Multas a los padres o normas sobre el uso de las redes: el plan de Francia para acabar con la violencia juvenil

El concepto de «descivilización» fue acuñado por Norbert Elias, en 1939, para describir la tragedia histórica de una sociedad civilizada que se deja arrastrar por procesos de destrucción física, moral, cívica e institucional de todos los principios de dicha vida civilizada. Macron lo utilizó por vez primera para describir la violencia contra un pariente cercano, ante la pastelería de la familia de su esposa. Y volvió a utilizarla para denunciar la gran crisis nacional de la violencia de los jóvenes.

Según varios sondeos publicados, el 92% de los franceses estiman que la inseguridad ha aumentado, y el 55% de entre ellos consideran que ha crecido «mucho». Un 72% de los franceses creen que el gobierno no toma las medidas de seguridad que serían «imprescindibles» en estos momentos.

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Durante los últimos quince días se han sucedido media docena de crímenes, apaleamientos, enfrentamientos criminales, ensangrentados. Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación francés, los «incidentes violentos graves» han crecido en un 13,7% durante los últimos doce meses. «Incidentes» que oscilan entre el asesinato a navajazos de un colega de clase a la violación de una compañera.

Ese rosario de sucesos han provocado una conmoción nacional grave. Y Gabriel Attal, primer ministro, decidió lanzar un «nuevo plan» de lucha contra las violencias juveniles, con un discurso pronunciado días pasados en la escuela de Viry-Châtillon (Essonne, en la periferia sur de París), la ciudad donde, días antes había sido apaleado hasta la muerte un adolescente de 15 años, Shemseddine.

En un tono solemne, Attal presentó ese plan de lucha contra la violencia adolescente y juvenil, que retoma punto por punto el plan que ya lanzó personalmente Emmanuel Macron el mes de junio del año pasado, con un éxito modestísimo: las violencias han aumentado y las asociaciones de padres de familia se consideran «olvidadas».

El Plan Attal, como el Plan Macron, tiene cuatro capítulos: en primer lugar pide responsabilidad a los padres, que podrán ser multados y castigados penalmente, si la Justicia los considera culpables de negligencias familiares. Los jueces no siempre tienen claro cómo actuar ni castigar. También pretende restaurar la responsabilidad en la escuela, confiriendo más «poder» a maestros y profesores, generalizando el aprendizaje de los «valores de la República», castigando «más y mejor». El proyecto macroniano no ha funcionado por esta razón: maestros y profesores se consideran amenazados. Varios de ellos han sido asesinados en los últimos años. El 18 de octubre del año pasado murió en Arras un docente de lengua francesa, apuñalado por un joven «naturalizado» de origen checheno, islamista.

El plan de Attal también aboga por reforzar la respuesta penal, intentando solventar el problema legal de la edad de los jóvenes violentos, pidiendo más colaboración a los padres y familia. En casos excepcionales, se denegara a los niños el derecho a un trato especial por su minoría de edad en causas judiciales. Así, los jóvenes de 16 años podrían ser obligados a comparecer inmediatamente ante un tribunal tras cometer una infracción «como los adultos». También apuesta por un control más estricto de las redes sociales, con normas legales sobre el uso y abuso de redes y pantallas en establecimientos públicos.

Las primeras reacciones a esos proyectos son bastante negativas. Jean-Marie Vilain, alcalde de Viry-Châtillon, fue el primero en comentar la crisis con amargura: «Hemos vivido una tragedia absoluta. Será necesario volver a aprender a castigar y proteger con más firmeza. Es un aprendizaje imprescindible para vivir en una paz que hemos perdido sin perspectivas inmediatas de recobrar la tranquilidad de otro tiempo».

Una portavoz del colectivo 'Giles roses' ('Chalecos rosas'), que milita por la integración de los jóvenes en el departamento de Essonne, uno de los más violentos de Francia, comenta a ABC el nuevo plan del Gobierno francés de este modo: «Attal, el primer ministro, tiene el mismo problema que el presidente Macron: no entiende el lenguaje de los jóvenes; y los jóvenes no comprenden el lenguaje del presidente ni de Attal. Como el presidente hace menos de un año, el primer ministro culpabiliza y quiere penalizar a los padres, pero olvida que, en verdad, los padres de familia, en la 'banlieue' (los suburbios) son víctimas de la pobreza, la discriminación y la ineficacia de todas las medidas que el gobierno impone o intenta imponer, sin mucho éxito, desde hace mucho, cuando la policía también parece incapaz de hacer respetar el orden. Está muy bien que se castigue a los violentos. Pero no confundamos a los violentos solitarios y las bandas violentas con la gran mayoría…».

El plan también es recibido con reservas de fondo por las asociaciones de docentes y algunas instituciones internacionales. Jean-Rémi Girard, presidente del sindicato de profesores de escuelas y liceos, considera «muy ligero» el nuevo plan: «Calificar a un alumno de 'perturbador' no arreglará nada. Anotar esos problemas en un cuaderno de notas no irá a ninguna parte. Firmar un 'contrato' con los padres no creo que resuelva gran cosa. Ese tipo de medidas no ha permitido nunca que haya menos violencia y agresiones, que son problemas policiales muy crudos. Muchos profesores tienen miedo, a los alumnos y también a los padres de los alumnos».

Bruno Bobkiewicz, presidente del primer sindicato de directores de instituto, también teme un plan «poco ambicioso», de incierto futuro: «La idea de sancionar a padres y alumnos… será difícil de aplicar, cuando la policía no siempre consigue explicar con claridad las violencias y crímenes».

Desde hace treinta años, sucesivos gobiernos de izquierda y derecha adoptan medidas policiales que no funcionan. En 1998 se creó una «policía de proximidad», que fue disuelta cinco años después. Entre 2013 y 2017 se creó un nuevo servicio de «policía de seguridad de la vida diaria», con el fin de «reinventar» la seguridad en los barrios sensibles. Durante esos cinco años se sucedieron de uno a dos grandes estallidos de violencias suburbanas, que han crecido de manera llamativa durante el último año. Desde la elección de Macron, por vez primera, el 2017, la violencia adolescente y juvenil sigue una lacra nacional. Y Marsella se ha consagrado como la ciudad más violenta del Mediterráneo occidental.

El nuevo Plan de lucha contra la violencia adolescente y juvenil tiene, sin decirlo, una importante dimensión multicultural, para intentar combatir uno de los rostros más inquietantes de la nueva «descivilización»: la violencia religiosa de jóvenes franceses de confesión musulmana.

Hace días, una adolescente fue apaleada por una «amiga» y rival, y varios «amigos» musulmanes «piadosos», acusada de no usar la indumentaria musulmana, prohibida en las escuelas y colegios de Francia. Varios adolescentes han sido apaleados y asesinados por «beber» durante el último Ramadán.

Nicolas Pouvreau-Monti, especialista reputado, comenta ese penúltimo «rostro» de la violencia adolescente y juvenil en estos términos: «Las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior confirman el incremento de la violencia y la delincuencia de origen étnico y religioso. Todas las violencias confundidas, el número de detenidos, culpables o presuntos culpables es muy superior entre los jóvenes franceses de padres extranjeros, africanos, magrebíes, con mucha frecuencia. Los jóvenes binacionales o franceses de origen extranjero representan el 3,5 % de la población nacional, pero son autores del 39 % de las infracciones y delitos cometidos el año pasado».