La nueva ley de Universidades lleva al caos a varios campus: «Hay profesores en la calle después de 17 años»

Según ha podido saber ABC, el problema es especialmente grave en varias universidades de la Comunidad de Madrid, País Vasco y Andalucía. «La ley buscaba reducir la temporalidad de los profesores, pero contiene graves errores y no se está aplicando bien», expresa Ramón Caballero, responsable de Universidades del sindicato CSIF.

La liebre saltó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que este septiembre no renovó el contrato a casi 300 profesores visitantes ocasionando que los alumnos del grado de Lengua de Signos no vayan a recibir sus clases hasta mediados del mes de noviembre. «Hay personas que llevaban trabajando 17 años y se las ha despedido como si no fuesen nada, con un simple mensaje de la Seguridad Social», indica Elena Cermeño, en la sección sindical de la Rey Juan Carlos. Pero esta no ha sido la única universidad madrileña que ha registrado problemas con la figura del profesor visitante. En la Carlos III, unos 110 visitantes no tienen garantías de que mantendrán sus contratos.

En muchos campus españoles, sobre todo después de la crisis de 2008, se abusó de la figura del profesor visitante, quien podía no tener doctorado y que terminaba quedándose largas temporadas en la universidad. La LOSU obliga a limitar sus contratos a dos años y prohíbe que se prorroguen. Por eso muchos centros han decidido no renovarles y así evitar posibles complicaciones con la nueva normativa. Lo que ocurre es que, sin doctorado, los visitantes no pueden incorporarse a ningún otro puesto docente. Por ejemplo, en la Rey Juan Carlos, de los casi 300 visitantes, 215 no disponen de doctorado, mientras que en la Carlos III el porcentaje de docentes que tendrá imposible encontrar un hueco en la universidad es del 20%, mucho menor.

La tercera universidad madrileña donde el seísmo LOSU ha sido considerable es la Complutense. En este campus los alumnos no han perdido horas lectivas, pero hay profesores asociados que no van a cobrar un mes de trabajo por retrasos en la firma de los contratos. Según indica Jesús Escribano, de CC.OO. en este campus, hay un grupo importante de profesores asociados en la Facultad de Filología que firmaron sus nuevos contratos en el mes de octubre, a pesar de que el curso se inició en septiembre. «No lo van a cobrar», advierte Escribano.

Pero el problema, según ha podido confirmar ABC, también se extiende a profesores asociados de la Facultad de Medicina. ¿Qué ha ocurrido con la figura del profesor asociado? La LOSU obliga a que estos docentes dejen de ser temporales y pasen a ser indefinidos. Los contratos se han tenido que adaptar pero, según denuncian muchos, no han llegado a tiempo. Pero el problema con esta categoría de profesores va un poco más allá: «En un primer momento, la ley decía que antes de 2025 los asociados tendrían que pasar a ser indefinidos, pero se aumentó el plazo hasta 2028 por lo que muchos campus apurarán hasta entonces para estabilizarlos», advierten desde CSIF.

Además de los visitantes y los asociados, la tercera figura que está generando más disconformidades es la de del sustituto. Especialmente en las universidades andaluzas y vascas. Según argumenta Augusto Piqueras, de CSIF Andalucía, la categoría del sustituto ha sido siempre muy numerosa en las universidades de esta comunidad autónoma, siendo la principal vía de entrada de docentes sin oposición.

«Ahora la duración de sus contratos está más limitada, y aunque a algunos se les ha dado salida mediante la figura del ayudante doctor, muchos otros se han ido directos a la calle». También preocupa en Andalucía y en el País Vasco el hecho de que estos sustitutos ahora sólo puedan dedicarse a la actividad docente y no a la investigación. «Es una gran paradoja pero a estos sustitutos se les exige ser doctores y haber publicado, pero luego no les está permitido poder investigar en la universidad».

Además, desde la Universidad del País Vasco lamentan que sólo se pueda contratar a los sustitutos a jornada completa cuando hay puestos vacantes (como una jubilación), pero si son sustituciones de bajas, la ley dice que sólo se puede contratar a media jornada. Esto, a su vez, crea huecos por cubrir que requieren de nuevos contratos y un mayor caos administrativo.

Además, de manera indirecta, hay alumnos que van a ver cómo una asignatura que empieza a impartir un profesional, termina siendo responsabilidad de cuatro profesores distintos. «Lo mires por donde lo mires, la figura del sustituto no está bien pensada. Incluso el secretario de Estado de Universidades, Francisco García Pascual, en una reunión con los sindicatos, nos reconoció que habían cometido un error», añade Augusto Piqueras. El Ministerio de Universidades, dirigido por Diana Morant, responde a este periódico que los problemas de aplicación de la ley son una competencia de las comunidades autónomas y de las propias universidades. «En la universidad pública, la temporalidad alcanza de media un 49%. Por tanto, la LOSU no es el problema, sino que nos pone frente al espejo». Además, recuerdan que el ministerio ha puesto en marcha el programa María Goyri, que quiere incorporar a 5.500 investigadores este curso en las universidades españolas.

De momento, el acuerdo sólo se ha firmado con las comunidades de Asturias y Castilla-La Mancha. «En el Ministerio de Universidades hay mucha propaganda. Sabemos que es casi imposible que los profesores se incorporen este curso en el programa María Goyri. Después de que el Gobierno firme con las comunidades –de momento sólo han firmado dos regiones gobernadas por el PSOE– hay que esperar varios meses a que la convocatoria aparezca en el BOE y cumplir con los plazos», argumenta Ramón Caballero, responsable de Universidades en el sindicato CSIF. En cualquier caso, parece difícil, «imposible», dice Caballero, reducir la temporalidad del 49% al 8%, que era lo que marcaba la ley.