos que han optado por comprar informarse a través de asociaciones caninas para no alimentar el comercio ilegal, que afecta a 2,4 millones de cachorros al año en Europa

Los agentes también encontraron abundante documentación acreditativa de los ilícitos, cartillas veterinarias selladas pero sin rellenar, cuatro sellos veterinarios, pegatinas de vacunas además de una gran cantidad de medicación tanto de uso veterinario como humano, e incluso caducada, que iba destinada a los animales.

En total fueron detenidas ocho personas en las provincias de Madrid y Girona como presuntos responsables de los delitos de maltrato animal continuado, estafa, intrusismo profesional, falsificación documental y pertenencia a organización criminal, se intervinieron 3.000 euros en efectivo y se bloquearon cuentas y depósitos bancarios gestionados por la organización, según indica la Policía Nacional en una nota.

Asimismo, en las cuatro entradas y registros llevadas a cabo se intervinieron pasaportes y cartillas veterinarias, talonarios de recetas, sellos veterinarios y medicamentos entre otros efectos, y se bloquearon cuentas bancarias y depósitos de la organización en cuatro entidades financieras.

La investigación se inició, por parte del grupo especializado en la lucha contra delitos contra el medio ambiente de la Policía Nacional, tras recibir información relativa a la existencia de una organización dedicada a la importación de cachorros de perros desde países de Europa del Este y que, una vez en España, eran vendidos con documentación falsificada.

Durante las labores de investigación, se logró ubicar e identificar a los presuntos responsables de la organización, que conformaban una estructura piramidal con dos líderes principales, lo que permitió realizar una estrecha vigilancia y seguimiento, así como poner los hechos en conocimiento de la fiscalía especializada de medio ambiente y dando lugar a la apertura de diligencias previas por el correspondiente Juzgado de Instrucción competente de los de Navalcarnero.

Los investigadores pudieron averiguar que la organización adquiriría los animales bien, adquiriéndolos en «granjas» de Eslovaquia o Hungría o por otro comprándolos a criadores nacionales. Los animales que adquirían fuera de España venían hacinados en transportes por carretera, para lo que realizaban trayectos superiores a las 15 horas.

Además, las cartillas correspondientes a cada animal contenían alteraciones, tenían una edad inferior a la permitida y sufrían multitud de afecciones o enfermedades que la organización conocía, siendo almacenados hasta que eran vendidos y en muchas ocasiones no informaban al cliente sobre el origen o estado de los animales.

En cuanto a los animales de proveedores nacionales ubicados por toda la geografía española, tras contactar con el criador y llegar a un acuerdo, establecían la forma de tener físicamente los mismos. Una vez establecida una relación de confianza con el criador, era el momento de pedirle que adelantase la fecha de nacimiento del animal en la cartilla o incluso pedir que le diese dicho documento sin rellenar. Una vez que la organización adquiría los animales, los hacían llegar a los diferentes establecimientos de cría y comercio ubicados en Madrid y Cataluña.

Durante la estancia de los animales en los establecimientos, eran sometidos a diferentes tratamientos y vacunas rellenando las cartillas sanitarias previamente adquiridas, valiéndose para ello de una veterinaria de su confianza, cuyo sello utilizarían para otros trámites como sellar las vacunas, certificados de salud de los animales o incluso para adquirir los medicamentos para los que fuere necesaria prescripción veterinaria, algo que daba un aspecto legal a multitud de documentos.

Vendían todos los animales, estuvieran sanos, enfermos o incubando enfermedades infectocontagiosas, lo que incluso provocaba en ocasiones que al poco tiempo de la venta el animal muriese. El primer contacto para la venta lo realizaban a través de anuncios en plataformas de comercio electrónico o a través de una web creada por la organización.

Posteriormente, el traslado de los animales se realizaba sin contar con autorización, en vehículos no habilitados y durante largos trayectos, cosa que hacía que los animales tuvieran que estar en el vehículo durante más de ocho horas, en un espacio reducido, sin salir e incluso sin comida o bebida.

Además, los animales que vendían, en diversas ocasiones lo hacían entregando una cartilla preparada por los integrantes de la organización, igual que el certificado de salud y presuntamente falseando tanto la edad del animal, como su estado de salud o incluso la raza real.

Durante la explotación de la investigación resultó fundamental la colaboración de distintas asociaciones y entidades protectoras de animales incluidas las contratadas por los diferentes ayuntamientos donde se realizaron las intervenciones, la del Área de Protección Animal de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Derechos de los Animales y la de los servicios veterinarios de la Policía Nacional.

Durante los últimos seis meses se ha llevado a cabo el rescate de más de medio millar de animales, principalmente cachorros de perros, en distintas operaciones llevadas a cabo por toda la geografía española.