Todos los partidos, menos PP y Vox, quieren que se limite la creación de nuevas universidades
Se ha aprobado una proposición no de ley que, entre otras cosas, insta al Gobierno a modificar la actual ley universitaria
Se plantea que el informe que emite la Conferencia General de Política Universitaria antes de abrir cualquier campus sea vinculante
La universidad pública se abarata para los buenos estudiantes
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Iniciar sesiónLa Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades ha aprobado una proposición no de ley de Sumar para modificar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El texto, al que ha tenido acceso ABC, propone modificar la citada ley para endurecer la creación de nuevas universidades ... .
En concreto, lo que se plantea es que el informe que emite la Conferencia General de Política Universitaria antes de abrir cualquier campus sea vinculante. A pesar de que en la enmienda no se menciona a la universidad privada, esta sería la más afectada si se llega a incluir la enmienda en la LOSU. Entre 2020 y 2024, la Comunidad de Madrid, Canarias y Andalucía autorizaron la creación de tres universidades privadas a pesar de contar con un informe desfavorable de la Conferencia General de Política Universitaria, presidida por la ministra Diana Morant. Fueron la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (Udit) en Madrid, la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo en Málaga (Utamed) y la Universidad Tecnológica de Canarias (Tech).
La iniciativa, que ha incluido una enmienda transaccional con los socialistas, ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts y Podemos, la abstención del PNV y los votos en contra de Partido Popular y Vox.
Asimismo, la proposición no de ley pide al Ejecutivo «fortalecer los instrumentos de seguimiento y establecer mecanismos de fiscalización y sanción, en el caso de incumplimiento de los requerimientos de calidad exigidos para todas las universidades». Algo que también parece orientado a controlar la creación de nuevos campus privados.
El texto también propone dar cumplimiento al mandato de financiación del Sistema Universitario Público con el equivalente al 1% del PIB contenido en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, «con la necesaria participación de las comunidades autónomas como administraciones competentes para el establecimiento de los planes plurianuales de financiación». La comisión también ha aprobado seguir incrementando las dotaciones económicas para el sistema de becas y ayudas al estudio.
Por último, el Congreso insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que las métricas del sistema universitario no estén orientadas en exclusiva a lo académico, sino que se evalúen también elementos como la igualdad de oportunidades, el desarrollo del entorno o el compromiso social de los campus.
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