El Rincón del Vago 2.0: hasta 1.000 euros por trabajos falsos que no garantizan aprobar

Otro estudiante, que prefiere no revelar su identidad, vio también en estas empresas una solución rápida para acabar su Trabajo de Fin de Grado (TFG). Cuenta que decidió comprarlo porque su tutor no atendía a sus dudas y la información que le aportaba la universidad sobre cómo realizar un trabajo de investigación le resultaba escasa.

Pagó más de 500 euros, pero no volvería a hacerlo. «Les mandé un guion con el título del tema y las ideas que quería que introdujeran. Cuando me enviaron el trabajo, quedé muy disgustado. No era la estructura que les pedí. Y estaba redactado con unos errores ortográficos y de redacción completamente inaceptables. Dudo que un estudiante de carrera pueda escribir algo así. Y menos aún un experto en la materia», declara.

La proliferación de estas empresas, así como el uso de Inteligencia Artificial (IA), han generado un ambiente de alerta entre el profesorado, admite Emiliano Blasco, vicerrector de Transformación Digital de la Universidad CEU San Pablo. Para esta institución, esta práctica se trata como un «comportamiento deshonesto, no ético y, en el caso de plagio, se considera una falta muy grave». Afirman que actúan igual que cuando se detecta el plagio por otra vía.

Según la Ley 3/2022 de Convivencia Universitaria, esto generaría una expulsión que puede oscilar entre los dos meses y los tres años de la universidad, que deberá constar en el expediente académico hasta su total cumplimiento. Para la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) los trabajos hechos por encargo –ya sea con IA o elaborados por terceros-, utilizados para aprobar, son considerados fraude y, por ende, una acción ilícita.

«La actuación de los alumnos podría tipificarse, en todo caso, en un delito de estafa o falsedad documental, si se considera que la práctica tiene entidad suficiente para ser considerada delito», expresa Francisco Crespo, abogado especialista en Derecho Penal. Así, las empresas estarían exentas de responsabilidad alguna. «Lo que se podría es o bien tipificar debidamente el delito en el Código Penal para su aplicación futura o endureciendo los castigos por parte de las universidades», apunta el abogado.

Turnitin, el servicio de prevención de plagio utilizado por las universidades, elaboró un estudio sobre integridad académica el pasado año. Según dicho informe, el 66% de los 300 estudiantes encuestados manifestaron haber oído hablar de estas empresas online. Además, un 33% admitió haber recurrido a terceros para realizar trabajos académicos (o que conocía a alguien que lo había hecho). No obstante, un 79% –casi cuatro de cada cinco– solicitaron una actuación por parte de la institución para fomentar los trabajos originales.

Desde Arquitectura Confidencial, plataforma especializada en realizar Proyectos de Fin de Carrera al completo –lo que requiere unas 400 horas de trabajo profesional–, son conscientes de la polémica generada en torno a estos espacios web y afirman entenderlo, aunque manifiestan que siguen sin abordarse las causas que generan la creación de estos negocios. «Decidimos abrir un proyecto así porque vimos que lo que sucedía en nuestra universidad, pasaba también en muchas otras. Es una gran oportunidad de negocio y una forma de ayudar a esos alumnos que se esfuerzan y no son valorados hagan lo que hagan. Nos sentimos como el Robin Hood de Arquitectura», expresan.

Cuando Alberto decidió comprar su TFG, en ningún momento obtuvo pista alguna de quién iba a elaborarlo. «Nunca supe quién me lo iba a hacer ni en qué estaba especializado. No tuve contacto directo con él. De repente, me dijeron: 'Ya tenemos a alguien para que lo haga. Te lo entregaremos en equis fecha'», manifiesta. Varios estudiantes, que prefieren no revelar su identidad, creen que estas empresas utilizan IA para la elaboración de los textos. Señalan que los trabajos de algunas plataformas –en la que garantizan ofrecer textos de calidad y cien por cien originales– «parecen hechos por robots, más que por personas». Una joven, incluso, asegura que «una vez saltó un bot». Sin embargo, este diario no ha tenido la oportunidad de averiguar si esto es cierto. Y las empresas afirman trabajar únicamente con expertos en la materia.

Este diario llamó por teléfono al sitio web TuTFG para ver cuánto costaría un TFG sobre Derecho Internacional de 50 páginas. Se pidió para dentro de dos semanas –un trabajo que, en condiciones normales, se tardaría en escribir varios meses–. A los pocos minutos, la empresa respondió enviando un presupuesto de 980 euros. Al preguntar por la utilización o no de IA para escribir los textos, aseguraron, de manera tajante, que ellos sólo trabajan con personas.

No son los únicos que operan de esta forma: primero, se rellena un espacio con datos diversos: número de teléfono, correo electrónico, carrera que se está cursando, el tipo de trabajo que se solicita, número de páginas que requiere, una propuesta de título y fecha de entrega. No pasan más de diez minutos cuando una asesora académica se pone en contacto para valorar el trabajo con exactitud y enviar un presupuesto, que oscila entre los 200 y los 1.000 euros, cifras elevadas que hay que pagar por adelantado en el momento en el que confirmamos la compra. Desde esta empresa insisten en que todo el proceso es legal y que trabajan con Turnitin. «Te ofrecemos un informe para que veas que el proyecto está realizado exclusivamente para ti», comentan.

Es debido a estas prácticas y herramientas que las universidades han mejorado su 'software' antifraude, que va aportando actualizaciones periódicas para contrarrestar los avances tecnológicos, con el fin de prevenir prácticas irregulares. Almudena López, vicerrectora de Estudiantes de la URJC, declara a este diario que, no obstante, «el profesorado se ocupa, cada vez más, de que el espíritu crítico de los alumnos y las actividades prácticas que realizan no puedan ser suplidas por máquinas».

Existen carreras en las que los TFG deben cumplir una serie de requisitos especiales. Por ejemplo, un guion de cine. Estos deben ser inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual, la cual reconoce a quien crea una obra literaria, científica o artística original varios derechos de tipo moral y económico. Existen páginas web especializadas en la realización de estos trabajos más artísticos. Es el caso de Aprobare. Al contactar con esta plataforma para que nos den el presupuesto de un guion de cine de 70 páginas para dentro de dos semanas: piden casi mil euros.

El grado de formación de nuestro tutor, expresan que, de momento, no pueden ofrecer esa información. Lo que sí aseguran es que conceden todos los derechos de autor al alumno y que estos no van a tener ningún tipo de problema futuro. «La persona que va a realizar el trabajo no va a saber para quién ni para qué universidad lo está haciendo. Nuestros autores tienen un contrato de confidencialidad firmado. Cuando el trabajo esté hecho, te lo entregamos y tú pones tus datos personales. Lo registras y lo presentas como si fuera todo tuyo, ¿vale?».

Según Violeta Arnaiz, abogada especializada en Propiedad Intelectual, existe el derecho moral de paternidad: «Esto es la facultad que tiene cualquier creador de ser reconocido como autor de su obra. Es un derecho irrenunciable e imprescriptible. Aunque el autor consintiera transmitir su derecho moral de paternidad a otro sujeto –que es lo que, al final, están haciendo estas empresas al posibilitar al alumno hacerse pasar por autor de una obra ajena–, esta transmisión sería nula, y el verdadero autor podría reclamar en cualquier momento la paternidad sobre su obra. En pocas palabras: la venta del derecho a ser reconocido como autor de una obra no es lícita».

En cuanto a la generación de texto por IA, Arnaiz declara a este diario que «aquí no existiría un derecho de propiedad intelectual vulnerado, ya que a las inteligencias artificiales no se les reconoce, de momento, la titularidad de ningún derecho de autor». Aún así, Blasco opina que «si la IA se utiliza como fuente de información o apoyo en trabajos académicos, se debe citar como cualquier otro autor o referencia bibliográfica».