«Oportunidad perdida»: Belarra defrauda en el combate al sinhogarismo

Un «compromiso» que no parece haber preocupado en mucho tiempo a los ministros de Podemos que han tenido esta competencia, pues la respuesta llega tres años y medio tarde. La anterior estrategia contra el sinhogarismo se había previsto para el quinquenio 2015–20 y llevaba agotada desde esa fecha. Ni Pablo Iglesias –que ocupó la cartera social adscrita a su Vicepresidencia desde enero de 2020–, ni Ione Belarra –que le sucedió como titular de Derechos Sociales en marzo de 2021– han sido capaces de poner una propuesta sobre la mesa, hasta el final de la legislatura.

Hay que tener en cuenta que el proyecto, que se presenta en una de las últimas reuniones del actual Ejecutivo, se va a aprobar sin margen de acción para que se lleve adelante. A pesar de ello, la propuesta presentada por una ministra que entrará en funciones el próximo día 24 pretende comprometer, al menos, a los dos próximos gobiernos, al extender sus objetivos y acciones para los próximos siete años. Y todo ello, con objetivos buenistas, pero sin acciones claras y concretas para llevarlos adelante. Y, lo peor, sin ningún presupuesto que lo respalde. Un brindis al sol.

Así lo consideran varias de las ONG que desarrollan programas de prevención y acompañamiento del sinhogarismo y que han colaborado con el ministerio en algún momento de la redacción del documento. Organizaciones que son clave en la lucha contra este problema pues, en la práctica, y tal como reconoce el borrador de la Estrategia, el 75,3% de los centros para personas sin hogar dependen de entidades privadas sin ánimo de lucro.

De esta forma, la Administración pública se hace cargo fundamentalmente de la acogida de emergencia y de corta estancia, a través, sobre todo de albergues municipales. Mientras, las ONG son las encargadas de ofrecer la mayor parte de las veinte mil plazas para personas sin hogar, tanto en albergues y centros de acogida como residencias y pisos. Si bien, es cierto que «el 41,9% del conjunto de las plazas de alojamiento están concertadas o subvencionadas por alguna de las administraciones», según señala el borrador de la Estrategia que se eleva al Consejo de Ministros.

Sin embargo, a pesar de este papel clave en la respuesta, las ONG se quejan de las «muchas dificultades» que se han encontrado con el departamento de Belarra a la hora de trabajar esta propuesta, así como de la «lentitud», el «poco tiempo para hacer aportaciones» y «de la menor cantidad de reuniones de las que nos hubiera gustado». De hecho, califican los quince meses (de enero de 2020 a marzo de 2021) en que Pablo Iglesias ocupó la cartera como «un tiempo perdido» para esta cuestión.

Pese a que la anterior estrategia expiraba en 2020, las primeras reuniones para participar en el diseño de una nueva no se tuvieron hasta un año después. Ya fue en junio de 2021 cuando las entidades consultadas por este diario entregaron a la directora general de Diversidad Familiar las propuestas para la nueva estrategia que solo ahora, dos años después, llega al Ejecutivo para su previsible aprobación.

Lo peor de la situación es que, después de todo este tiempo, las entidades implicadas consideran la estrategia como «una oportunidad perdida», al echar de menos «un claro enfoque basado en el derecho humano a la vivienda y una centralización en la provisión de vivienda como soporte». En ese sentido, las ONG consideran que «se ha perdido una ocasión importante de dar un paso en el diseño de políticas públicas» en este campo y no tener que depender de las iniciativas privadas como respuesta para estas situaciones.

En efecto, el documento está plagado de objetivos bienintencionados: «Prevenir la cronificación del sinhogarismo de calle», «proteger el derecho a la vivienda de las personas en situación de sinhogarismo», «ofrecer soluciones de alojamiento y apoyos adaptados a las necesidades y deseos de las personas mediante una intervención profesionalizada», «mejorar los sistemas de información sobre las personas en situación de sinhogarismo» o «fomentar la innovación en las políticas públicas de erradicación del sinhogarismo y transferencia de aprendizajes».

Pero a la hora de ponerlo en práctica llama la atención que la propia Estrategia nacional aún plantea que «las medidas a implementar por los departamentos de la Administración General del Estado» se tendrán que concretar en una «hoja de ruta» que no se explicita. Tampoco se especifica la financiación, sino que se afirma que «se promoverá́ la dotación presupuestaria adecuada de distintas fuentes de financiación, dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes». Y ni tan siquiera se clarifica quién va a coordinar la iniciativa, puesto que «la complejidad del sinhogarismo y la exigencia de las metas que hemos trazado en esta iniciativa llaman a crear un sistema de gobernanza multiactor que cultive compromisos políticos estables».

Aunque la parte más negativa se la lleva que el documento no apueste por un cambio radical en las medidas para conseguir la inserción de las personas que todavía duermen en la calle. Llama la atención que en el análisis previo de la Estrategia de Derechos Sociales se valoren «los impactos positivos de los servicios de 'Housing First' en los resultados de mantenimiento de la vivienda«, entre las políticas que han funcionado en el entorno europeo, pero que después no se pongan medios para llevarlo adelante. El 'Housing First' es un modelo de intervención que nació en Estados Unidos en la década de los noventa y que consiste en ofrecer a las personas sin techo el acceso directo a una vivienda desde la situación de calle. La oferta no está condicionada al seguimiento de un itinerario de inserción, aunque sí exige aceptar la supervisión semanal de un equipo técnico y aportar el 30% de los ingresos (si los hubiere) para el pago de la renta y los suministros de la casa.

Sin embargo, a pesar del reconocimiento de que la medida es una de las mejores para conseguir ese objetivo que se marca el plan – «que nadie que no quiera duerma en la calle en 2030»– y del cambio de paradigma que implicaría en España, donde las políticas están más enfocadas «en la gestión de las emergencias y el desarrollo de centros colectivos de alojamiento» –según reconoce el documento–, no se implementan medidas para llevarla a cabo. Es aquí donde las ONG inciden de nuevo en la idea de «oportunidad perdida». Explican a ABC que «contar con un parque de vivienda social sería el garante de la posibilidad de acceso a un hogar digno«, para dejar de depender de la respuesta de »alojamientos temporales de urgencia« que realizan las ONG.

Lo curioso es que la Estrategia nacional sí identifica hasta cuántos se podrían beneficiar de este modelo de intervención: 7.277 personas en «situación de calle», dice, de las que 6.771 son hombres y 506, mujeres. Y plantea como primer objetivo «erradicar el sinhogarismo en la calle», incluso en dos etapas, el 50% en 2028, y el 95% en la fecha final prevista, 2030. Pero la claridad se diluye a la hora de proponer líneas de actuación y presupuesto, a pesar de que la cantidad para resolver el problema no sería exagerada, estiman las ONG.

En cambio, para prevenir «la cronificación del sinhogarismo de calle», la estrategia sólo propone medidas genéricas como el «desarrollo de programas de acompañamiento, asesoramiento y divulgación sobre los servicios de atención», el impulso de programas «de baja exigencia y con enfoque centrado en la persona», el fomento de «programas de formación y sensibilización dirigida a los equipos de profesionales de las distintas redes», la «detección y seguimiento intensivo de las personas en la calle« e, incluso, el «desarrollo de programas 'Housing First'». Pero siempre sin precisar ni quién, ni cuándo, ni con qué recursos deben desarrollarse.

Mientras, más de 7.000 personas volverán a dormir en la calle esta noche, en espera de una solución que no llega.