El anuncio se ha producido en la firma del nuevo protocolo para la vivienda asequible orientada a colectivos universitarios (estudiantes, docentes e investigadores), con la que el Ejecutivo quiere facilitar alternativas al alquiler en suelo público.
La ministra de Universidades ha argumentado que en las ciudades en las que se han instalado nuevos campus universitarios privados -Villanueva de la Cañada (Madrid), Cerdanyola del Vallès (Barcelona) o San Vicent del Raspeig (Alicante)- los precios se han disparado y el mercado inmobiliario «se ha tensionado». Mientras que en Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, el porcentaje de universitarios se sitúa entre el 5 y el 10 %, en esos municipios, según ha citado la ministra, se sitúan entre el 42 y el 72 %, lo que provoca alzas de precios del alquiler.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que también ha acudido a la firma del protocolo, ha detallado que la construcción de vivienda para universitarios liberará viviendas en el mercado para familias para «no contribuir a seguir incrementando el precio del alquiler».
Los jóvenes, ha añadido Morant, no pueden pagar los precios «desorbitados» que les piden, por lo que el precio de la vivienda afecta también al derecho de estudiar una carrera. Según sus datos, casi un 75 % de los universitarios estudian en una ciudad distinta de la que residen y casi un 30% debe cambiar de provincia, por lo que es urgente promover opciones pues las residencias universitarias actuales no cubren ni una cuarta parte de la demanda.
El acto se realizó en la Residencia de Estudiantes de Madrid y fue interrumpido por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) al grito de «¡La ley de vivienda es una mierda!» y «hoy firmáis, mañana desahuciais» que le increparon al Gobierno su inacción en materia de vivienda. Isabel Rodríguez respondió en su discurso a esta protesta diciendo que la ley es «una representación de la voluntad popular», que salió del Parlamento y «hoy permite estar edificando en suelos dotacionales viviendas para jóvenes».
Rodríguez rememoró su época de estudiante universitaria, en los que pagaba 100 euros por su residencia y reconoció que hoy los precios son «imposibles para los estudiantes incluso en alojamientos públicos».
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