«Soy una víctima más de la dictadura lingüística»: la Justicia avala el despido del cocinero del Ayuntamiento de Barcelona por el catalán

Manuel se siente «una víctima más» de la dictadura lingüística que hay en Cataluña y asegura, en declaraciones a ABC, que tras su despido hay, por parte del ayuntamiento, «una represalia por plantarme ante la exigencia del catalán«. Está también convencido de que el consistorio «quería quitarme de en medio, ya que pretendía externalizar el servicio y les molestaba».

Según la sentencia del Juzgado de lo Social 32 de Barcelona, a la que ha tenido acceso ABC, la jueza desestima la demanda del cocinero andaluz, que pidió que se declarara nulo el despido «por vulneración de derechos laborales» y por «incurrir en fraude de ley», y arguye que «la constitucionalidad de la exigencia del catalán está pues reconocida por el Tribunal Constitucional (TC), con la salvedad de que no se utilice de manera desproporcionada en el caso concreto, pudiendo acudir a la jurisdicción ordinaria para apreciar la discriminación o en su caso al recurso de amparo».

En su fallo, la juez desestima la alegación de «discriminación por razón de lengua» y «considera que tenía que haber impugnado las bases, no sólo el despido. Así pues, dado que Manuel no recurrió las bases del concurso, no se estima esta demanda», señala en declaraciones a este medio el letrado Ángel Escolano, quien avanza que recurrirán el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La sentencia fija la indemnización en 20 días por año trabajado con un límite de un año de salario.

Escribano fue contratado por el Ayuntamiento barcelonés en 2007 y tras encadenar varios contratos, logró alcanzar la categoría de personal laboral en 2014. A finales de 2022 el consistorio catalán inició un proceso de estabilización mediante concurso de méritos, en el que estaba incluida su plaza. Para adquirirla, sin embargo, era necesario acreditar un nivel B2 de catalán, a pesar de que el profesional trabajaba solo en los fogones y su función era solamente cocinar.

Manuel aprobaba, según afirma en declaraciones a ABC, cada año los cursos organizados por el Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL). Ese año, el ayuntamiento le exigió el B2 y convocó una prueba propia, paralela a las del Consorcio, para sus trabajadores. Ni él ni otros interinos municipales la aprobaron.

El examen tuvo lugar el 29 de septiembre de 2023. «Salí con buenas sensaciones, de hecho poco después, el 21 de diciembre, aprobé el examen del CPNL, que no es fácil. Sin embargo en la revisión del examen del ayuntamiento veo que estaba suspendido. Es raro». Para colmo, el despido se notificó en enero cuando estaba de baja por un problema en un ligamento.

El 9 de enero de 2024 el cocinero firmó el despido con la promesa, según apunta en declaraciones a ABC, «de que me cogerían cuando hubiera pasado la penalización». No ocurrió y transcurrido ese tiempo le comunicaron que su plaza había sido amortizada. «Firmé el despido con el titulo de B2 del CPNL en la mano pero no me hicieron caso. Ellos remitían a su prueba y, según ellos no la había superado», dice Manuel, que pidió insistentemente el examen y no se lo concedieron.

«Fueron más listos y me hicieron la prueba antes para quitarme de enmedio. Buscaban un despido barato. Adelantaron la prueba para que no tuviera el certificado. Querían amortizar la plaza y hacerla externa. Prueba de ello es que me prometieron que me cogerían de nuevo cuando pasara el tiempo de penalización y, pasado el tiempo, me comunicaron que mi plaza estaba ya amortizada», asegura en declaraciones a este diario. A día de hoy el servicio de cocina del consistorio barcelonés está externalizado.

El caso de Manuel no es único, otros 11 trabajadores municipales tampoco han podido optar a la plaza de funcionario por el mismo motivo, según admitieron en declaraciones a este diario fuentes municipales. El caso de José Joaquín Sánchez, músico del Ayuntamiento de Barcelona desde 1997 al que el consistorio barcelonés no hizo fijo por no dominar el catalán es otro. Al igual que Escribano, Sánchez presentó un recurso contencioso-administrativo contra el ayuntamiento al considerar que la base del citado concurso que exige como condición para acceder a la plaza el requisito lingüístico «atenta contra la Constitución». Apeló a las bases del concurso y está pendiente de sentencia.