El Observatorio para la Violencia de Género exige asistencia legal previa para las víctimas

La especialización de los órganos judiciales sigue siendo considerada una de las principales medidas en la lucha contra la violencia machista. En este sentido, el Observatorio ha apostado por que se siga trabajando en la especialización de los juzgados de lo Penal así como en la ampliación de la competencia territorial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, lo que permitirá una atención profesional especializada (juez, fiscal, fuerzas y cuerpos de seguridad, forenses, trabajadores sociales, abogados y procuradores, entre otros) a un mayor número de víctimas de violencia de género. En este sentido, se ha puesto de manifiesto la importancia de modificar la ley para ampliar la competencia de los órganos judiciales especializados a todos los casos de delitos contra la libertad sexual.

También se ha acordado impulsar la creación en todo el territorio nacional de Unidades de Valoración Forense Integral, formadas por forenses, psicólogos y trabajadores sociales especializados, y la puesta en marcha de un protocolo de valoración forense urgente del riesgo en todos los partidos judiciales. El Observatorio aboga por dar un impulso a la creación de las oficinas de atención a las víctimas y por que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas coordinen sus actuaciones para mejorar la atención a las mujeres víctimas.

El Observatorio también considera necesario impulsar el uso de los dispositivos electrónicos, una herramienta que se ha mostrado muy eficaz en la protección de las mujeres víctimas de violencia machista, así como de sus hijos e hijas. A este respecto, tanto la Fiscalía como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado propondrán la implantación de los dispositivos en todas las situaciones que se consideren de «especial relevancia».

Se ha destacado también la importancia de perfeccionar el sistema de valoración del riesgo en los casos de agresores «persistentes». Los representantes del Ministerio del Interior han señalado al respecto que se está estudiando la fórmula para comunicar a la víctima en casos de agresores persistentes, sin que ello suponga vulneración alguna de las leyes de protección de datos.

Finalmente, a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española, el Observatorio ha acordado que la asistencia letrada a las víctimas sea obligatoria antes de la interposición formal de la denuncia y, a propuesta del Consejo General de Procuradores, que se facilite la presencia de estos profesionales desde que se inicia el procedimiento en el juzgado de guardia.

Por su parte, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona ha pedido que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para que le sea devuelta al Consejo General del Poder Judicial en funciones la potestad para la aprobación del reglamento, que perdió al serle limitadas sus competencias por la LO 4/2021. La modificación del reglamento es imprescindible para poner en marcha los cursos y las pruebas de especialización en violencia sobre la mujer.

Ha señalado la necesidad de promover las reformas necesarias para que los cursos en materia de violencia de género sean obligatorios no sólo para los miembros de la Carrera Judicial que accedan a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sino también para los que presten servicio en cualquier órgano judicial que tenga competencia en esta materia, aunque no sea de forma exclusiva (juzgados de instrucción y juzgados de primera instancia e instrucción).

Con el fin de mejorar la protección de las víctimas, Carmona ha insistido también en la necesidad de interconectar los sistemas de gestión procesal de los juzgados de Familia y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y de impulsar, desde las comisiones Provinciales de Coordinación, la formación de los distintos agentes jurídicos en la imposición y utilización de los dispositivos electrónicos.