La Guardia Civil no halla ultras en la docena de individuos en el punto de mira por los altercados con Sánchez

Los arrestados hasta ahora son gente de la zona que estaba en Paiporta trabajando como voluntarios, según las mismas fuentes. A los tres detenidos se les relaciona con los daños provocados al vehículo del presidente del Gobierno y al de su escolta. Uno de ellos, el primero, quedó ayer en libertad provisional después de haber pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Torrente (Valencia). Se trata de un vecino que, con un cepillo de barrendero, logró romper la luna trasera de uno de los todoterrenos negros que formaban la comitiva de Sánchez, los Reyes y Mazón.

No se le han impuesto medidas cautelares, aunque sigue investigado en el marco de una causa abierta por atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y daños materiales. Los otros dos arrestados -que responden a las iniciales de B.F.M y G.M.C- también son residentes de localidades cercanas, Albal y Godella, respectivamente. Uno de ellos también quedó en libertad anoche y el tercero estaba a la espera de pasar a disposición judicial. Su implicación es la misma que en los otros dos casos por lo que previsiblemente también quedará en libertad.

El Servicio de Información tiene -como se ha dicho- a una docena de individuos en su radar: a algunos se les ve en las imágenes captadas por las decenas de cámaras y móviles que había cuando se produjo la algarada y otros han sido señalados en las declaraciones que ya han tomado los agentes. Estos tratan de hilar más fino que nunca para que no haya sombra de sospecha tras la delicadísima situación que se vivió por parte de los Reyes y de Sánchez.

Las pesquisas de la Guardia Civil se centran en identificar plenamente a los individuos que arrojaron piedras a la comitiva de la Casa Real, hiriendo en la cabeza a un miembro del equipo de seguridad de la Reina Letizia, así como a la persona que lanzó un palo contra el presidente del Gobierno y que frenó uno de sus escoltas con su cuerpo, tal y como avanzó este diario. La identificación plena está resultando complicada por la gran cantidad de gente que se encontraba en el lugar en el momento de los lanzamientos y porque dado el clima político nadie quiere dar un paso en falso.

Las primeras informaciones aseguraban que se había identificado por parte de los propios escoltas a elementos de cuatro grupos ultra en la zona de los incidentes, como publicó ABC, pero las posteriores pesquisas de la Guardia Civil no han corroborado esos datos hasta el momento.

La Jefatura de Información de la Guardia Civil investiga «desde el minuto uno», según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el incidente ocurrido el domingo en Paiporta, donde la comitiva real fue recibida entre lanzamientos de barro.

Después de los hechos, Sánchez vinculó esos ataques a «violentos absolutamente marginales» y, el pasado martes, en rueda de prensa para anunciar el primer paquete de medidas para paliar los efectos de la DANA, volvió a relacionar lo sucedido durante la visita con «grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible». La Guardia Civil no ha encontrado por ahora nada que sustente esa afirmación, aunque queda gente por detener.

En lo que respecta a los detenidos por saqueos y pillajes, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) cifran en 30 las personas que ya se encuentran en prisión provisional. En total, los juzgados de guardia de tres de los partidos judiciales más afectados por la DANA, Torrente, Catarroja y Alcira, han recibido desde el inicio de la catástrofe el pasado miércoles al menos a 62 detenidos. Mientras la Guardia Civil ya contabiliza más de un centenar de arrestados por robos en centros comerciales y polígonos, entre otros.

A 15 de las 30 personas que se encuentran ya en prisión provisional, se les atribuye la comisión de delitos de robo con fuerza en establecimiento abierto al público agravado, al entender que pudieron aprovechar la catástrofe provocada por las inundaciones para perpetrar robos, presuntamente, «con impunidad». A la otra mitad de los encarcelados se les imputa un delito continuado de robo con fuerza y a alguno se le atribuye además un delito de pertenencia a organización criminal, según ha informado el TSJCV.