Los pescadores continuarán la batalla contra al eólica marina en el Constitucional

El choque entre la pesca y el despliegue de las renovables estalló hace algo más de un año, cuando el Consejo de Ministros aprobó los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), que identifican las zonas prioritarias de pesca, de transporte o de protección de la biodiversidad y, sobre todo, reservan 5.000 km2 para el despliegue de la energía eólica marina. Estos documentos eran un paso fundamental para la instalación de la renovable offshore, pero las zonas elegidas hicieron saltar las alarmas del sector pesquero. En la demarcación noratlántica, frecuentada por la flota pesquera gallega y asturiana, se habilitaron hasta ocho áreas para el despliegue de la eólica marina y eran más de la mitad del total del espacio destinado al despliegue eólico marino en España.

La Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos interpretó que el Gobierno no había tenido en cuenta sus áreas de actividad ni tampoco había demostrado que el despliegue de la eólica no tuviera afectación a la fauna, así que decidió recurrir a los tribunales.

El Supremo rechazó los reproches hechos por el sector pesquero sobre la arbitrariedad y la «desviación de poder» del Gobierno para favorecer a las energéticas. «Los planes recurridos, como en ellos se refleja, han tomado en consideración en sus decisiones de ordenación una copiosa información atinente a la actividad pesquera, y obligan además -y lo hacen de forma recurrente- a tener en cuenta en todo momento la actividad pesquera desarrollada en las zonas seleccionadas para la energía eólica, interacción o solape que deberá resolverse al tiempo de la autorización de los correspondientes proyectos, conforme a su legislación sectorial y ambiental», destacaba la sentencia.

No está de acuerdo el sector pesquero, que en un comunicado este lunes afirma que «el hecho de que el Supremo no haya admitido que se aporten como prueba informes del Instituto Español Oceanográfico, del Ministerio de Agricultura y del Ministerios para la Transición Ecológica sobre el impacto de la eólica marina en los ecosistemas marinos y caladeros de pescar es una grave infracción procesal«, ya que, a su entender, «al no poder contar con todos los medios de prueba que acreditan la vulneración del principio de precaución de esta sentencia« supone una »clara vulneración del articulo 24 de la Constitución por lo que será recurrida pidiendo su anulación«.

Los pescadores piden, además, más información sobre cómo las vibraciones, el ruido o la energía electromagnética pueden afectar a las campañas de bonito, caballa, sardina y boquerón; así como elaborar stocks sobre las especies presentes en la zona y su situación biológica. «Toda esta información ha sido despreciada y el Tribunal Supremo ha considerado de forma arbitraria que toda esa información era 'totalmente innecesaria y absolutamente desproporcionada' según palabras textuales del auto desestimatorio de estas pruebas solicitadas en su día en tiempo y forma»

Mientras, los pescadores continuarán con las concentraciones en los puertos pesqueros y piden al Ministerio para la Transición Ecológica que paralice la implantación sobre la eólica marina.