El número tres del Vaticano revela al tribunal cómo timaron millones de euros a la Secretaría de Estado

Cuando en octubre de 2018, Edgar Peña Parra sustituyó en este importante cargo a Angelo Becciu, se encontró sobre la mesa la curiosa inversión en un edificio de Londres, comprado con fondos reservados de la Secretaría de Estado. Ante el tribunal, ha reconstruido las medidas que tomó cuando se dio cuenta de que había algo extraño.

Asegura que el 22 de noviembre de 2018, cinco semanas después de tomar posesión del cargo, el responsable de las inversiones, monseñor Alberto Perlasca, le explicó que corrían el peligro de perder todo lo que habían invertido, unos 200 millones de euros, y que la única opción era hacerse con el control total de la propiedad antes de una semana.

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Peña Parra habría respondido que necesitaba estudiar la propuesta y solicitó la documentación. Minutos después se llevaría las manos a la cabeza cuando descubrió que monseñor Perlasca había procedido por su cuenta y firmado un «Acuerdo marco» y un «Acuerdo de venta de las acciones» con una sociedad intermediaria, «Gutt SA», que realizará esta operación.

La extraña idea era pagar el precio del edificio, más una comisión de salida de 40 millones de euros para los socios anteriores. El inmueble pasaría a ser propiedad del fondo «Gutt SA», de Gianluigi Torzi, que cedería al Vaticano 30.000 acciones y se reserva las mil restantes. El número tres del Vaticano pide explicaciones de palabra y por escrito. No comprende por qué según este acuerdo, la Secretaría de Estado tiene sólo acciones sin derecho a voto, y se otorgan a Torzi las únicas mil acciones con derecho a voto.

Recibió una respuesta completa por escrito cinco días más tarde. Le aseguraron que Torzi se ocuparía solo de la «ordinaria administración», y que esas mil acciones, las únicas con derecho a voto, servían solo para poder gestionar la sociedad, pues «todos los derechos económicos son de la Secretaría de Estado». La idea es que no habría nada que temer pues la Secretaría de Estado estaría representada en el consejo de administración de esa sociedad.

Peña Parra se fía de sus colaboradores, informa al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, y al Papa, que aceptan, y firma el acuerdo «exclusivamente en razón de las aclaraciones recibidas». En diciembre, menos de un mes más tarde, de nuevo monseñor Alberto Perlasca le dice que hay que rescindir el contrato, y se marcha de vacaciones de Navidad sin dar más explicaciones.

Poco a poco, la verdad empieza a salir a la luz. Los asesores de la Secretaría de Estado confirman que esas 30.000 acciones, sin derecho a voto, no sirven para nada. Además, el representante de la Secretaría de Estado es expulsado del Consejo de administración sin poder rechistar. Para colmo de males, Peña Parra descubre que la respuesta que le habían enviado a sus perplejidades fue redactada por el abogado de Gianluigi Torzi, Nicola Squillace, y no por un abogado del Vaticano. «Que el Señor nos acompañe en este Vía Crucis», dijo Peña Parra a su secretario intuyendo lo que les esperaba.

Visto el panorama, el Papa ordenó acabar el acuerdo y empezar de cero, con la idea de pasar página lo antes posible. «Pensábamos que nos costaría entre un millón y medio y tres millones de euros», ha explicado Peña Parra ante el tribunal. Pero para devolver la propiedad, Torzi, que tenía la sartén por el mango, solicitó primero 25 millones de euros, luego 20 y al final 15 millones. Torzi les llegó a amenazar con que habría vendido el edificio y que habría usado los ingresos de explotación para sus propios negocios. En el futuro, los fiscales del Vaticano considerarán que la maniobra de Torzi era una extorsión en toda regla. Para Peña Parra es por lo menos un timo.

Por suerte o por desgracia, cuando el Vaticano se hizo con el control de la propiedad, descubrió que ha comprado también la hipoteca que llevaba aparejada. Peña Parra pidió un préstamo de 150 millones al IOR, el banco del Vaticano, para cubrir esa hipoteca y detener las pérdidas. La solicitud activó todas las alarmas, pues este banco no hace préstamos, y el IOR denunció la operación sospechosa al fiscal del Vaticano.

En total, el Vaticano se gastó en esta inversión unos 350 millones de euros. El 1 de julio pasado anunció que había vendido el «asset maldito» por 215 millones. «Las pérdidas sufridas con respecto a la cantidad gastada en la compra del edificio se transfirieron a la reserva de la Secretaría de Estado, sin que ello afectara en modo alguno al Óbolo de San Pedro, y con él a los donativos de los fieles», aclaró.

Por lo ocurrido, desde junio de 2021, el Tribunal del Vaticano está procesando al cardenal Angelo Becciu y a otros 9 funcionarios y colaboradores del Vaticano, pero no está claro si han podido demostrar que hubo malversación. Entre los acusados no figura Alberto Perlasca, garganta profunda que ha ayudado a los fiscales a aclararse en esta enrevesada operación.