El Vaticano hace efectiva la disolución del Sodalicio tras años de abusos y maltratos

El Sodalicio ha dado interna y oficialmente la noticia con una nota en la que precisa que este lunes «el Superior General del Sodalicio ha firmado el decreto de supresión de nuestra comunidad en la sede del Dicasterio para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, en presencia de Sor Simona Brambilla, Prefecta del Dicasterio». «Con dolor y obediencia aceptamos esta decisión aprobada de manera específica por el Papa Francisco que pone fin a nuestra sociedad», aseguran en la nota oficial.

El decreto lleva fecha del 14 de enero. Aunque el Sodalicio lo conocía desde hace tiempo, el comisario Vaticano optó por esperar a entregarlo hasta tener una idea clara de cuáles eran las propiedades de fundaciones ligadas moralmente a la organización, pero sin un vínculo jurídico con ésta, para determinar si esas propiedades debían usarse como reparación a las víctimas y ayuda a miembros que dependieran económicamente de la institución.

A principios de abril fue firmado un decreto similar a dos ramas femeninas del Sodalicio, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, formada por laicas consagradas, y las Siervas del Plan de Dios, formada por religiosas. Además del Sodalicio, se suprimirá el brazo laico de la organización, el Movimiento de Vida Cristiana con sede en Estados Unidos, Filipinas, Ecuador, Colombia, Brasil, Italia, Chile y Costa Rica. El comisario vaticano que se ocupará de las organizaciones suprimidas es el sacerdote catalán Jordi Bertomeu, experto en Derecho canónico y oficial del Dicasterio de Doctrina de la fe.

A falta de que el Vaticano haga públicas las motivaciones oficiales, en el mensaje en el que anuncia su supresión el Sodalicio se dirige a las víctimas: «les reiteramos nuestro sincero perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad. Pedimos perdón también a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado. Confiamos en que los esfuerzos que hicimos en el proceso de reparación den frutos».

El itinerario que ha llevado a la supresión de esta institución parte de la investigación de los periodistas Pedro Salinas y la corresponsal de ABC Paola Ugaz, que recopilaron el testimonio de las víctimas de Figari y sus principales colaboradores, y sacaron a la luz esa falta de carisma y «sistema sectario abusivo». José Antonio Eguren, obispo emérito de Piura y Tumbes y miembro de la generación fundacional del Sodalicio, intentó recurrir sin éxito su expulsión decretada por el Dicasterio de Obispos.

Otro de los hechos que movieron la balanza en contra del Sodalicio fueron las campañas de desprestigio y las demandas contra los religiosos que fueron identificados por el Sodalicio como enemigos de la organización: el cardenal Robert Prevost que firmó la salida de Eguren y los miembros de la misión especial, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu. A Bertomeu se le demandó en la fiscalía de Jesus María por el presunto delito de violación del secreto de oficio. Los denunciantes intentan negarle la condición de diplomático.

José Ugaz, exprocurador del caso Fujimori y Montesinos asegura a ABC que «la decisión del Papa Francisco de disolver el Sodalicio es un acto muy relevante que pone término a un colectivo a cuyo amparo y bajo el ropaje de una supuesta misión apostólica, desarrolló por décadas una perniciosa práctica sistemática de abuso, vejaciones y depredación sexual contra cientos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes».

«A través del formateo mental, les arrebataron su capacidad de decidir sus proyectos de vida con libre albedrío, y les causaron un daño emocional que en muchos casos persiste hasta la fecha», explicó. En su opinión, «la supresión del Sodalicio es una medida de prevención que evitará la continuidad de estas prácticas dañosas. Pero es, a la vez, una reivindicación para los cientos de víctimas a quienes les malograron su vida».

«La gran lección de esta decisión es doble. Por un lado, la justicia peruana no estuvo a la altura de las circunstancias, pues convalidó la impunidad de una asociación ilícita creada para delinquir, cuya estructura fue utilizada para cometer diversos crímenes. Por el otro, la Iglesia finalmente ha decidido sancionar a los responsables y reivindicar a las víctimas», finalizó.

Por su parte, Hector Guillen, padre de un exsodálite al que no pudo ver durante 17 años, asegura en declaraciones a ABC que «la supresión del Sodalicio era absolutamente inevitable y necesaria». Añade que «debe acompañarse de la reparación justa y debida de todas las víctimas que han sufrido sus atropellos e iniquidades», entre las que incluye a «los jóvenes captados, sino también sus familias».

Guillén, experto en la dinámica de las sectas, lamenta que a lo largo de estos años el Sodalicio llevó a que «algunos padres de familia fueran vejados, denunciados y maltratados, utilizando como ejecutores a sus propios hijos, al punto de hacer que los padres los repudien y rechacen. La destrucción familiar fue uno de los más crueles y abominables crímenes que deben ser castigados y reparados».

El colombiano Carlos Díaz, exsodálite y exsecretario de Luis Fernando Figari, explica a ABC que «la supresión significa, en primer lugar, un reconocimiento de lo sufrido a causa de los abusos físicos, psicológicos, espirituales y sexuales de los cuales fui víctima, y que dejaron consecuencias permanentes en mi vida». «También es una confirmación de la labor de muchas personas que, a pesar de la persecución, se enfrentaron al Sodalicio cuando todavía era un grupo poderoso e influyente», añade. «En tercer lugar, es una garantía (o por lo menos una esperanza) de la no repetición: de que este grupo ya no seguirá el legado nefasto de Figari, que creó una estructura de fachada espiritual para satisfacer sus ansias de poder, aprovechándose de la buena fe de miles de personas que le creímos sus fantasías y lo seguimos en su ideología de ropaje religioso para cambiar el mundo», lamenta.

Díaz lo considera «una advertencia a grupos similares, que siguen los mismos métodos de manipulación sectaria y de estructura vertical para perpetuar su poder dentro de la Iglesia católica; para que se den cuenta de que la manipulación y la violencia a todos los niveles son inadmisibles en aquellos que se quieren esconder detrás de una fachada religiosa».

El laico Luis Fernando Figari fundó el Sodalicio en Perú en 1971 con el fin de hacer frente a la Teología de la liberación. Su propuesta a los jóvenes era convertirse en «mitad monjes, mitad soldados», sin presentar ninguna objeción pues, como repetía una y otra vez, «el que obedece, nunca se equivoca».

El Sodalicio de Vida Cristiana atrajo a hijos de empresarios de clase media y alta y políticos y gozaba del padrinazgo de un sector de la Iglesia que aplaudía el contraste con la Teología de la liberación en tiempos de Guerra Fría. Aprovechando un artículo del Concordato entre la Santa Sede y el Perú de 1980, el Sodalicio puso en marcha una red empresarial dirigida por el sacerdote Jaime Baertl que sumó mil millones de dólares actividades como gestión de cementerios, colegios, universidades, mineras, agroexportadoras y una productora de teatro.

Para intentar proteger sus beneficios en el sector de cementerios, los camposantos propiedad del Sodalicio han entrado en un fideicomiso de la empresa Acres investment, del alcalde de Lima y miembro del Opus Dei, Rafael López Aliaga.

Figari se comparaba con san Francisco de Asis o Juan Ciudad Duarte. El 8 de julio de 1997, día del cumpleaños 50 de Luis Fernando Figari, recibieron la aprobación del Vaticano. «Pienso que se trata de un carisma, y como tal una merced gratuita que Dios da y que la persona que la recibe, respondiendo desde su libertad, se ve convertida por puro don en el fundador o impulsor de un movimiento eclesial, de una sociedad de vida apostólica o de una congregación», dijo en una entrevista a inicios del 2000.

Figari gozaba de la confianza del Vaticano, pues se convirtió en consultor del Pontificio Consejo para los Laicos, participó como invitado en Sínodos de obispos y fue uno de los invitados especiales en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada en el Santuario de Aparecida, en Brasil, en el 2007.

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Paola Ugaz

La primera denuncia contra el Sodalicio se remonta al año 2000 y fue hecha por el exmiembro y periodista José Enrique Escardó en la revista 'Gente'. Ahí detallaba que «para forjar el carácter» los despertaban de madrugada para hacer entre 1.000 y 2.000 flexiones, correr kilómetros en la playa en sandalias hechas por ellos mismos y lanzarse desde un acantilado sin ninguna medida de precaución.

En 2001, otra investigación periodística denunció que los miembros del Sodalicio eran captados siendo menores de edad y que al llegar a los 18 años se formalizaba el ingreso, el que se aseguraban que hubieran roto relaciones con sus padres. Dos ciudadanos aseguraban llevar más de una década sin ver a sus hijos. En 2007, uno de sus miembros fue detenido en la habitación de un hotel de Lima, donde supuestamente iba a mantener relaciones con un niño de 11 años a cambio de pegatinas. El Sodalicio lo expulsó, y años más tarde un juez lo exculpó y lo liberó.

En 2015 fue publicado el libro de Salinas y Ugaz 'Mitad monjes, mitad soldados' (Planeta, 2015) que revelaba casos de abusos tanto sexuales como financieros. Desde entonces se desencadenó una campaña de desprestigio contra sus autores guiada por sectores ligados al Sodalicio, para intentar silenciar las acusaciones. En julio de 2023 cambió la suerte de la organización cuando el Papa Francisco decidió investigar cómo afectaron al Sodalicio los delitos de su fundador. El exfiscal de la Santa Sede contra los abusos, Charles Scicluna, y uno de sus colaboradores más cercanos, Jordi Bertomeu, recogieron testimonios en Perú. Por ejemplo, el de los miembros de la comunidad campesina de Catacaos en Piura que denunciaron al exobispo Eguren por haber abandonado sus protestas contra el robo de tierras.

Esa misión dio lugar a la decisión de sustituir al obispo Eguren y a comenzar el chorreo de expulsiones del Sodalicio, empezando por el fundador, Luis Fernando Figari, y continuando por otros de sus altos cargos y líderes como Jaime Baertl, Juan Carlos Len Alvarez y Alejandro Bermudez.

El destino del Sodalicio está ligado coincidentemente al cardenal Juan Luis Cipriani, quien fue su principal encubridor como obispo de Lima: se dedicó a esconder ante los ojos de Roma, las graves faltas del Sodalicio y las denuncias que llegaron a sus manos de las otras ramas de la organización: las Fraternas y las Siervas del plan de Dios.

Cipriani dio la aprobación canónica en 2011 a la rama femenina del Sodalicio, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, y no la cuestionó a pesar de que semanas después algunas víctimas denunciaron abusos y la institución comenzó un proceso de renovación. Aquel año abandonaron esta institución un tercio de las mujeres que la formaban.