Morant se saltó la ley de universidades para negociar con el País Vasco el decreto contra la privada

No han sido los únicos que se han enterado a través de los medios de comunicación. Ayer mismo, fuentes de CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) aseguraban a este diario que no conocían los detalles del acuerdo por el que el Gobierno está un paso más cerca de sacar adelante su proyecto contra, los «chiringuitos educativos», término que empleó Pedro Sánchez para denominar a los campus privados.

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En su misiva, el consejero Viciana refiere que el máximo órgano de cooperación y coordinación de la política universitaria entre las distintas administraciones públicas es la Conferencia General de Política Universitaria. De hecho, en el artículo de 15.1 de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario), aprobada con Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, se dice claramente que es en ese órgano en el que se debe «informar de las disposiciones legales y reglamentarias que afecten al conjunto del sistema universitario». En esa ocasión, decíamos, las comunidades autónomas se enteraron del acuerdo con el PNV por las informaciones publicadas en la prensa. Fuentes del Ministerio de Universidades afirman a ABC que la LOSU no contempla que el Gobierno no pueda aprobar un real decreto de creación de universidades y que, además, en la última Conferencia General de Política Universitaria se les informó de su futura tramitación.

Sin embargo, el punto de conflicto está en el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Universidades y el PNV, que supondría la sumisión a algunas de las exigencias del País Vasco, por el que la norma se adapta a la casuística de las comunidades autónomas en las que existe una lengua cooficial. Además de al País Vasco, también se beneficiará a las comunidades de Cataluña, Galicia, Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra.

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El acuerdo ha flexibilizado algunas exigencias que sí que tendrán que cumplir las demás autonomías: las universidades con una oferta de estudios mayoritariamente online serán de competencia estatal, exceptuando aquellas que cumplan uno de estos tres requisitos: las que cuenten con precios públicos fijados por cada comunidad autónoma (como la Universidad Oberta de Cataluña); las que tengan su sede en territorios con lengua propia cooficial y cuando al menos el 50% de la docencia se vaya a impartir en dicha lengua. Por último, las que tengan financiación parcial de la comunidad autónoma, con un mínimo del 20% del presupuesto de la universidad.

La Comunidad de Madrid ha exigido por carta a la ministra que «se dé marcha atrás en este atropello» y «se convoque un pleno extraordinario de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU)». Viciana recuerda que en la última CGPU no se les permitió votar, mostrando su rechazo a que se hayan producido reuniones «al margen de los órganos que la ley prevé para ello y con absoluta deslealtad institucional». El Ministerio de Universidades refiere a este diario que durante la CGPU no votaron esta cuestión porque no fue un acuerdo al que se llegara en este órgano. Además, el equipo de Diana Morant añade que entonces, en la CGPU, cada comunidad autónoma pudo manifestar libremente su opinión. Hay que recordar que en aquella CGPU, el PNV se mostró reacio a algunos de los requisitos que impondrá la nueva norma.