El Parlamento Europeo propone «replantear el sistema» tras el escándalo de prostitución de menores tuteladas en Baleares

El documento, al que ha tenido acceso ABC, subraya la necesidad de modificar la gestión de la tutela a menores y presenta 15 conclusiones de corte genérico. La necesidad de buscar un consenso tras las graves discrepancias entre los grupos políticos ha hecho que el informe evite señalar responsables, no aclare si hubo una red de explotación de menores e insista en que es un problema «multifacético y de dimensión europea». De este modo, se han suavizado las «conclusiones controvertidas» que profetizó el presidente de la comisión, el eurodiputado popular alemán Peter Jahr hace casi cinco meses cuando se trasladó a las islas con una delegación de nueve eurodiputados.

Tras varios meses en barbecho recopilando toda la información, la principal reclamación de la misión del Parlamento Europeo es «replantear el sistema de protección de menores tutelados a nivel autonómico, nacional y europeo» y crear en las Islas centros de protección específicos de menores con menores de conducta.

La delegación llegada desde Bruselas plantea mejorar los protocolos de actuación y la coordinación entre las instituciones después de que varios representantes de la Policía y la Guardia Civil reconocieran que es «obtusa» y «mejorable». Asimismo, solicita crear en Baleares «centros de protección específicos de menores con problemas de conducta» y subrayan que el escándalo en el archipiélago es «multifacético y necesita una acción integral por parte de las autoridades competentes».

El informe no aclara si en Baleares hubo o no una red de prostitución de menores tuteladas pero pide «no confundir la existencia de una organización o grupo criminal con la existencia de redes de comunicación TIC [nuevas tecnologías de la comunicación] entre personas con las mismas aficiones o motivaciones». Pese a ello, la misión solicita «adaptar los sistemas de protección a los nuevos perfiles generacionales de los menores que tienen un gran potencial de comunicación a través de las TIC, lo cual implica nuevos mecanismos de información y reflexión».

El documento es una primera versión, ya que los eurodiputados tienen hasta el próximo día 16 para presentar sus alegaciones y tratar de llegar a un acuerdo.

Sin embargo, en su redactado actual se insiste en que la explotación sexual infantil es un «problema con dimensión europea», asumiendo así las tesis del PSOE, que desde el primer momento ha torpeado esta misión considerándola «partidista y muy interesada». Los socialistas argumentan que es un problema global y no exclusivo de las Islas. De hecho, así lo defendieron la presidenta del Govern, Francina Armengol, y la consellera de Asuntos Sociales, la econacionalista Fina Santiago, que aseguraron en su declaración recogida en este informe que Baleares «es el único territorio de España donde se visualiza su verdadera dimensión». Tanto Armengol como Santiago presumieron de que las medidas impulsadas por su gobierno permiten que haya más denuncias gracias a «la formación impartida a los educadores».

El informe exige que el sistema de protección de menores en Baleares tenga una «mayor dotación en personal, fondos y profesionalidad de las plantillas». Así, reclama «readaptar los criterios formativos y de selección» y considera que los gobiernos insulares deben «asegurar la estabilidad de las plantillas en sus puestos de trabajo».

Además, la misión europea solicita tener más en cuenta a los padres, «poner el acento» en «la prevención, en la lucha contra el fracaso escolar y la drogadicción» y la impartición de educación sexual a los menores.

En sus conclusiones se dice que el problema de la explotación sexual de menores tutelados en Baleares es «multifacético y necesita una acción integral por parte de todas las autoridades competentes». «La complejidad de la situación exige reforzar la cooperación y mejorar la comunicación entre los diferentes actores, las instituciones de tutela, el IMAS, deben colaborar de forma estrecha y eficaz con la Fiscalía de Menores y las Fuerzas de Seguridad del Estado».

También se hace hincapié en la necesidad de atajar las fugas de los menores de los centros tutelados, al ser un «indicador de mayor peligro». En el caso de los menores especialmente amenazados, «debe considerarse la posibilidad de cambiar su entorno social».

Por último, se propone impulsar el número de familias de acogida más allá de los seis años «para favorecer la reinserción de los menores en la sociedad» o crear la figura del menor «mentor» como referente para otros menores en los centros.

El escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas trascendió la mañana de Navidad de 2019 cuando una adolescente de 13 años tutelada por los servicios sociales pidió auxilio a su monitora por WhatsApp y denunció que había sido víctima de una violación grupal. Poco después, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) reconoció tener bajo su tutela a 16 menores víctimas de explotación sexual, 15 niñas y un niño. Desde entonces la gestión del IMAS está en tela de juicio y se ha destapado la inacción del gobierno insular y la indiferencia del Gobierno balear mientras el goteo constante de denuncias de padres, niños y monitores sigue repitiéndose.

Los monitores y la Policía llevaban años alertando de esta lacra social en informes internos sin que los responsables del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que tienen la tutela de estos niños, lograran atajarla. Los encuentros sexuales entre los niños y proxenetas se producían en bares y pisos ubicados en los barrios más pobres de la capital balear, como Son Gotleu o Corea, y en determinadas plazas de la ciudad.